Artículo punto 4 del Acuerdo de Paz-Política de Drogas

Punto 4 del Acuerdo de Paz: transformar el campo para superar la guerra contra las drogas

Durante décadas, el narcotráfico fue el combustible de la guerra en Colombia. Sin embargo, el campesino nunca fue el enemigo: fue la primera víctima de un modelo que lo condenó a la exclusión y lo empujó a, por ejemplo, sembrar coca como única salida de supervivencia.

Por eso, el cuarto punto del Acuerdo de Paz toca una de las raíces más profundas del conflicto armado: las drogas ilícitas.

Una solución integral

A diferencia de la vieja “guerra contra las drogas”, centrada en la represión, el Punto 4 propone una visión integral que parte de la dignidad campesina y la presencia del Estado en los territorios:

  • Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, no impuesta por la fuerza.
  • Apoyo a proyectos alternativos como el cacao, el café o los frutales que generan ingresos sostenibles.
  • Infraestructura y servicios públicos: escuelas, hospitales, vías y acompañamiento técnico en las zonas cocaleras.
  • Una política de drogas basada en la salud pública, y no solo en la criminalización.

El objetivo es romper el círculo vicioso donde la falta de alternativas empuja al campesino a depender de los cultivos de uso ilícito.

Un cambio de paradigma

La paz significa que ninguna familia debe escoger entre sembrar coca o morir de hambre. Por eso, este punto del Acuerdo busca cambiar la historia: pasar de la “guerra contra las drogas” a la construcción de un campo con dignidad y oportunidades.

Retos actuales

A casi nueve años de la firma del Acuerdo, los avances en este punto son dispares. Existen experiencias exitosas de sustitución en regiones donde las comunidades han logrado sostener proyectos alternativos. Pero también persisten amenazas: la erradicación forzada, la falta de cumplimiento estatal y la violencia contra líderes campesinos que defienden la paz.

Un compromiso con la vida

El Punto 4 recuerda que la paz no se firma solo en un documento: se siembra en la tierra, en los cultivos que alimentan y en la confianza de que el Estado no volverá a darle la espalda a las comunidades rurales.

Como lo ha reiterado el senador Julián Gallo, firmante del Acuerdo de Paz, transformar el campo colombiano es condición para cerrar definitivamente la puerta a la violencia. Garantizar alternativas reales para las familias campesinas es garantizar la vida.

Senadora Sandra Ramírez, nueva vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado

Senadora Sandra Ramírez, nueva vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado

La senadora Sandra Ramírez, firmante del Acuerdo de Paz y colega de bancada en el partido Comunes, fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado de la República, un espacio donde se discuten temas de educación, cultura, ciencia, tecnología, comunicaciones, transporte y servicios públicos.

Este nombramiento es un reconocimiento a su trayectoria, a su compromiso con la paz y a la voz de miles de hombres y mujeres que le apuestan a la reconciliación y al fortalecimiento de la democracia desde las instituciones.

Un espacio clave para el país

La Comisión Sexta tiene a su cargo debates de gran relevancia para el presente y el futuro del país, como:

  • La garantía del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.
  • El fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.
  • La regulación de las comunicaciones y los medios públicos.
  • El desarrollo de la infraestructura de transporte que conecta regiones.

En todos estos temas, la voz de la senadora Sandra Ramírez representa no solo la experiencia de una lideresa comprometida con la transformación social, sino también la presencia de un partido que surgió de la firma del Acuerdo de Paz y que hoy participa activamente en la vida institucional del país.

Una conquista colectiva

La vicepresidencia de la Comisión Sexta en cabeza de Sandra Ramírez refleja el avance de la bancada de Comunes en el Congreso, que continúa aportando a la consolidación de la paz con propuestas legislativas y con un trabajo constante de representación de las comunidades históricamente excluidas.

