Cada 6 de agosto, Bogotá conmemora su fundación, recordándonos la riqueza histórica, cultural y social de la capital del país. Este año, desde el Congreso de la República, el senador Julián Gallo Cubillos rinde homenaje a la ciudad, reconociendo su papel fundamental en la búsqueda de la reconciliación nacional y la construcción de paz sostenible en Colombia.
Bogotá, cuna de diversidad y oportunidades
Bogotá es un territorio donde confluyen millones de historias de vida, marcadas por la migración, la resistencia y los sueños de quienes la habitan. Es una ciudad que representa el país en toda su complejidad: desigualdades profundas, pero también una capacidad inmensa de movilización social, de lucha por los derechos humanos y de búsqueda de justicia social.
Un compromiso con la ciudad y su gente
El senador Julián Gallo ha destacado que Bogotá es un escenario en donde construir futuro, donde el diálogo, la participación ciudadana y la convivencia deben ser pilares para avanzar hacia una Colombia más equitativa y reconciliada.
“Bogotá nos ha enseñado que la diversidad es nuestra mayor fortaleza, que el diálogo y la convivencia son el camino para construir futuro. Esta ciudad merece paz, justicia y oportunidades para todas y todos”, expresó el senador.
Bogotá, capital de la paz y la memoria
En este nuevo aniversario, el llamado es a que Bogotá sea capital de la paz, epicentro de memoria histórica, participación ciudadana y democracia incluyente. Una ciudad que reconozca sus heridas, trabaje por cerrar las brechas sociales y contribuya a consolidar la reconciliación política en Colombia.
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Bogotá celebra su aniversario: la ciudad que sueña con la paz
JEP a la deriva: sin garantías para víctimas ni comparecientes
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), concebida como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, atraviesa hoy una crisis de legitimidad y eficacia que preocupa profundamente a víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz. A casi nueve años de la firma, las demoras en las decisiones judiciales, la falta de garantías procesales y la ausencia de una ruta clara para sentencias integrales han puesto en entredicho la promesa de justicia que dio origen a esta jurisdicción. Este artículo de Camilo Ernesto Fagua expone las fallas estructurales y los riesgos de impunidad que se ciernen sobre un sistema que nació para cerrar el ciclo de la guerra y hoy parece desviarse de ese propósito.
Camilo Ernesto Fagua
*Abogado defensor de Derechos Humanos y parte de la defensa de las antiguas FARC en la JEP.
Hace más de ocho años, la JEP, como parte del Sistema Integral creado en el Acuerdo Político de Paz suscrito en 2016, se integró a la estructura del Estado. En consecuencia, tanto su marco normativo como el actuar de sus funcionarios quedaron sometidos al imperio de la Constitución, con el propósito de contribuir a materializar la paz como derecho de toda la sociedad. Por ello, escuchar a algunos magistrados afirmar que los reclamos por la vulneración de derechos fundamentales a los comparecientes de las otrora FARC-EP no tienen suficiente relevancia, y que los procedimientos pueden continuar como si nada ocurriera, evidencia el preocupante rumbo que ha tomado esta jurisdicción.
Cuando las 12.119 personas que hoy continúan activas en su proceso de reincorporación depusieron las armas, no solo asumieron los compromisos del Acuerdo, sino que confiaron legítimamente en el Estado colombiano como garante de sus derechos. Especialmente, en aquellos contenidos en el capítulo 1 de la Constitución y en los mecanismos establecidos para su exigibilidad. Resulta incomprensible que la jurisdicción creada para la paz y la reconciliación, por decisión de algunos de sus funcionarios, hoy siente las bases de una justicia fragmentada que puede conducir a la impunidad, contrariando los derechos de las víctimas.
La historia de esta controversia se remonta al 24 de abril de 2025, cuando, ante la falta de una respuesta jurídica clara, el último secretariado de las extintas FARC-EP recurrió a la acción de tutela para exigir la protección de sus derechos fundamentales, vulnerados por la inacción de la JEP y la inaplicabilidad del artículo de su ley estatutaria que ordena emitir una única resolución de conclusiones por persona. Tres meses después, sin un fallo definitivo, ya se han interpuesto otras dos tutelas que incluso solicitan que sea la Corte Constitucional quien resuelva de fondo esta situación.
