Juicio a Álvaro Uribe Vélez: un paso hacia la verdad y la justicia

Julián Gallo Cubillos

Una señal de que la justicia avanza

El avance del juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez representa un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia. No se trata de una persecución política ni de un revanchismo personal, como algunos sectores han intentado posicionar. Se trata, ante todo, de un ejercicio legítimo del Estado de derecho y de la autonomía judicial, que debe ser respetado por todos los actores políticos y sociales.

Nadie por encima de la ley: garantía de no repetición

Durante décadas, amplios sectores de la sociedad colombiana —especialmente víctimas del conflicto armado— han exigido verdad, justicia y reparación, incluso frente a los más altos niveles del poder. Que un expresidente sea llamado a juicio demuestra que la justicia está viva y operando, y que ningún cargo o trayectoria política puede ser excusa para eludirla.

Este proceso judicial envía un mensaje claro: la impunidad no puede ser el destino de los crímenes que marcaron la guerra y el sufrimiento de miles de familias. Así se fortalece la democracia y se avanza en el cumplimiento del principio de no repetición, base de la justicia transicional.

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Por una paz que también signifique justicia

En un país que ha vivido más de medio siglo de guerra, la reconciliación solo será posible si hay verdad completa y responsabilidad asumida. El juicio a Álvaro Uribe no es solo un caso penal, sino una oportunidad histórica para que el país mire de frente los hechos que han estado en el centro del conflicto: paramilitarismo, persecuciones políticas, interceptaciones ilegales, y alianzas criminales con estructuras armadas.

Quienes han apostado por la paz desde la firma del Acuerdo creen que la verdad no puede seguir siendo sacrificada por cálculos políticos. Y que la dignidad de las víctimas no puede seguir esperando.

Sin justicia, no hay paz duradera

Desde el Congreso, el senador Julián Gallo reitera su respaldo a una justicia que avance sin miedo, con independencia y con rigor. El juicio a Álvaro Uribe Vélez es un paso indispensable para cerrar las heridas del pasado, honrar a las víctimas y garantizar que los hechos que marcaron los años más oscuros del país no vuelvan a repetirse.

Compromisos con la paz y la reconciliación 

Julián Gallo Cubillos

El Coro de Hijos e Hijas de la Paz: un símbolo vivo del acuerdo

En el camino de la reconciliación, también hay espacio para la esperanza y los gestos simbólicos que tocan el alma. Por eso impulsamos la creación del Coro de Hijos e Hijas de la Paz, una iniciativa que busca visibilizar a niñas, niños y jóvenes nacidos en el marco del Acuerdo, como semillas de un país nuevo.

El coro ha sido protagonista en actos conmemorativos recordándonos que la paz también se canta, se educa y se transmite entre generaciones.

Me llena de orgullo decir que mi propia hija, nacida tras la firma del Acuerdo, hace parte de este coro. Su voz, como la de muchas otras y otros, nos recuerda por qué luchamos: porque la paz no es solo un legado, es una promesa que debemos cumplirles.

Reconciliación: una apuesta de país

Reconciliar no significa olvidar, ni tampoco negar el conflicto. Significa asumir responsabilidades, reconocer al otro y construir un futuro compartido. Por eso, hemos defendido iniciativas que promuevan el respeto por la diferencia, la memoria histórica, y la participación de todos los sectores, incluidas las víctimas, los firmantes del acuerdo y las comunidades más afectadas por la violencia.

Reconciliar también es luchar contra la estigmatización. En un país polarizado, donde la paz sigue siendo blanco de ataques, es urgente fortalecer la pedagogía social y política para comprender lo que significan el perdón, la verdad y la justicia restaurativa.

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Un camino de coherencia política y ética

Como firmante del Acuerdo de Paz y actual senador de la República, mi compromiso con la reconciliación nacional, la justicia social y la implementación integral del Acuerdo no es solo político, sino también ético y personal. Defender la paz no es una tarea del pasado: es una responsabilidad presente que exige acciones concretas desde las instituciones.

Desde el Congreso, y especialmente desde la Comisión de Paz del Senado, hemos asumido este compromiso impulsando leyes, acompañando debates y escuchando a las comunidades que más han sufrido los efectos del conflicto armado.

