Pensión y vejez: dignidad para quienes construyeron este país

Envejecer con dignidad: una urgencia social y política

En Colombia, millones de personas mayores viven sin pensión, en condiciones de pobreza y abandono. Este es uno de los mayores retos de la justicia social y de los derechos sociales en Colombia, donde envejecer no puede ser sinónimo de inequidad ni exclusión.

La reforma pensional: a la espera de su aprobación definitiva

El gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, presentó una reforma pensional estructural que fue aprobada por el Senado, pero actualmente se encuentra pendiente de su aprobación definitiva, luego de que la Corte Constitucional decidiera devolverla a la Cámara de Representantes por vicios en el trámite legislativo.

La propuesta —respaldada por el senador Julián Gallo— plantea la creación de un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Entre sus puntos más importantes se encuentran:

  • Consolidación de Colpensiones como administrador del régimen hasta 2.3 salarios mínimos, con posibilidad de ahorro complementario en fondos privados.
  • Reducción progresiva de semanas cotizadas para mujeres hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.
  • Reconocimiento de semanas adicionales por maternidad o servicio militar.
  • Establecimiento de una renta básica pensional de $223.800 para personas mayores en pobreza extrema que no cumplan los requisitos tradicionales de pensión.

Impacto territorial y social de la reforma

Esta reforma busca corregir inequidades históricas, ampliar la cobertura pensional e incorporar a más de 2 millones de personas mayores excluidas, especialmente en zonas rurales, comunidades afrodescendientes, indígenas y urbanas populares.

Además, armoniza la protección social con la participación activa de las personas mayores, reconocidas como guardianes de la memoria histórica y actores claves del desarrollo territorial.

El respaldo del senador Julián Gallo

En este marco, el senador Julián Gallo ha expresado su respaldo decidido a la reforma pensional, por considerarla una herramienta esencial para avanzar en la equidad social y garantizar los derechos fundamentales de quienes han sostenido al país con su trabajo.

Su compromiso se ha manifestado en los debates de la Comisión Primera del Senado y en espacios territoriales donde ha reiterado que la vejez no puede seguir siendo un espacio de exclusión ni pobreza, sino una etapa protegida por un Estado solidario y garante de derechos.

Vejez digna, deber nacional

La pensión no es un gasto: es un derecho. La reforma pensional impulsada por el Gobierno y respaldada por el senador Julián Gallo representa un paso firme hacia una Colombia más equitativa y solidaria, con enfoque territorial, perspectiva de género y justicia para quienes han dedicado su vida al trabajo y al cuidado.

Desde el Congreso, seguiremos defendiendo que la vejez sea una etapa de dignidad, reconocimiento y derechos, no de olvido.



La tierra para quien la trabaja: avances de la Reforma Rural Integral en Colombia

Cumpliendo el Acuerdo de Paz con hechos

La Reforma Rural Integral, contemplada en el Punto 1 del Acuerdo de Paz, es una deuda histórica con el campesinado colombiano. Durante décadas, la concentración de la tierra y la falta de acceso a la propiedad rural han sido causas estructurales del conflicto armado y de la desigualdad social en Colombia.

Hoy, junto al gobierno del presidente Gustavo Petro y con el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se están dando pasos concretos para saldar esa deuda y avanzar hacia una Colombia más equitativa.

Resultados que transforman el campo

Según cifras oficiales de la ANT, entre agosto de 2022 y mayo de 2024, se han adjudicado más de 914.000 hectáreas de tierra, beneficiando a comunidades campesinas y étnicas. Además, se han formalizado más de 1.277.000 hectáreas, brindando seguridad jurídica a miles de familias.

La ANT ha pasado de tener 8 oficinas a 92 en todo el país y ha constituido 14 Zonas de Reserva Campesina, fundamentales para el desarrollo rural sostenible y la inclusión social para poblaciones vulnerables.

El Congreso también siembra reforma rural

Desde el Senado, la bancada del partido Comunes, ha impulsado una agenda legislativa coherente con el Punto 1 del Acuerdo de Paz y con las demandas de las comunidades rurales, construida mano a mano con los sectores agrarios a través de audiencias públicas y recorridos territoriales.

Entre los proyectos más relevantes:

  • Proyecto de ley de Reforma Rural Integral, orientado a garantizar acceso a tierra, créditos y asistencia técnica.
  • Proyecto de Plazas de Mercado, que fortalece la economía popular, el abastecimiento y los circuitos cortos de comercialización en todo el país.
  • Proyecto de Ley de Panela, aprobado esta semana en su segundo debate en la Cámara de Representantes, que pasa ahora a su trámite en la Comisión Quinta del Senado, con el respaldo de las comunidades paneleras.