La razón de ser de esa única resolución de conclusiones es precisamente garantizar que las sentencias recojan la totalidad de los hechos y conductas más graves y representativas, permitiendo así la individualización de los máximos responsables —como lo ha indicado la Corte Constitucional—, en función de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación integral, y evitando decisiones parciales que abran la puerta a la impunidad.
La JEP perdió una oportunidad histórica. En un acto sin precedentes, en octubre de 2024, el secretariado de las ex FARC renunció al derecho universal de la presunción de inocencia sobre hechos ya contrastados, solicitando a cambio la imposición de una única sanción por las conductas no amnistiables de las que se han declarado responsables. La magistratura pudo haber aprovechado ese gesto para unificar los procesos de los siete comparecientes y acelerar el ritmo hacia una sanción integral. Desde 2021, reposan en sus escritorios informes completos entregados por las víctimas.
Es paradójico: mientras expresidentes que eludieron la competencia de la JEP siguen utilizando peligrosas maniobras para atacar la institucionalidad y perpetuar la impunidad en la justicia ordinaria, son los máximos responsables de las ex FARC quienes hoy reclaman celeridad y sanciones, en cumplimiento de la ley.
En 2018, las víctimas depositaron su confianza en la posibilidad de acceder a la verdad y la justicia sin revanchas. Esa confianza aún puede rescatarse, si los funcionarios de la jurisdicción hacen un alto en el camino, trazan un verdadero plan de unificación de procesos, y retoman el rumbo del Acuerdo de Paz, garantizando los derechos de todas las partes involucradas.
Jaime Garzón: 26 años de un crimen contra la risa y la verdad
El jueves 13 de agosto de 1999 fue asesinado Jaime Garzón, el periodista y humorista que logró convertir la risa en denuncia. Con sus personajes, su humor inteligente y su compromiso con la paz, Jaime creó un hito en la historia del país. Su voz cuestionó múltiples poderes y posicionó en el escenario público discusiones y temas que nadie se atrevía a mencionar, como la corrupción, el abuso de poder, la relación entre militares y paramilitares, la desigualdad y la exclusión social.
Comunicar es resistir: el legado de Garzón
Jaime Garzón interpretó múltiples personajes que reflejaban diferentes realidades de la sociedad colombiana, entre ellos Heriberto de la Calle, Godofredo Cínico Caspa, Dioselina Tibaná y Jhon Lenin. Fue a partir de estas creaciones que el periodista logró contribuir a la construcción de una mirada amplia y diversa del país.
Además, posicionó a los medios de comunicación como actores imprescindibles para enriquecer el debate público, al pasar de enfocarse exclusivamente en el entretenimiento o en la información parcial, a convertirse en vehículos de crítica política y social. Su labor también contribuyó a generar discusiones en la sociedad, no solo sobre temas coyunturales, sino también sobre problemáticas sociales que tradicionalmente eran silenciadas.
Su mayor legado es el uso del humor y de la sátira para humanizar la política, pues ubicó al ciudadano común en el centro de la discusión pública. A través de la interpretación de la realidad de diferentes clases sociales y del impacto del poder político en diversos contextos, invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre la realidad del país.
El impacto de su labor fue tal que, más de dos décadas después, sigue siendo inspiración para periodistas y comunicadores que, a través del ejercicio de su profesión, buscan contribuir al fortalecimiento de la democracia.
Asimismo, su compromiso con la paz y la defensa de los derechos humanos motivó a miles de personas a comprometerse con la defensa de la vida y la libertad de expresión. Tanto así, que hoy en día su nombre está presente en instituciones educativas, centros de pensamiento y reflexión,espacios culturales y premios nacionales. Su asesinato, en vez de opacar otras voces críticas, se convirtió en un ejemplo de resistencia desde el periodismo, la creatividad y el humor.
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La justicia sigue en deuda.
Después de 26 años de su asesinato, el Estado colombiano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad por la participación de agentes estatales, tanto en el crimen como en la dilatación de la investigación, afectando también los derechos de sus familiares. Aunque existen algunas condenas en firme contra los actores intelectuales y este reconocimiento representa un avance significativo, aún falta el esclarecimiento pleno de los hechos.