Como compañero de bancada, el senador Julián Gallo destaca este logro como una conquista colectiva: una muestra de que la implementación del Acuerdo de Paz no solo se mide en el campo o en los territorios, sino también en la participación activa en los escenarios institucionales donde se toman las decisiones que afectan la vida de los colombianos.

Un paso más hacia la reconciliación

El liderazgo de la senadora Sandra Ramírez en la Comisión Sexta es también un paso más en el camino hacia la reconciliación. Su presencia allí es un símbolo de la transición de las armas a la política, del conflicto a la democracia, de la exclusión a la participación.

Desde la bancada de Comunes celebramos este nuevo reto de la senadora Sandra Ramírez, convencidos de que su voz seguirá aportando a la construcción de un país más justo, democrático y en paz.

Consulta Popular Campesina: la voz del campo para saldar la deuda histórica de la Reforma Agraria

Consulta Popular Campesina: la voz del campo para saldar la deuda histórica de la Reforma Agraria

La Reforma Agraria es una deuda que Colombia arrastra desde hace más de un siglo. Una deuda con los campesinos y campesinas que alimentan al país con su trabajo, pero que históricamente han sido excluidos de la tierra, de la inversión estatal y de la justicia social.

Hoy, desde el movimiento campesino, surge una propuesta que busca transformar esta realidad: una Consulta Popular Campesina que impulse la Reforma Agraria y coloque en el centro de la agenda nacional la redistribución de la tierra, el apoyo a la producción campesina y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

¿Por qué una consulta?

La demanda por una Reforma Agraria no es nueva, pero sigue pendiente. El Estado se comprometió en el Acuerdo de La Habana a adquirir 3 millones de hectáreas y formalizar 7 millones más, pero la realidad es que los mecanismos creados —como el Decreto 902 de 2017— han sido insuficientes y en muchos casos trampas burocráticas que frenan el acceso real a la tierra.

Además, aunque se aprobó la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, la Ley Ordinaria que la hace operativa está empantanada en un Congreso atravesado por intereses de grandes acaparadores de baldíos. Las herramientas existen, pero el campesino sigue esperando resultados concretos.

El contenido de la consulta

La propuesta de Consulta Campesina incluye preguntas que abordan temas de fondo:

1. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de los bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados, para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra, como estrategia para superar la desigualdad y la violencia?

2. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado transforme entidades y fortalezca programas con participación directa del campesinado, para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria como estrategia para acabar el hambre?

3. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento, inversión pública y proyectos agroecológicos?

4. ¿Está usted de acuerdo en que todas las instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos del campesinado, sus territorios y su desarrollo integral bajo el cumplimiento del Artículo 64 de la Constitución Política y con enfoque de género?

5. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice mecanismos especiales para la protección de la vida y la paz en el campo y las comunidades, en particular para la protección integral de los liderazgos campesinos y ambientales?

Estas preguntas son, en realidad, un llamado a que el país entero decida si quiere un campo con dignidad, soberanía alimentaria y justicia social.

Una meta posible: 4 millones de firmas en 6 meses

La meta es clara: recolectar 4 millones de firmas en seis meses para radicar la iniciativa, lo que equivale al 5% del censo electoral nacional. Una cifra ambiciosa, pero alcanzable si el movimiento campesino y la sociedad en general unen fuerzas en este propósito.

La voz del campo, un mandato para la nación

El campo colombiano le ha cumplido al país: con su trabajo ha garantizado la alimentación en medio de la pobreza, la guerra y la exclusión. Ahora le toca a Colombia cumplirle a los campesinos.

La Consulta Popular Campesina no es solo un mecanismo jurídico: es un acto de justicia histórica, un grito democrático y una apuesta de país. Porque sin tierra para quien la trabaja, no habrá paz completa ni democracia real.


El campo le ha cumplido a Colombia. Ahora le toca al país cumplirle a los campesinos. ¡Consulta Campesina YA!”

Consulta Popular Campesina: la voz del campo para saldar la deuda histórica de la Reforma Agraria