Pensión y vejez: dignidad para quienes construyeron este país

Envejecer con dignidad: una urgencia social y política

En Colombia, millones de personas mayores viven sin pensión, en condiciones de pobreza y abandono. Este es uno de los mayores retos de la justicia social y de los derechos sociales en Colombia, donde envejecer no puede ser sinónimo de inequidad ni exclusión.

La reforma pensional: a la espera de su aprobación definitiva

El gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, presentó una reforma pensional estructural que fue aprobada por el Senado, pero actualmente se encuentra pendiente de su aprobación definitiva, luego de que la Corte Constitucional decidiera devolverla a la Cámara de Representantes por vicios en el trámite legislativo.

La propuesta —respaldada por el senador Julián Gallo— plantea la creación de un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Entre sus puntos más importantes se encuentran:

  • Consolidación de Colpensiones como administrador del régimen hasta 2.3 salarios mínimos, con posibilidad de ahorro complementario en fondos privados.
  • Reducción progresiva de semanas cotizadas para mujeres hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.
  • Reconocimiento de semanas adicionales por maternidad o servicio militar.
  • Establecimiento de una renta básica pensional de $223.800 para personas mayores en pobreza extrema que no cumplan los requisitos tradicionales de pensión.

Impacto territorial y social de la reforma

Esta reforma busca corregir inequidades históricas, ampliar la cobertura pensional e incorporar a más de 2 millones de personas mayores excluidas, especialmente en zonas rurales, comunidades afrodescendientes, indígenas y urbanas populares.

Además, armoniza la protección social con la participación activa de las personas mayores, reconocidas como guardianes de la memoria histórica y actores claves del desarrollo territorial.

El respaldo del senador Julián Gallo

En este marco, el senador Julián Gallo ha expresado su respaldo decidido a la reforma pensional, por considerarla una herramienta esencial para avanzar en la equidad social y garantizar los derechos fundamentales de quienes han sostenido al país con su trabajo.

Su compromiso se ha manifestado en los debates de la Comisión Primera del Senado y en espacios territoriales donde ha reiterado que la vejez no puede seguir siendo un espacio de exclusión ni pobreza, sino una etapa protegida por un Estado solidario y garante de derechos.

Vejez digna, deber nacional

La pensión no es un gasto: es un derecho. La reforma pensional impulsada por el Gobierno y respaldada por el senador Julián Gallo representa un paso firme hacia una Colombia más equitativa y solidaria, con enfoque territorial, perspectiva de género y justicia para quienes han dedicado su vida al trabajo y al cuidado.

Desde el Congreso, seguiremos defendiendo que la vejez sea una etapa de dignidad, reconocimiento y derechos, no de olvido.



Educación rural y participación: claves para una democracia territorial

Julián Gallo Cubillo

La educación rural como derecho y como base para la paz

En Colombia, la educación rural ha sido históricamente olvidada. Durante décadas, miles de niños, niñas y jóvenes en el campo han enfrentado barreras de acceso, precariedad en la infraestructura y ausencia de oportunidades de formación pertinente para su contexto. Pero más allá del derecho básico a la educación, lo que está en juego es algo mayor: la posibilidad de construir una democracia territorial, inclusiva y participativa.

El Acuerdo de Paz lo dejó claro: garantizar una educación con enfoque territorial es esencial para cerrar brechas, fortalecer el tejido social y permitir que las comunidades rurales ejerzan su ciudadanía de forma activa.

Educación y participación: un binomio para la transformación

Cuando hablamos de participación política, no solo nos referimos a votar. Se trata de que las comunidades puedan incidir en las decisiones que afectan sus vidas. Y para ello, la educación es fundamental: forma liderazgos, fortalece la organización social y genera pensamiento crítico.

Una educación rural con enfoque diferencial debe:

  • Reconocer los saberes ancestrales y campesinos.
  • Incorporar la historia del conflicto armado y la construcción de paz.
  • Preparar a los jóvenes para defender sus derechos y aportar a sus territorios.

Lee también: Sin participación no hay paz: el Punto 2 del Acuerdo de Paz

Impulso a la educación como derecho territorial

Desde el Congreso de la República hemos acompañado propuestas legislativas y debates que exigen una política educativa pensada para el campo.

