En días recientes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha hecho públicos elementos de las sanciones en el marco del caso 01, sobre secuestros. Frente a estas, quiero expresar con claridad la posición que hemos sostenido desde siempre: no apelaremos la parte restaurativa de las sanciones. Por el contrario, la asumimos con responsabilidad, porque fue lo que pactamos en La Habana y porque desde hace más de ocho años hemos venido realizando acciones concretas de reparación, reconciliación y construcción de paz.
Desde la firma del Acuerdo, hemos impulsado iniciativas de desminado humanitario en Antioquia y el Meta, de restauración ambiental, de memoria y de reconocimiento temprano de responsabilidades. Lo hemos hecho incluso antes de la firma del Acuerdo, convencidos de que la paz no puede esperar.
Adicionalmente, podemos decir que proyectos como Revipaz, que reúne a víctimas y firmantes de paz en una Fundación, constituyen experiencia inédita de justicia restaurativa, son muestra de que la reconciliación no es un discurso, sino una práctica posible y necesaria.
Sin embargo, preocupa que en los pronunciamientos de algunos magistrados de la JEP aparezcan medidas de carácter punitivo —como restricciones a la movilidad o dispositivos electrónicos de vigilancia— que no corresponden al modelo de justicia restaurativa que fue pactado, firmado por el Estado colombiano y elevado a compromiso internacional ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ese tipo de medidas no solo contradicen el espíritu del Acuerdo de Paz, sino que resultan violatorias de lo que allí se estableció de manera taxativa: las sanciones no implican pérdida de derechos políticos, ni restricción de libertades más allá de lo acordado.
La paz exige coherencia. El Estado tiene la obligación de garantizar que las sanciones restaurativas puedan cumplirse. Nosotros seguiremos adelante, no por imposición, sino por compromiso ético, político y humano con las víctimas, el país y la comunidad internacional.
El Acuerdo de Paz no es un documento de opinión que pueda reinterpretarse a conveniencia: es un compromiso firmado por un jefe de Estado y reconocido por el sistema internacional. Pretender modificar su contenido es poner en riesgo no solo la confianza de quienes dejamos las armas, sino también la credibilidad de Colombia ante el mundo.
Hoy reitero lo que hemos dicho sin ambigüedades: la parte restaurativa, la cumpliremos. Las medidas punitivas que violan lo pactado, las apelaremos. Porque si algo nos ha enseñado este proceso es que la paz se construye con verdad, con justicia restaurativa y con cumplimiento de la palabra empeñada.
*Senador de la República de Colombia, presidente de la Comisión de Paz del Senado.
Por: Julián Gallo Cubillos
