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Cada 11 de noviembre se conmemora  la independencia de Cartagena de Indias del dominio español, para esa misma fecha, en 1811, se firmó el acta que declaró a Cartagena como Estado libre, soberano e independiente. Desde ese momento, Cartagena se convirtió en el primer territorio de lo que hoy es Colombia en declararse libre.

La independencia se dio en un momento de muchas convulsiones: la monarquía española estaba debilitada, la invasión napoleónica se estaba enfrentando con fuerza al orden colonial, y las ideas de libertad, igualdad y soberanía empezaron a tomar fuerza  en América Latina. Este hecho histórico no solo representa una ruptura institucional, sino también grandes transformaciones políticas, sociales y culturales, que aún repercuten en nuestra concepción de la  ciudadanía y la movilización popular.

La independencia y la organización popular

La independencia de Cartagena no fue únicamente una decisión de las élites, sucedió también gracias a la articulación entre criollos, artesanos, milicias populares y otros sectores, que asumieron un protagonismo activo que presionó para que la Junta de Gobierno local firmará la independencia.  En el barrio Getsemaní, por ejemplo, se movilizaron hombres y mujeres decididos a presionar y participar en la construcción de un nuevo orden.

Así, conmemorar la independencia de Cartagena de Indias, no es únicamente una celebración en torno a la libertad en Colombia y América Latina, sino también es un homenaje a la articulación popular y a la movilización ciudadana. 

Cartagena “La heroíca” 

Cartagena sigue siendo símbolo de organización, cultura y resistencia. Sus murallas, plazas y calles guardan el legado de quienes  forjaron la independencia, muchas de las expresiones de la independencia: desfiles, música, cultura popular, habitan el centro turístico de la ciudad, que recibe a miles de visitantes de todo el mundo, y se consolida como uno de los destinos más admirados y reconocidos internacionalmente.

Sin embargo, la conmemoración de este hito histórico es también una oportunidad para reflexionar sobre la participación ciudadana real y efectiva y sobre el fortalecimiento y el acceso a los derechos fundamentales de los sectores que, hace más de dos siglos, movilizaron la ciudad hacia su independencia. En última instancia, es un llamado a seguir trabajando por la libertad absoluta y por la construcción de una ciudadanía inclusiva, efectiva y transformadora.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha asumido el compromiso de reflexionar sobre los múltiples desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital. De hecho, una de sus apuestas más relevantes en torno a este tema es la Semana Digital en América Latina y el Caribe.

En los últimos años, la CEPAL ha incorporado en sus agendas temas como la conectividad digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el gobierno digital, la inclusión tecnológica, la alfabetización digital, y la cooperación regional en materia digital.

Sin embargo, una de sus reflexiones más significativas en el contexto actual es el reconocimiento de que una transformación digital justa implica múltiples desafíos, particularmente en lo relacionado con las brechas de acceso que persisten en los entornos digitales. La CEPAL plantea que no basta con garantizar la conectividad o la infraestructura tecnológica.  Es necesario asegurar que todas las personas, sin importar su condición económica, género, edad o lugar de residencia, puedan acceder y aprovechar plenamente las oportunidades del entorno digital.

La Justicia Social como Eje de la Transformación Digital en Colombia

En el contexto colombiano, es fundamental participar activamente en estas discusiones regionales promovidas por la CEPAL, especialmente en lo que respecta a la justicia y equidad digital. Colombia enfrenta importantes brechas de conectividad, educación digital y acceso tecnológico, que limitan la participación plena de amplios sectores de la población en la economía y la sociedad. Estas desigualdades se acentúan particularmente en las zonas rurales y apartadas, donde la infraestructura tecnológica y las oportunidades de formación son considerablemente más limitadas.

Incorporarse a estos debates no solo fortalecería las capacidades institucionales del país, sino que también permitiría alinear las políticas nacionales con una visión regional más inclusiva y justa.Es importante hablar de justicia social en el marco de la transformación digital, porque Colombia lleva varios años trabajando en el cierre de las brechas que han impedido el desarrollo del país. 

