Violencia Política
Por Julián Gallo Cubillos, senador de la República
En los últimos meses, la violencia política ha vuelto a ocupar los titulares. El debate electoral rumbo a las elecciones 2026 se cruza con hechos dolorosos que nos recuerdan un pasado que Colombia prometió superar. El reciente magnicidio de Miguel Uribe, el asesinato de líderes sociales y de firmantes de paz, así como la creciente polarización, son señales de alerta que deben llamarnos a la reflexión.
Al escuchar las declaraciones del exministro y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, sobre la supuesta “deteriorada seguridad en todos los barrios”, es claro que persiste una visión que reduce los problemas del país al lenguaje del miedo. Hablar de seguridad sin reconocer los compromisos del Acuerdo de Paz es, sencillamente, ignorar la ruta que la sociedad colombiana acordó para transformar las causas profundas de la violencia.
El Acuerdo de Paz de 2016 es explícito en sus puntos sobre garantías de seguridad y participación política. Allí se establece la necesidad de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, que proteja a quienes piensan distinto, que asegure la vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de todos aquellos que, por su militancia, han sido blanco de amenazas. Implementar este punto no es un favor, es un deber histórico con las víctimas y con la democracia.
Hoy la pregunta no es si necesitamos más batallones o más pie de fuerza en las calles. La pregunta es si estamos dispuestos a garantizar que nunca más se persiga, se silencie o se asesine a alguien por sus ideas políticas. La seguridad no puede ser sinónimo de represión; debe ser garantía de derechos.
Además, frente a la reciente condena al expresidente Álvaro Uribe, que ha generado fuertes reacciones en la opinión pública, debemos ser firmes en un mensaje: la justicia es parte esencial de la democracia. Nadie puede estar por encima de la ley, y menos en un país donde tantas víctimas aún esperan verdad, reparación y garantías de no repetición. No podemos permitir que este hecho sea instrumentalizado para avivar la polarización y la violencia política.
La violencia política no distingue colores ni ideologías. El asesinato de Miguel Uribe duele como duele el de cualquier joven líder en el Cauca, como duele el de cada firmante del Acuerdo que creyó en la palabra empeñada del Estado. Este país no puede seguir normalizando la muerte como precio por hacer política.
Por eso insisto: la única salida es la implementación integral del Acuerdo de Paz. Cumplir lo pactado es la manera más eficaz de garantizar seguridad en Colombia, de blindar las elecciones 2026 de cualquier sombra de violencia, y de reconciliar a una sociedad que no soporta más rupturas. La política debe ser el escenario de las ideas, no de las balas. El camino de la paz está trazado; lo que falta es la decisión colectiva de recorrerlo.
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