25 de julio: dignidad y resistenciaen el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente
Este 25 de julio, en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Afrolatina, Caribeña y de la Diáspora, nos unimos a la conmemoración de las luchas históricas, la resistencia cotidiana y las
apuestas por la vida digna de las mujeres afrocolombianas y del continente.
En Colombia, las mujeres afrodescendientes son pilar fundamental en la construcción de paz, la defensa del territorio y los derechos colectivos, a pesar de haber sido históricamente marginadas, racializadas y violentadas. Reconocemos su papel clave en procesos de organización comunitaria, reivindicación de la identidad étnicoracial, y en la lucha contra el racismo estructural y el patriarcado.
Compromiso legislativo con la justicia étnico-racial y la participación de las mujeres afrodescendientes en la construcción de paz.
Este día es también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso como congresistas con la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, la representación política efectiva, y el
acceso equitativo a los derechos para las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Como lo hemos hecho desde nuestra labor legislativa y territorial, reiteramos nuestro respaldo a sus procesos organizativos, a las lideresas sociales y a las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz que,
desde sus comunidades, continúan apostándole a un país justo, incluyente y sin discriminación.
Las vidas afrodescendientes importan. Las voces de las mujeres afro deben ser escuchadas y respetadas.
La vida de los que construyen paz sigue en riesgo
Colombia sigue siendo un país profundamente riesgoso para quienes defienden los derechos humanos, promueven la cultura en sus comunidades o transitaron el camino de la reincorporación para apostarle a una vida en paz. En menos de dos semanas, tres firmantes del Acuerdo de Paz y un joven líder cultural han sido asesinados, mostrando con crudeza la persistencia de la violencia contra quienes decidieron apostarle a la paz.
Violencia persistente contra quienes le apuestan a la paz
El 14 de julio de 2025 fueron asesinados Ferney Elago Caviche y Florilba Ramos Morano, firmantes del Acuerdo de Paz, en su vivienda ubicada en la vereda Valle Nuevo, municipio de Silvia, Cauca. Ambos hacían parte del antiguo ETCR Los Monos en Caldono y adelantaban su proceso de reincorporación como administradores de un proyecto colectivo de cultivo de aguacate Hass perteneciente a la cooperativa Cooomep. La Defensoría del Pueblo había advertido desde 2023 un riesgo inminente en la zona debido a amenazas, homicidios y confinamientos forzados que se han intensificado por la presencia de grupos armados como el EMC, el ELN y bandas locales.
Días antes, el 30 de junio, fue hallado sin vida William Ferney Pazú, joven líder cultural de Jambaló (Cauca), apasionado por la música y el trabajo comunitario. Dinamizador del proceso musical Kwess fxiw – Nuestras semillas e integrante del grupo Los Tiraflechas, su asesinato en zona de fuerte presencia armada representa un golpe profundo a la construcción de paz desde los territorios.
El 9 de julio fue encontrado el cuerpo sin vida de Giovanni Ordóñez Triana, firmante del Acuerdo de Paz, tras ser reportado como desaparecido en Fusagasugá. Estaba en proceso de reincorporación en Icononzo, Tolima. La zona de su hallazgo también había sido señalada por la Defensoría como territorio bajo amenaza.
Un llamado urgente al Estado y la sociedad
Estas tragedias no son hechos aislados. Son la muestra del incumplimiento del Estado con lo pactado en el punto 3 del Acuerdo de Paz, relativo a las garantías de seguridad, y es también el reflejo de una sociedad que no ha logrado superar la indiferencia. Cada atentado contra un firmante de paz es un crimen contra la paz de nuestro país.
A casi nueve años de la firma del Acuerdo, estos asesinatos nos recuerdan que la paz es un proceso que exige compromiso con la verdad, memoria histórica y garantías reales para la vida de quienes la construyen día a día en condiciones adversas. La impunidad también mata.
¿Cuántos líderes más deben caer para que el Estado actúe?
No se puede hablar de reconciliación ni de democracia mientras se siga asesinando a quienes lideran procesos de transformación en Colombia. Desde el Congreso, voces como la del senador Julián Gallo Cubillos han sido insistentes en denunciar estos crímenes y exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Tal como se expone en el artículo “El compromiso del senador Julián Gallo con la implementación del Acuerdo de Paz”, la defensa de la vida de los firmantes no es solo un deber moral, sino una condición básica para que Colombia avance hacia una reconciliación real y duradera.