De hecho, El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera plantea la necesidad de reducir las brechas históricas que han generado exclusión y desigualdad, especialmente en los territorios rurales más afectados por la violencia. En este sentido, garantizar que la tecnología contribuya al cierre de las brechas sociales y territoriales no solo impulsa el desarrollo sostenible, sino que fortalece las condiciones para una paz con justicia social.

Teniendo en cuenta lo anterior, para que la transformación digital contribuya realmente a la justicia social, el Estado debe garantizar que los beneficios tecnológicos sean accesibles a todos los ciudadanos, sin importar su ubicación o condición socioeconómica. 

El genocidio no es un fenómeno espontáneo, sino una acción deliberada orientada a destruir una población subyugada. En el caso de Palestina, esto se evidencia en la deshumanización del pueblo palestino, mediante la demonización y animalización que Israel ha promovido en la narrativa internacional. Es innegable que Israel está cometiendo un genocidio: cada una de sus acciones ha estado orientada a destruir la población palestina, asesinando a más de 60.000 personas, causando daños físicos y psicológicos, y realizando ataques selectivos que buscan eliminar la infancia en Gaza y, en algunos casos, prevenir futuros nacimientos.

El Alto al Fuego: Una continuación del Genocidio 

Esta intención genocida se ha mantenido incluso después del acuerdo del “Alto al fuego” anunciado entre Hamas e Israel, en el marco de la búsqueda de la paz”, a pesar de que esta iniciativa representó un poco de esperanza y  fue celebrada por todos los pueblos en solidaridad con Palestina, Israel no ha respetado el acuerdo. 

Según la Oficina de Información Gubernamental en Gaza, la ocupación israelí ha cometido más de 125 violaciones al alto al fuego, que han resultado en el asesinato de 94 palestinos y más de 344 heridos. Entre estas violaciones se han realizado ataques aéreos y bombardeos. 

Un ejemplo de lo anterior, es el bombardeo del campo de refugiados de Jabalia que causó la muerte de cinco personas. Además, Israel ha bloqueado la entrada de la ayuda humanitaria acordada; para el 22 de octubre, solo el 13 % de los camiones de ayuda (986 de 6.600) había logrado ingresar. Asimismo, la población palestina ha reportado múltiples operaciones de demolición de edificios residenciales, entre otras violaciones. En pocas palabras, el acuerdo ha sido incumplido por Israel de todas las formas posibles.

El anuncio del acuerdo y del alto al fuego no es más que un intento de desviar la atención de lo que ocurre hoy en Gaza: un genocidio transmitido en vivo. Israel debe pagar por cada uno de los crímenes cometidos, y los actores internacionales que lo han permitido deben ser sancionados y juzgados. Hasta que esto no ocurra, no habrá paz.

Solo habrá Paz si hay autodeterminación, libertad y reconocimiento del Estado Palestino. 

La paz verdadera exige autodeterminación, libertad y el reconocimiento del Estado palestino. No basta con detener los asesinatos: Israel debe reconocer a Palestina como Estado legítimo, garantizar su autodeterminación y facilitar que la comunidad internacional se vuelque a la reconstrucción integral de la Franja de Gaza: hospitales con suministros médicos, viviendas donde las familias puedan regresar, escuelas y universidades, y el restablecimiento de la libertad de movimiento y control territorial por parte de los palestinos.

Los Estados tienen la obligación de prevenir el genocidio conforme a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Por ello, deben oponerse de manera contundente a lo que ocurre en la Franja de Gaza: adoptar sanciones efectivas a través de mecanismos internacionales y regionales, contra los funcionarios israelíes implicados en crímenes internacionales; cooperar con la Corte Penal Internacional; y ejecutar sus órdenes de arresto.

Solo así se podrá frenar el genocidio. Hasta entonces, la lucha por la libertad y la justicia continúa.
Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá.

