25 de julio: dignidad y resistenciaen el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente

Este 25 de julio, en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Afrolatina, Caribeña y de la Diáspora, nos unimos a la conmemoración de las luchas históricas, la resistencia cotidiana y las
apuestas por la vida digna de las mujeres afrocolombianas y del continente.
En Colombia, las mujeres afrodescendientes son pilar fundamental en la construcción de paz, la defensa del territorio y los derechos colectivos, a pesar de haber sido históricamente marginadas, racializadas y violentadas. Reconocemos su papel clave en procesos de organización comunitaria, reivindicación de la identidad étnicoracial, y en la lucha contra el racismo estructural y el patriarcado.
Compromiso legislativo con la justicia étnico-racial y la participación de las mujeres afrodescendientes en la construcción de paz.

Este día es también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso como congresistas con la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, la representación política efectiva, y el
acceso equitativo a los derechos para las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Como lo hemos hecho desde nuestra labor legislativa y territorial, reiteramos nuestro respaldo a sus procesos organizativos, a las lideresas sociales y a las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz que,
desde sus comunidades, continúan apostándole a un país justo, incluyente y sin discriminación.
Las vidas afrodescendientes importan. Las voces de las mujeres afro deben ser escuchadas y respetadas.

La vida de los que construyen paz sigue en riesgo

Colombia sigue siendo un país profundamente riesgoso para quienes defienden los derechos humanos, promueven la cultura en sus comunidades o transitaron el camino de la reincorporación para apostarle a una vida en paz. En menos de dos semanas, tres firmantes del Acuerdo de Paz y un joven líder cultural han sido asesinados, mostrando con crudeza la persistencia de la violencia contra quienes decidieron apostarle a la paz.

Violencia persistente contra quienes le apuestan a la paz

El 14 de julio de 2025 fueron asesinados Ferney Elago Caviche y Florilba Ramos Morano, firmantes del Acuerdo de Paz, en su vivienda ubicada en la vereda Valle Nuevo, municipio de Silvia, Cauca. Ambos hacían parte del antiguo ETCR Los Monos en Caldono y adelantaban su proceso de reincorporación como administradores de un proyecto colectivo de cultivo de aguacate Hass perteneciente a la cooperativa Cooomep. La Defensoría del Pueblo había advertido desde 2023 un riesgo inminente en la zona debido a amenazas, homicidios y confinamientos forzados que se han intensificado por la presencia de grupos armados como el EMC, el ELN y bandas locales.

Días antes, el 30 de junio, fue hallado sin vida William Ferney Pazú, joven líder cultural de Jambaló (Cauca), apasionado por la música y el trabajo comunitario. Dinamizador del proceso musical Kwess fxiw – Nuestras semillas e integrante del grupo Los Tiraflechas, su asesinato en zona de fuerte presencia armada representa un golpe profundo a la construcción de paz desde los territorios.

El 9 de julio fue encontrado el cuerpo sin vida de Giovanni Ordóñez Triana, firmante del Acuerdo de Paz, tras ser reportado como desaparecido en Fusagasugá. Estaba en proceso de reincorporación en Icononzo, Tolima. La zona de su hallazgo también había sido señalada por la Defensoría como territorio bajo amenaza.

Un llamado urgente al Estado y la sociedad

Estas tragedias no son hechos aislados. Son la muestra del incumplimiento del Estado con lo pactado en el punto 3 del Acuerdo de Paz, relativo a las garantías de seguridad, y es también el reflejo de una sociedad que no ha logrado superar la indiferencia. Cada atentado contra un firmante de paz es un crimen contra la paz de nuestro país.

A casi nueve años de la firma del Acuerdo, estos asesinatos nos recuerdan que la paz es un proceso que exige compromiso con la verdad, memoria histórica y garantías reales para la vida de quienes la construyen día a día en condiciones adversas. La impunidad también mata.

¿Cuántos líderes más deben caer para que el Estado actúe?

No se puede hablar de reconciliación ni de democracia mientras se siga asesinando a quienes lideran procesos de transformación en Colombia. Desde el Congreso, voces como la del senador Julián Gallo Cubillos han sido insistentes en denunciar estos crímenes y exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Tal como se expone en el artículo “El compromiso del senador Julián Gallo con la implementación del Acuerdo de Paz”, la defensa de la vida de los firmantes no es solo un deber moral, sino una condición básica para que Colombia avance hacia una reconciliación real y duradera.