Un compromiso con la paz, la tierra y la justicia social

El senador Julián Gallo Cubillos, firmante del Acuerdo de Paz, ha sido uno de los impulsores de la entrega de tierras a comunidades campesinas y pueblos indígenas. Su trabajo articulado con la Agencia Nacional de Tierras y las instituciones del Estado ha permitido consolidar avances concretos en la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz, que reconoce el acceso a la tierra como un derecho y no como un privilegio.

Además, el senador ha sido impulsor de la jurisdicción agraria, que aún requiere la aprobación de su ley ordinaria, necesaria para que comience a operar como una herramienta efectiva en la resolución de conflictos de tierras con enfoque territorial y campesino.

Magdalena Medio: de la exclusión al reconocimiento

Uno de los territorios donde más comienza a sentirse el impacto de esta transformación es el Magdalena Medio, particularmente en el municipio de Puerto Salgar. Allí, la entrega de tierras ha devuelto la esperanza a comunidades campesinas que durante décadas fueron desplazadas por la violencia y el despojo.

Luisa Montaño, lideresa que representa a 48 asociaciones campesinas en la región, expresó: “Éramos el municipio más abandonado. Nos sacaron del territorio los terratenientes para apoderárselo, nos desalojaron, nos asesinaron líderes. Estamos cansados por los atropellos. Pero ahora no estamos solos, gracias a este gobierno”

Su testimonio refleja no solo la historia de resistencia del campesinado colombiano, sino también el sentido de reparación y justicia que empieza a abrirse paso con la implementación del Acuerdo de Paz. La voz de Luisa Montaño es la de miles que reclaman lo que siempre les ha pertenecido: el derecho a vivir y trabajar en su tierra.

La reforma laboral que el pueblo necesita

En lugar de proteger al trabajador, el modelo neoliberal desmanteló los derechos laborales, promovió la tercerización, y normalizó la precariedad como si fuera progreso. Hoy, frente a esa herencia de desigualdad, se abre la posibilidad de una reforma laboral centrada en la dignidad, los derechos y la justicia social en Colombia.

Hacia un trabajo digno para quienes siempre han sido excluidos

La legislación laboral vigente no ha sido capaz de responder a la realidad de millones de personas que sostienen la vida del país con su trabajo diario: Mujeres cuidadoras, jóvenes, trabajadoras del campo, recicladores, empleados tercerizados… todos comparten una misma urgencia: contar con derechos laborales plenos, estabilidad, protección y garantías mínimas.

Esta exclusión histórica ha dejado a buena parte de la fuerza laboral por fuera del acceso a licencias, prestaciones, sindicalización y condiciones dignas. Y es precisamente esta deuda la que la reforma laboral busca saldar: abrir el camino para un modelo donde el trabajo esté respaldado por garantías mínimas y acceso real a la seguridad social como derecho, no como privilegio.

Dignificar el trabajo es una decisión política

La reforma laboral que el pueblo necesita tiene una premisa clara: el trabajo no es una mercancía, es un derecho. Y como tal, debe estar protegido. Nuestra propuesta apunta a recuperar esa visión del trabajo con derechos, con estabilidad, con seguridad social. Impulsar el derecho al trabajo en Colombia no solo es una medida económica, es un acto de justicia.
Además, esta reforma se conecta con el espíritu del Acuerdo de Paz en Colombia, que plantea una transformación profunda del campo y la inclusión de los territorios históricamente excluidos. Sin garantías laborales en el agro, no hay desarrollo rural posible.
Una reforma para avanzar, no para retroceder
Frente a ellos, la consulta popular, que proponía que fuera el pueblo quien decidiera sobre estas transformaciones, fue hundida por la derecha en la plenaria del Senado. Una vez más, se cerró la puerta a la participación directa de la ciudadanía y se impuso el temor a que el pueblo tenga la última palabra.
Esta negativa no borra la urgencia del debate: al contrario, reafirma la necesidad de avanzar en la reforma laboral desde el Congreso, con movilización, coherencia y compromiso político con quienes han sido históricamente excluidos del sistema laboral. (Ver también: Consulta Popular: ¿Por qué la derecha le teme a que el pueblo decida?)

El país que merecemos

La Colombia más equitativa no se construye con discursos, sino con decisiones que mejoren la vida de la gente. Una reforma laboral pensada desde los sectores excluidos es una forma de promover los derechos humanos, combatir la desigualdad y garantizar que el progreso llegue a todos los rincones del país.
Porque ningún país puede hablar de democracia participativa mientras la mitad de su población trabaja sin derechos.