El senador Julián Gallo Cubillos, presidente de la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado de la República, hizo un llamado público al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Gobierno Nacional para que, mediante gestos humanitarios, se garantice la liberación inmediata y segura de los funcionarios del Estado recientemente retenidos por ese grupo armado.

El pronunciamiento se dio tras conocerse un video, divulgado en medios de comunicación y redes sociales, atribuido al Frente de Guerra Nororiental del ELN, en el que se anuncia la intención de convocar a un “juicio revolucionario” contra dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada y dos miembros de la Policía Nacional, Yordín Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia.

Un mensaje de responsabilidad y esperanza

En su video, el senador Gallo expresó la preocupación de la Comisión de Paz y Posconflicto frente a la situación, y puso a disposición los buenos oficios de esta Comisión, para contribuir a que los funcionarios puedan regresar sanos y salvos al seno de sus familias.

“Consideramos fundamental avanzar en gestos de confianza que permitan retomar los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, como lo ha propuesto recientemente el presidente Gustavo Petro. Desde la Comisión de Paz estamos convencidos de que todos los esfuerzos por alcanzar la paz, a través del diálogo y el entendimiento, tendrán que dar sus frutos”, señaló el senador.

Llamado al diálogo y al respeto por la vida

El legislador reiteró que la vida y la dignidad humana deben estar por encima de cualquier diferencia política o militar, y recordó que el diálogo es el único camino posible para superar el conflicto armado y avanzar en la construcción de paz.

“Colombia necesita hechos que fortalezcan la confianza. Cada gesto humanitario que se dé, cada vida salvada, acerca al país a la reconciliación y a la paz total”, enfatizó.

La Comisión de Paz reitera su disposición

La Comisión de Paz y Posconflicto del Senado reiteró su compromiso de acompañar los esfuerzos del Gobierno Nacional y de los distintos actores del proceso, promoviendo canales de mediación y verificación humanitaria que permitan garantizar los derechos de las personas retenidas y avanzar en la reanudación de las conversaciones con el ELN.

El senador Gallo insistió en que el Parlamento tiene un papel clave como garante de la institucionalidad y promotor del diálogo político, en un momento en que el país requiere unidad, sensatez y compromiso con la paz.

El senador Julián Gallo Cubillos, presidente de la Comisión de Paz del Senado, sostuvo una reunión con representantes del gremio de transportadores de Santa Marta, encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Transportadores, Héctor Mauricio Reyes, para dialogar sobre los avances y desafíos del sector en la región Caribe.

Durante el encuentro, el gremio destacó los avances logrados con el Ministerio de Transporte en la modificación del Decreto 1079, que permitió aumentar el derecho ambiental del 15% al 25% y avanzar en la revisión de los costos eficientes del transporte de carga.

Sin embargo, expresaron preocupación por el incremento en el precio del combustible y por la proliferación de cámaras de fotomulta, que —según los transportadores— han perdido su función social y benefician a intereses privados más que al bien común.

El senador Gallo propuso solicitar los estudios técnicos que justifican la instalación de las cámaras, conformar un equipo de trabajo para revisar el tema en el Congreso y promover una audiencia pública nacional que permita avanzar hacia una regulación con enfoque de justicia social y transparencia.

“El transporte no puede ser un negocio de sanciones, sino un servicio que dinamice la economía y proteja los derechos de los trabajadores y usuarios”, señaló el senador.

La reunión concluyó con el compromiso de realizar un nuevo encuentro de seguimiento, consolidar propuestas conjuntas y abrir un espacio de diálogo legislativo que permita equilibrar la carga regulatoria y garantizar un transporte digno y sostenible para el país.

En un encuentro realizado la semana pasada en Bogotá, el senador Julián Gallo Cubillos, presidente de la Comisión de Paz del Senado, se reunió con representantes del gremio de moteros para conocer y respaldar el proyecto “Salvando vidas en las vías”, una propuesta ciudadana de educación vial integral que busca reducir la accidentalidad y promover una movilidad más humana, segura y solidaria en Colombia.

