Julián Gallo Cubillos es senador de la República por el Partido Comunes. Firmante del Acuerdo de Paz de 2016 y miembro de la Comisión Primera del Senado. Ha dedicado su trabajo legislativo y territorial a la implementación integral del Acuerdo, con énfasis en la reforma rural integral, los derechos humanos y la construcción de paz.
La entrega de tierras no es un acto aislado ni un gesto simbólico: es la materialización de un derecho históricamente negado a millones de campesinos y campesinas en Colombia. La reforma rural integral, contemplada en el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, tiene como objetivo saldar la deuda histórica del Estado con el campo colombiano, garantizar el acceso a la tierra para quienes la trabajan y
construir las condiciones para una paz estable y duradera.
En los últimos años hemos visto avances concretos. Más de 700 mujeres rurales han recibido la formalización de sus predios, fortaleciendo su autonomía económica y el tejido social de sus comunidades. Este es un paso fundamental, no solo para la justicia social, sino también para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en el país.
Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. Aunque se han dado pasos importantes en la entrega y formalización de predios, el panorama sigue marcado por la concentración de la tierra y por las amenazas que enfrentan los líderes sociales y las comunidades que la reclaman. Garantizar la seguridad física y jurídica de quienes defienden su derecho a la tierra es tan urgente como acelerar los procesos de adjudicación, pues sin protección a estas personas, la implementación plena de lo pactado corre el riesgo de verse truncada.
En este contexto, se ha hecho entrega de más de 600.000 hectáreas de tierra en todo el país, en municipios como Puerto Salgar, Cundinamarca, y se espera que este proceso siga en otros municipios del país, con lo que se busca beneficiar a decenas de familias campesinas. Este acto representa un paso más en el cumplimiento de lo pactado y en la construcción de confianza entre el Estado y las
comunidades. Como firmante del Acuerdo de Paz y senadorde la República, considero que estos avances deben ser sostenidos, ampliados y protegidos de las coyunturas políticas.
La tierra es mucho más que un recurso productivo: es el lugar donde se tejen las historias, donde se construye comunidad y se proyecta el futuro. Negar el acceso a la tierra es condenar a millones de colombianos a la pobreza y a la exclusión. Garantizarlo, en cambio, es abrir la puerta a un país más justo, inclusivo y próspero.
La experiencia internacional demuestra que las reformas rurales profundas son un pilar para prevenir nuevos ciclos de violencia y garantizar el desarrollo económico. En Colombia, el conflicto armado se alimentó durante décadas de la desigualdad en el acceso a la tierra y de la ausencia del Estado en las zonas rurales. Por eso, cada hectárea entregada no solo es un título formal, sino un ladrillo en la construcción de la paz.
Invito a todas las instituciones del Estado a trabajar de manera articulada para que la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz sea una realidad palpable en todos los rincones del país. Que los avances de hoy no sean flor de un día, sino la semilla de una transformación estructural.
La implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz es una manera de reafirmar nuestro compromiso con el campo, con las mujeres y hombres que lo habitan y con el sueño colectivo de una Colombia en paz. La paz no se construye en discursos, se construye con hechos, y la tierra es uno de los más poderosos.
Invito a las y los lectores a profundizar en este tema consultando el artículo publicado en mi página web sobre avances y retos de la reforma rural integral, disponible en: www.juliangallo.com.co