Implementación real: de los compromisos al cumplimiento

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 trazó una hoja de ruta ambiciosa: transformar las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto armado. Aunque se han logrado avances importantes, aún existen retos significativos para llevar a cabo su implementación integral y efectiva.

Desde el Congreso hemos insistido en:

  • El cumplimiento del Punto 1 sobre Reforma Rural Integral y el acceso a la tierra.
  • La defensa del Punto 2 sobre participación política, con garantías reales para líderes sociales y comunidades.
  • El fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con énfasis en la JEP.
  • La continuidad del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, con enfoque de derechos y sostenibilidad.


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Bogotá: recicladores exigen respeto por su oficio y trabajo digno

Persecución en las calles: una amenaza a la dignidad laboral

La propuesta de una consulta popular ha generado una reacción predecible pero reveladora en los sectores políticos tradicionales: alarmismo, tergiversación y desprecio. Alegan que se trata de un intento de “reescribir la Constitución”, que “atenta contra la democracia” o que es una “maniobra populista”. Pero detrás de estos discursos se esconde una verdad incómoda: la derecha teme la participación directa de la ciudadanía, especialmente cuando esta puede poner en entredicho sus privilegios.

“Se está cometiendo una barbarie contra nuestro gremio. Nos persiguen, nos incautan los zorrillos, y se nos impide ejercer nuestra labor dignamente”, afirma Jonatan Rodríguez, representante de la Asociación de Recicladores Ecológicos.

Mesas de trabajo: una apuesta por la defensa colectiva del oficio

Desde Ecoalianza Estratégica y la Asociación Pedro León, liderazgos como el de Olga Vásquez insisten en la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo con el Estado. “Teníamos avances en la implementación del Decreto 014, pero luego nos bajaron del bus. No pedimos su derogatoria, pero sí ajustes que garanticen el ejercicio real del reciclaje en condiciones de dignidad”, señala.

Las mesas de trabajo conformadas en Bogotá han sido impulsadas gracias al acompañamiento del partido Comunes y el compromiso del senador Julián Gallo Cubillos, quien ha destinado un equipo técnico para acompañar este proceso.

Trabajo digno y justicia social: compromiso del senador Julián Gallo

Como parte de su agenda legislativa y territorial, el senador Julián Gallo ha respaldado públicamente a los recicladores como actores clave en la construcción de una Bogotá más justa y sostenible. “La paz y la justicia social se construyen también desde la defensa del trabajo digno. No puede haber reconciliación mientras se siga persiguiendo a quienes ejercen oficios esenciales para la vida”, ha expresado.

Desde su curul, el senador ha impulsado el respeto por el trabajo manual y ambientalmente vital, articulando con organizaciones sociales y comunitarias de recicladores de la capital, promoviendo rutas jurídicas, normativas y políticas para su protección.

Educación rural y participación: claves para una democracia territorial

Julián Gallo Cubillo

La educación rural como derecho y como base para la paz

En Colombia, la educación rural ha sido históricamente olvidada. Durante décadas, miles de niños, niñas y jóvenes en el campo han enfrentado barreras de acceso, precariedad en la infraestructura y ausencia de oportunidades de formación pertinente para su contexto. Pero más allá del derecho básico a la educación, lo que está en juego es algo mayor: la posibilidad de construir una democracia territorial, inclusiva y participativa.

El Acuerdo de Paz lo dejó claro: garantizar una educación con enfoque territorial es esencial para cerrar brechas, fortalecer el tejido social y permitir que las comunidades rurales ejerzan su ciudadanía de forma activa.

Educación y participación: un binomio para la transformación

Cuando hablamos de participación política, no solo nos referimos a votar. Se trata de que las comunidades puedan incidir en las decisiones que afectan sus vidas. Y para ello, la educación es fundamental: forma liderazgos, fortalece la organización social y genera pensamiento crítico.

Una educación rural con enfoque diferencial debe:

  • Reconocer los saberes ancestrales y campesinos.
  • Incorporar la historia del conflicto armado y la construcción de paz.
  • Preparar a los jóvenes para defender sus derechos y aportar a sus territorios.