La iniciativa, impulsada por colectivos de motociclistas y educadores, propone que la educación vial se incorpore como eje transversal en las instituciones educativas, desde la infancia hasta la adolescencia, formando ciudadanos conscientes del valor de la vida y del respeto mutuo en el espacio público.

El proyecto parte de una convicción clara: la seguridad en las calles no debe basarse en el miedo ni en la sanción, sino en la educación, la empatía y la responsabilidad compartida entre todos los actores viales —peatones, ciclistas, conductores y pasajeros.

Educar para salvar vidas

Durante el diálogo, los representantes del gremio señalaron que la educación vial no puede limitarse a campañas esporádicas o a la obtención del pase de conducción. Debe ser una política pública sostenida, con formación constante en colegios, universidades y entidades de tránsito.
Entre sus propuestas se encuentran:

• Fortalecer los espacios pedagógicos en torno al respeto por las normas y señales de tránsito.
  
• Incluir módulos de control emocional y manejo de la ira al conducir.
  
• Promover la formación práctica y responsable en el uso de motocicletas, bicicletas y automóviles.
  
• Supervisar las escuelas de conducción y mejorar la calidad de sus capacitaciones.
  
• Fomentar el uso correcto de la indumentaria de seguridad en deportes y desplazamientos urbanos.
  
• Crear zonas seguras para la práctica de actividades como stunt o acrobacias, evitando que se desarrollen en las vías públicas.
  

Una visión compartida

El senador Julián Gallo destacó que esta propuesta ciudadana coincide con una visión de país donde la seguridad vial es parte de la cultura de la vida y la convivencia.

“La educación vial no es un asunto técnico ni de sanciones. Es una apuesta por la vida, por el respeto entre quienes compartimos el espacio público. Cada actor vial —sin importar si va a pie, en moto o en transporte público— tiene alguien que lo espera en casa. Esa conciencia debe guiarnos”, expresó el senador.

El proyecto “Salvando vidas en las vías” también apunta a superar los prejuicios y rivalidades entre distintos sectores del transporte, fomentando la solidaridad entre gremios como el de los moteros, taxistas y conductores de servicio público.
El objetivo, según sus promotores, es construir una movilidad humanizadora y de corresponsabilidad, donde todos reconozcan que la vía es un espacio común y compartido.

Hacia una política nacional de educación vial

El senador Gallo manifestó su interés en acompañar al gremio en la estructuración técnica del proyecto y en promoverlo dentro del Congreso, buscando articularlo con las políticas del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Educación.

La idea es avanzar hacia una ley o programa nacional de educación vial, con enfoque pedagógico, preventivo y comunitario, que contribuya a reducir la siniestralidad y fortalecer la cultura ciudadana en las carreteras del país.

“Este es el tipo de iniciativas que nacen desde la sociedad civil y pueden convertirse en políticas de Estado. La educación vial es una herramienta de paz, porque salva vidas y construye convivencia”, concluyó el senador.

Fue aprobado en primer debate el Proyecto de Acto Legislativo 005/2025 Senado, que busca reconocer el acceso al agua como derecho fundamental en la Constitución Política de Colombia.

Agua para todos: justicia constitucional 

Apoyar y acompañar el trámite de esta iniciativa es fundamental porque expone una de las realidades más complejas del país: el acceso a los derechos, muchas veces, está condicionado por ciertos privilegios.

En Colombia, aunque somos uno de los países con mayores recursos hídricos, existe una realidad incoherente y difícil de asumir: diversos territorios y comunidades, como La Guajira, el Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía, entre otros, no tienen garantizado el acceso a este recurso. 

En La Guajira, por ejemplo, se han contratado 560 infraestructuras de agua potable, de las cuales sólo 62 han sido terminadas, lo mismo ocurre en otros territorios del país. El acceso al agua potable no debe estar condicionado a la ubicación geográfica, por el contrario, es un derecho fundamental, que debe ser garantizado para toda la sociedad colombiana.

Acceso al agua, garantía de dignidad humana. 