Como senador y firmante del Acuerdo, he defendido:

  • La necesidad de financiación adecuada para la educación rural, con acceso digno a tecnología, conectividad y formación docente.
  • La articulación entre educación y desarrollo territorial, como vía para la paz sostenible.
  • El fortalecimiento de las escuelas como espacios democráticos, de participación, memoria y reconciliación.

Conoce más: Compromisos con la paz y la reconciliación desde el Congreso

Educar para quedarse: evitar el desarraigo

Uno de los grandes desafíos en los territorios rurales es el desplazamiento forzado, tanto por la violencia como por la falta de oportunidades. Una educación pertinente y de calidad puede ser una herramienta para que los jóvenes no tengan que abandonar sus tierras, sino que puedan formarse allí mismo para transformar su entorno.

Apostarle a la educación rural es apostar por el arraigo, la dignidad y el futuro del campo colombiano.

Sin educación rural no hay democracia verdadera

La justicia social comienza por reconocer que no puede haber ciudadanos de segunda categoría. El campo colombiano merece las mismas oportunidades que las ciudades. Y sin educación rural digna, no es posible construir una democracia participativa ni consolidar la paz.

Seguiré trabajando desde el Congreso para que el derecho a la educación sea una realidad en todos los rincones del país.

Garantías para líderes sociales: un compromiso pendiente

Julián Gallo Cubillos

Liderar en Colombia: una labor de alto riesgo

Ser líder o lideresa social en Colombia implica, muchas veces, enfrentar amenazas, estigmatización y, en el peor de los casos, perder la vida. Quienes defienden los derechos humanos, exigen justicia social o luchan por la tierra y el territorio, lo hacen con valentía, pero sin garantías.

A pesar del Acuerdo de Paz y del compromiso del Estado, las cifras de violencia contra líderes sociales siguen siendo alarmantes. Cada amenaza o asesinato no solo vulnera un derecho fundamental, sino que debilita la democracia y obstaculiza la reconciliación nacional.

El Acuerdo de Paz lo dejó claro: proteger a quienes protegen

El Punto 3.4 del Acuerdo de Paz establece compromisos claros sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Y el Punto 2, sobre participación política, reconoce que sin condiciones de seguridad, la participación es imposible.

Esto incluye:

  • Medidas de protección colectiva e individual.
  • Investigación y sanción efectiva contra los responsables.
  • Reconocimiento público a la labor social y comunitaria.
  • Presencia institucional integral en los territorios.

Sin embargo, muchos de estos compromisos siguen sin cumplirse. La implementación integral del Acuerdo de Paz no puede seguir postergándose, especialmente en lo que respecta a la vida y el ejercicio libre de la ciudadanía.

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Desde el Congreso: exigencia, control político y propuestas

Desde mi labor como senador y firmante del Acuerdo de Paz, he insistido de forma permanente en:

  • El fortalecimiento del sistema de protección para líderes sociales, incluyendo enfoques diferenciales por género, territorio y tipo de liderazgo.
  • La evaluación crítica de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y su reforma urgente.
  • La necesidad de establecer alertas tempranas con capacidad de respuesta inmediata.
  • La creación de una Política Pública de Protección Integral y Participativa.

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No se puede hacer política con miedo

Cuando un líder social es asesinado, no solo se apaga una voz: se rompe el tejido comunitario y se paraliza el ejercicio de la participación democrática. En muchas regiones del país, la política se sigue haciendo bajo amenaza, y esto es inaceptable en un Estado de derecho.

Garantizar la vida de quienes ejercen liderazgos sociales no es solo una obligación legal; es una condición ética y política para que la paz sea posible.

Que ser líder no cueste la vida

Colombia necesita una democracia donde nadie tenga que morir por pensar distinto, por organizar a su comunidad o por defender un derecho. La paz no puede construirse sobre el miedo.

Desde el Congreso, seguiremos alzando la voz, haciendo control político y proponiendo medidas concretas. Porque garantizar la vida de quienes lideran es garantizar la vida de la democracia misma.