Santa Marta: 500 años de historia, desafíos y compromiso con los territorios
El 29 de julio de 1525 se fundó oficialmente la ciudad de Santa Marta, la más antigua aún existente en Colombia. A cinco siglos de ese hecho histórico, esta conmemoración invita no solo a recordar, sino a mirar de frente los desafíos presentes en una región cargada de historia, belleza natural y profundas deudas sociales.
Santa Marta cumple 500 años entre contrastes: una ciudad marcada por la diversidad cultural, la resistencia de sus pueblos indígenas y afrodescendientes, y una ubicación privilegiada que la convierte en destino turístico. Pero también una ciudad que reclama mayor inversión social, reconocimiento territorial y garantías para sus comunidades rurales, urbanas y populares.
Esta efeméride es una oportunidad para renovar el compromiso con los territorios, con la implementación integral del Acuerdo de Paz, con la inclusión social, y con un modelo de desarrollo que respete la dignidad de sus habitantes y el valor ambiental de su entorno.
La Sierra Nevada, corazón espiritual del Caribe colombiano, sigue siendo un símbolo vivo de sabiduría ancestral y equilibrio ambiental. Los pueblos indígenas que la habitan llevan siglos cuidándola. Sus voces deben ser parte activa de la visión de futuro de la ciudad.
Conmemorar 500 años también implica reconocer que la paz se construye desde lo local. Desde las comunidades que defienden el agua, la cultura, el territorio; desde las víctimas del conflicto que esperan verdad y reparación; y desde quienes decidieron dejar atrás el conflicto armado para contribuir con sus manos a una nueva Colombia.
Este enfoque territorial no es nuevo. Como se destaca en el artículo “Sucre en el corazón: el compromiso del senador Julián Gallo con el Caribe”, la presencia activa en departamentos históricamente olvidados y la escucha directa a campesinos, pueblos indígenas y firmantes del Acuerdo ha sido clave para fortalecer una paz con justicia social en la región. La experiencia en Sucre resuena también en Santa Marta: la paz se siembra caminando el territorio y reconociendo a sus protagonistas.
Santa Marta tiene todo para ser referente de reconciliación, desarrollo y justicia social. La historia que viene debe escribirse con los pueblos, no sobre ellos.
Condena a Álvaro Uribe Vélez: un hito para la justicia y un llamado a la verdad histórica
La reciente condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal constituye un hecho sin precedentes en la historia nacional. En un país donde, durante décadas, las élites políticas han encontrado mecanismos para evadir la justicia, este fallo abre una puerta hacia la reconciliación nacional en Colombia, basada en la verdad, la memoria histórica y la lucha por la justicia social.
Un paso histórico, pero no suficiente
Aunque la condena es un avance importante en términos de transparencia y ética pública, no responde a los delitos más graves por los cuales el expresidente debería haber rendido cuentas. Sobre él pesan acusaciones de haber favorecido, durante su vida pública, a mafias del narcotráfico y estructuras de narcoparamilitarismo, responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia y crímenes de lesa humanidad.
Verdad, memoria y reconciliación: una tarea pendiente
Este fallo debería convertirse en el punto de partida para una conversación nacional que ponga en el centro la importancia de la memoria histórica en Colombia, la verdad sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado y las responsabilidades de quienes han ejercido el poder durante más de 200 años de vida republicana.
Urge que todos los sectores —partidos políticos, iglesias, empresarios, insurgencia, altos mandos militares y sociedad civil— asuman un compromiso con la verdad y la memoria histórica, como condición indispensable para avanzar en la construcción de paz sostenible y evitar que estas tragedias se repitan.
Nunca más: hacia un liderazgo transformador para la paz
El país necesita un liderazgo transformador colombiano, dispuesto a romper los pactos de silencio, fortalecer la justicia transicional y garantizar que la verdad salga
a la luz. Solo así podremos reconstruir el rompecabezas de nuestra tragedia nacional, ofrecer reparación a las víctimas y, finalmente, decir con una sola voz: ¡Nunca más!