Condena a Álvaro Uribe Vélez: un hito para la justicia y un llamado a la verdad histórica

La reciente condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal constituye un hecho sin precedentes en la historia nacional. En un país donde, durante décadas, las élites políticas han encontrado mecanismos para evadir la justicia, este fallo abre una puerta hacia la reconciliación nacional en Colombia, basada en la verdad, la memoria histórica y la lucha por la justicia social.

Un paso histórico, pero no suficiente

Aunque la condena es un avance importante en términos de transparencia y ética pública, no responde a los delitos más graves por los cuales el expresidente debería haber rendido cuentas. Sobre él pesan acusaciones de haber favorecido, durante su vida pública, a mafias del narcotráfico y estructuras de narcoparamilitarismo, responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia y crímenes de lesa humanidad.

Verdad, memoria y reconciliación: una tarea pendiente

Este fallo debería convertirse en el punto de partida para una conversación nacional que ponga en el centro la importancia de la memoria histórica en Colombia, la verdad sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado y las responsabilidades de quienes han ejercido el poder durante más de 200 años de vida republicana.

Urge que todos los sectores —partidos políticos, iglesias, empresarios, insurgencia, altos mandos militares y sociedad civil— asuman un compromiso con la verdad y la memoria histórica, como condición indispensable para avanzar en la construcción de paz sostenible y evitar que estas tragedias se repitan.

Nunca más: hacia un liderazgo transformador para la paz

El país necesita un liderazgo transformador colombiano, dispuesto a romper los pactos de silencio, fortalecer la justicia transicional y garantizar que la verdad salga
a la luz. Solo así podremos reconstruir el rompecabezas de nuestra tragedia nacional, ofrecer reparación a las víctimas y, finalmente, decir con una sola voz: ¡Nunca más!

Juicio a Álvaro Uribe Vélez: un paso hacia la verdad y la justicia

Julián Gallo Cubillos

Una señal de que la justicia avanza

El avance del juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez representa un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia. No se trata de una persecución política ni de un revanchismo personal, como algunos sectores han intentado posicionar. Se trata, ante todo, de un ejercicio legítimo del Estado de derecho y de la autonomía judicial, que debe ser respetado por todos los actores políticos y sociales.

Nadie por encima de la ley: garantía de no repetición

Durante décadas, amplios sectores de la sociedad colombiana —especialmente víctimas del conflicto armado— han exigido verdad, justicia y reparación, incluso frente a los más altos niveles del poder. Que un expresidente sea llamado a juicio demuestra que la justicia está viva y operando, y que ningún cargo o trayectoria política puede ser excusa para eludirla.

Este proceso judicial envía un mensaje claro: la impunidad no puede ser el destino de los crímenes que marcaron la guerra y el sufrimiento de miles de familias. Así se fortalece la democracia y se avanza en el cumplimiento del principio de no repetición, base de la justicia transicional.

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Por una paz que también signifique justicia

En un país que ha vivido más de medio siglo de guerra, la reconciliación solo será posible si hay verdad completa y responsabilidad asumida. El juicio a Álvaro Uribe no es solo un caso penal, sino una oportunidad histórica para que el país mire de frente los hechos que han estado en el centro del conflicto: paramilitarismo, persecuciones políticas, interceptaciones ilegales, y alianzas criminales con estructuras armadas.

Quienes han apostado por la paz desde la firma del Acuerdo creen que la verdad no puede seguir siendo sacrificada por cálculos políticos. Y que la dignidad de las víctimas no puede seguir esperando.

Sin justicia, no hay paz duradera

Desde el Congreso, el senador Julián Gallo reitera su respaldo a una justicia que avance sin miedo, con independencia y con rigor. El juicio a Álvaro Uribe Vélez es un paso indispensable para cerrar las heridas del pasado, honrar a las víctimas y garantizar que los hechos que marcaron los años más oscuros del país no vuelvan a repetirse.

Compromisos con la paz y la reconciliación 

Julián Gallo Cubillos

El Coro de Hijos e Hijas de la Paz: un símbolo vivo del acuerdo

En el camino de la reconciliación, también hay espacio para la esperanza y los gestos simbólicos que tocan el alma. Por eso impulsamos la creación del Coro de Hijos e Hijas de la Paz, una iniciativa que busca visibilizar a niñas, niños y jóvenes nacidos en el marco del Acuerdo, como semillas de un país nuevo.

