Recicladores piden la intervención del presidente Gustavo Petro ante el nuevo marco tarifario: “Nuestro trabajo no puede ponerse en riesgo”

En nombre de más de 250 organizaciones y cerca de 20.000 recicladores y recicladoras de oficio en todo el país, dirigentes del gremio hicieron un llamado público al presidente Gustavo Petro para que intervenga en la discusión del nuevo decreto que regularía el marco tarifario del servicio público de aseo, actualmente en consulta.

El gremio advierte que el borrador del decreto no refleja ni respeta los derechos adquiridos por los recicladores reconocidos por la Corte Constitucional, ni las garantías que históricamente ha defendido el propio presidente cuando fue alcalde de Bogotá, impulsando su inclusión en el sistema de aprovechamiento.

Una voz desde el territorio: “Somos trabajadores, no beneficiarios”

“Mi nombre es Claudia Quijano, recicladora de oficio, líder y vocera del gremio de recicladores. Represento a más de 250 organizaciones a nivel nacional, 20.000 recicladores, cabezas de familia”, señaló la dirigente.

En su mensaje, Quijano agradeció al presidente Petro por su respaldo histórico al gremio, pero advirtió que el borrador del nuevo marco tarifario pone en riesgo el sustento de miles de familias que viven del reciclaje:

“Es un documento que no reconoce ni respeta los derechos ganados, ni el amparo de la Corte Constitucional. Pone en riesgo el trabajo de la población recicladora, no solo en Bogotá sino a nivel nacional. Pedimos que se garantice nuestro acceso cierto y seguro al material aprovechable, el derecho a nuestra herramienta de trabajo y el reconocimiento real del servicio que prestamos al país”, afirmó.

Una labor esencial para el medio ambiente y la economía popular

Los recicladores cumplen un papel fundamental en la gestión ambiental y la economía circular, contribuyendo a la reducción de residuos y al aprovechamiento de materiales que de otra forma terminarían en los rellenos sanitarios.

Pese a ello, enfrentan condiciones de vulnerabilidad y precarización, y el nuevo esquema tarifario —según el gremio— podría incrementar las cargas económicas y administrativas, afectando directamente su sustento.

La Corte Constitucional ha reiterado en múltiples fallos (como la sentencia T-724 de 2003 y T-291 de 2009) que los recicladores son sujetos de especial protección constitucional, por lo que las normas que regulen el sector deben garantizar su participación efectiva y remuneración justa.

El llamado al Gobierno y al Congreso

El gremio pidió que se revise el borrador del decreto antes de su aprobación final, con participación directa de los recicladores organizados. También solicitaron a las comisiones del Congreso que acompañen el proceso para evitar retrocesos en los derechos conquistados.

Desde el Senado, el senador Julián Gallo Cubillos manifestó su respaldo al diálogo entre el Gobierno y los recicladores, destacando que este debate se inscribe en el espíritu del Acuerdo de Paz, que reconoce la economía popular, el trabajo digno y el cuidado ambiental como pilares de la transformación territorial.

“El reciclaje es un trabajo digno, una labor ambiental esencial. Cualquier política pública que afecte este oficio debe construirse con ellos, no a espaldas del pueblo trabajador. Defender sus derechos es defender la vida y el planeta”, subrayó el senador.

Una oportunidad para avanzar, no retroceder

Los recicladores esperan que el Gobierno mantenga el compromiso que los ha convertido en aliados de la política ambiental y no en víctimas de la regulación. Su mensaje es sobre  reconocimiento real, participación efectiva y protección del trabajo digno.

“Presidente Petro —concluyó Claudia Quijano—, le agradecemos por su defensa permanente, pero le pedimos que intervenga. Nuestro trabajo no puede ponerse en riesgo. Somos quienes cuidamos las calles, el ambiente y el futuro de nuestros hijos.”

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