La iniciativa legislativa nos recuerda que hablar del agua es necesariamente hablar del origen de la vida, no es solo un recurso o un servicio: es una necesidad básica para la vida. 

La disponibilidad de agua potable impacta directamente la salud, la higiene, la alimentación y el desarrollo físico y mental de las personas. No disponer de ella de manera suficiente y constante afecta la garantía de otros derechos fundamentales: la salud, la dignidad y la vida.

En el contexto colombiano, reconocer el agua como derecho fundamental es un acto de justicia indispensable para consolidar un Estado de Derecho que promueva la dignidad humana.

El presidente de la Comisión de Paz del Senado, Julián Gallo Cubillos, realizó una gira por los departamentos de Magdalena, Bolívar y Sucre, orientada a fortalecer la articulación institucional, acompañar proyectos comunitarios y consolidar alianzas políticas y sociales en el marco del movimiento Unitarios.

Durante la jornada, se desarrollaron espacios de trabajo con gremios, cabildos indígenas, líderes sociales, organizaciones campesinas y movimientos políticos, donde se escucharon de primera mano las problemáticas y propuestas de cada territorio.

Diálogo con el gremio de transportadores y comunidades de Magdalena

En Santa Marta y Fundación, se abordaron temas clave para el desarrollo regional: la viabilidad del transporte de carga, el precio del combustible y la proliferación de cámaras de fotomulta, que generan inconformidad entre transportadores por su falta de función social.

También se revisaron avances de proyectos productivos, de vivienda, saneamiento básico y energía solar, esenciales para mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales del departamento.

Desde el Congreso, se promoverá el seguimiento ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y Ecopetrol, con el fin de garantizar la continuidad de estos procesos y la articulación con alcaldías y aliados privados.

Infraestructura y salud rural en El Piñón

En el corregimiento de Nueva Esperanza, municipio de El Piñón, líderes y lideresas locales expusieron necesidades urgentes en infraestructura y atención médica. Las comunidades señalaron la falta de un alcantarillado funcional y las deficiencias del hospital municipal, que actualmente carece de médico rural y servicios de parto.

Como respuesta, se acordó impulsar un debate sobre salud rural en el Senado y gestionar ante el Ministerio de Vivienda la formulación de un proyecto técnico para el alcantarillado y drenaje del territorio, sumando acompañamiento institucional desde el nivel nacional.

Articulación política y territorial en Cartagena y Bolívar

La gira continuó en Cartagena, donde se sostuvieron reuniones con movimientos políticos, liderazgos juveniles y organizaciones sociales. Estos espacios permitieron revisar el trabajo de base en los municipios del departamento, fortalecer los proyectos productivos comunitarios y construir alianzas para la participación electoral del 2026.

El encuentro sirvió además para reafirmar la consolidación del Frente Amplio y del movimiento Unitarios, que agrupa diversas fuerzas progresistas con el propósito de ampliar la representación democrática y promover una agenda de cambio desde los territorios.

Encuentro con el Cabildo Indígena La Arena en Sucre

La gira finalizó en el departamento de Sucre, con una reunión junto al Cabildo Indígena La Arena, cuyos representantes se encuentran en proceso de reconocimiento oficial por parte del Ministerio del Interior.

Se acordó acompañar las gestiones necesarias para acelerar el trámite y asegurar el reconocimiento jurídico del cabildo, que lleva más de 28 años constituido y cuenta con aval de otras entidades del Estado. Este compromiso reafirma la disposición de apoyar a las comunidades étnicas en sus procesos de fortalecimiento organizativo y defensa de derechos.

Compromiso con los territorios

“Escuchar a las comunidades es el punto de partida de toda gestión pública con sentido. La paz se construye en los territorios, con hechos, con presencia institucional y con decisiones que transformen la vida de la gente”, expresó el senador Julián Gallo Cubillos.

Con esta gira por la Costa Caribe, el senador consolida su papel como gestor de paz y articulador territorial, promoviendo la integración entre el Congreso, las comunidades y las instituciones para avanzar hacia una Colombia más equitativa, justa y en paz.