El coro ha sido protagonista en actos conmemorativos recordándonos que la paz también se canta, se educa y se transmite entre generaciones.

Me llena de orgullo decir que mi propia hija, nacida tras la firma del Acuerdo, hace parte de este coro. Su voz, como la de muchas otras y otros, nos recuerda por qué luchamos: porque la paz no es solo un legado, es una promesa que debemos cumplirles.

Reconciliación: una apuesta de país

Reconciliar no significa olvidar, ni tampoco negar el conflicto. Significa asumir responsabilidades, reconocer al otro y construir un futuro compartido. Por eso, hemos defendido iniciativas que promuevan el respeto por la diferencia, la memoria histórica, y la participación de todos los sectores, incluidas las víctimas, los firmantes del acuerdo y las comunidades más afectadas por la violencia.

Reconciliar también es luchar contra la estigmatización. En un país polarizado, donde la paz sigue siendo blanco de ataques, es urgente fortalecer la pedagogía social y política para comprender lo que significan el perdón, la verdad y la justicia restaurativa.

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Un camino de coherencia política y ética

Como firmante del Acuerdo de Paz y actual senador de la República, mi compromiso con la reconciliación nacional, la justicia social y la implementación integral del Acuerdo no es solo político, sino también ético y personal. Defender la paz no es una tarea del pasado: es una responsabilidad presente que exige acciones concretas desde las instituciones.

Desde el Congreso, y especialmente desde la Comisión de Paz del Senado, hemos asumido este compromiso impulsando leyes, acompañando debates y escuchando a las comunidades que más han sufrido los efectos del conflicto armado.

Implementación real: de los compromisos al cumplimiento

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 trazó una hoja de ruta ambiciosa: transformar las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto armado. Aunque se han logrado avances importantes, aún existen retos significativos para llevar a cabo su implementación integral y efectiva.

Desde el Congreso hemos insistido en:

  • El cumplimiento del Punto 1 sobre Reforma Rural Integral y el acceso a la tierra.
  • La defensa del Punto 2 sobre participación política, con garantías reales para líderes sociales y comunidades.
  • El fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con énfasis en la JEP.
  • La continuidad del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, con enfoque de derechos y sostenibilidad.


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Bogotá: recicladores exigen respeto por su oficio y trabajo digno

Persecución en las calles: una amenaza a la dignidad laboral

La propuesta de una consulta popular ha generado una reacción predecible pero reveladora en los sectores políticos tradicionales: alarmismo, tergiversación y desprecio. Alegan que se trata de un intento de “reescribir la Constitución”, que “atenta contra la democracia” o que es una “maniobra populista”. Pero detrás de estos discursos se esconde una verdad incómoda: la derecha teme la participación directa de la ciudadanía, especialmente cuando esta puede poner en entredicho sus privilegios.

“Se está cometiendo una barbarie contra nuestro gremio. Nos persiguen, nos incautan los zorrillos, y se nos impide ejercer nuestra labor dignamente”, afirma Jonatan Rodríguez, representante de la Asociación de Recicladores Ecológicos.

Mesas de trabajo: una apuesta por la defensa colectiva del oficio

Desde Ecoalianza Estratégica y la Asociación Pedro León, liderazgos como el de Olga Vásquez insisten en la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo con el Estado. “Teníamos avances en la implementación del Decreto 014, pero luego nos bajaron del bus. No pedimos su derogatoria, pero sí ajustes que garanticen el ejercicio real del reciclaje en condiciones de dignidad”, señala.

Las mesas de trabajo conformadas en Bogotá han sido impulsadas gracias al acompañamiento del partido Comunes y el compromiso del senador Julián Gallo Cubillos, quien ha destinado un equipo técnico para acompañar este proceso.

Trabajo digno y justicia social: compromiso del senador Julián Gallo

Como parte de su agenda legislativa y territorial, el senador Julián Gallo ha respaldado públicamente a los recicladores como actores clave en la construcción de una Bogotá más justa y sostenible. “La paz y la justicia social se construyen también desde la defensa del trabajo digno. No puede haber reconciliación mientras se siga persiguiendo a quienes ejercen oficios esenciales para la vida”, ha expresado.

Desde su curul, el senador ha impulsado el respeto por el trabajo manual y ambientalmente vital, articulando con organizaciones sociales y comunitarias de recicladores de la capital, promoviendo rutas jurídicas, normativas y políticas para su protección.