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Impulso a la educación como derecho territorial

Desde el Congreso de la República hemos acompañado propuestas legislativas y debates que exigen una política educativa pensada para el campo.

Como senador y firmante del Acuerdo, he defendido:

  • La necesidad de financiación adecuada para la educación rural, con acceso digno a tecnología, conectividad y formación docente.
  • La articulación entre educación y desarrollo territorial, como vía para la paz sostenible.
  • El fortalecimiento de las escuelas como espacios democráticos, de participación, memoria y reconciliación.

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Educar para quedarse: evitar el desarraigo

Uno de los grandes desafíos en los territorios rurales es el desplazamiento forzado, tanto por la violencia como por la falta de oportunidades. Una educación pertinente y de calidad puede ser una herramienta para que los jóvenes no tengan que abandonar sus tierras, sino que puedan formarse allí mismo para transformar su entorno.

Apostarle a la educación rural es apostar por el arraigo, la dignidad y el futuro del campo colombiano.

Sin educación rural no hay democracia verdadera

La justicia social comienza por reconocer que no puede haber ciudadanos de segunda categoría. El campo colombiano merece las mismas oportunidades que las ciudades. Y sin educación rural digna, no es posible construir una democracia participativa ni consolidar la paz.

Seguiré trabajando desde el Congreso para que el derecho a la educación sea una realidad en todos los rincones del país.

Garantías para líderes sociales: un compromiso pendiente

Julián Gallo Cubillos

Liderar en Colombia: una labor de alto riesgo

Ser líder o lideresa social en Colombia implica, muchas veces, enfrentar amenazas, estigmatización y, en el peor de los casos, perder la vida. Quienes defienden los derechos humanos, exigen justicia social o luchan por la tierra y el territorio, lo hacen con valentía, pero sin garantías.

A pesar del Acuerdo de Paz y del compromiso del Estado, las cifras de violencia contra líderes sociales siguen siendo alarmantes. Cada amenaza o asesinato no solo vulnera un derecho fundamental, sino que debilita la democracia y obstaculiza la reconciliación nacional.

El Acuerdo de Paz lo dejó claro: proteger a quienes protegen

El Punto 3.4 del Acuerdo de Paz establece compromisos claros sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Y el Punto 2, sobre participación política, reconoce que sin condiciones de seguridad, la participación es imposible.

Esto incluye:

  • Medidas de protección colectiva e individual.
  • Investigación y sanción efectiva contra los responsables.
  • Reconocimiento público a la labor social y comunitaria.
  • Presencia institucional integral en los territorios.

Sin embargo, muchos de estos compromisos siguen sin cumplirse. La implementación integral del Acuerdo de Paz no puede seguir postergándose, especialmente en lo que respecta a la vida y el ejercicio libre de la ciudadanía.

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Desde el Congreso: exigencia, control político y propuestas

Desde mi labor como senador y firmante del Acuerdo de Paz, he insistido de forma permanente en:

  • El fortalecimiento del sistema de protección para líderes sociales, incluyendo enfoques diferenciales por género, territorio y tipo de liderazgo.
  • La evaluación crítica de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y su reforma urgente.
  • La necesidad de establecer alertas tempranas con capacidad de respuesta inmediata.
  • La creación de una Política Pública de Protección Integral y Participativa.

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No se puede hacer política con miedo

Cuando un líder social es asesinado, no solo se apaga una voz: se rompe el tejido comunitario y se paraliza el ejercicio de la participación democrática. En muchas regiones del país, la política se sigue haciendo bajo amenaza, y esto es inaceptable en un Estado de derecho.

Garantizar la vida de quienes ejercen liderazgos sociales no es solo una obligación legal; es una condición ética y política para que la paz sea posible.

Que ser líder no cueste la vida

Colombia necesita una democracia donde nadie tenga que morir por pensar distinto, por organizar a su comunidad o por defender un derecho. La paz no puede construirse sobre el miedo.

Desde el Congreso, seguiremos alzando la voz, haciendo control político y proponiendo medidas concretas. Porque garantizar la vida de quienes lideran es garantizar la vida de la democracia misma.