Sucre en el corazón: el compromiso del senador Julián Gallo con el Caribe profundo
Un compromiso constante con los territorios olvidados
El departamento de Sucre ha sido históricamente una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, la pobreza estructural y el abandono estatal. Pero también es un territorio que resiste, que se organiza y que mantiene viva la esperanza de paz con justicia social.
Durante estos años de trabajo legislativo, el senador Julián Gallo Cubillos ha visitado reiteradamente el departamento de Sucre, recorriendo sus municipios y corregimientos, dialogando con comunidades campesinas, afrodescendientes, firmantes del Acuerdo de Paz, comunidades indígenas y organizaciones sociales que luchan por una vida digna en medio de las adversidades.
Presencia activa en el territorio: lo que hemos hecho en Sucre
En cada visita, el senador ha escuchado de primera mano las preocupaciones y propuestas de las comunidades, fortaleciendo su compromiso con una política cercana a la gente, centrada en la participación ciudadana, el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y la defensa de los derechos sociales.
Entre las acciones destacadas en Sucre se encuentran:
- Acompañamiento a firmantes del Acuerdo en proceso de reincorporación y defensa de su seguridad.
- Participación en Cabildos Populares en Sincelejo y zonas rurales, como Chalán y Ovejas.
- Reuniones con organizaciones de mujeres rurales y líderes campesinos en la subregión de los Montes de María.
- Visitas a los corregimientos de Doña Ana y Santiago Apóstol, en el municipio de San Benito Abad, escuchando a sus comunidades rurales y liderazgos locales.
- Acompañamiento a comunidades indígenas en el municipio de San Marcos, en procesos de organización para el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos.
- Denuncia de la falta de garantías en materia de acceso a tierras, educación rural, salud y protección ambiental.
- Respaldo a iniciativas locales de economía popular, comunicación comunitaria y sustitución de cultivos.
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Una nueva visita para seguir escuchando y construyendo
Este fin de semana, el senador Julián Gallo regresará al departamento de Sucre para continuar este proceso de diálogo directo y seguimiento territorial. Su agenda incluye:
- Encuentros con comunidades firmantes del Acuerdo y líderes sociales amenazados.
- Reuniones con plataformas campesinas y afrodescendientes de la región.
- Visitas a proyectos comunitarios productivos y espacios de formación política.
El objetivo es visibilizar las demandas del Caribe profundo en el Congreso, y convertir esas voces en iniciativas legislativas, control político y exigencias concretas al Gobierno Nacional.
La paz se construye con presencia y coherencia
La presencia constante en Sucre refleja una forma de hacer política distinta: cercana, comprometida y profundamente territorial. Para el senador Julián Gallo, la implementación del Acuerdo de Paz y la reconciliación no son discursos abstractos, sino acciones concretas que comienzan escuchando a quienes más han sufrido la guerra y el abandono.
Pensión y vejez: dignidad para quienes construyeron este país
Envejecer con dignidad: una urgencia social y política
En Colombia, millones de personas mayores viven sin pensión, en condiciones de pobreza y abandono. Este es uno de los mayores retos de la justicia social y de los derechos sociales en Colombia, donde envejecer no puede ser sinónimo de inequidad ni exclusión.
La reforma pensional: a la espera de su aprobación definitiva
El gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, presentó una reforma pensional estructural que fue aprobada por el Senado, pero actualmente se encuentra pendiente de su aprobación definitiva, luego de que la Corte Constitucional decidiera devolverla a la Cámara de Representantes por vicios en el trámite legislativo.
La propuesta —respaldada por el senador Julián Gallo— plantea la creación de un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Entre sus puntos más importantes se encuentran:
- Consolidación de Colpensiones como administrador del régimen hasta 2.3 salarios mínimos, con posibilidad de ahorro complementario en fondos privados.
- Reducción progresiva de semanas cotizadas para mujeres hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.
- Reconocimiento de semanas adicionales por maternidad o servicio militar.
- Establecimiento de una renta básica pensional de $223.800 para personas mayores en pobreza extrema que no cumplan los requisitos tradicionales de pensión.
Impacto territorial y social de la reforma
Esta reforma busca corregir inequidades históricas, ampliar la cobertura pensional e incorporar a más de 2 millones de personas mayores excluidas, especialmente en zonas rurales, comunidades afrodescendientes, indígenas y urbanas populares.
Además, armoniza la protección social con la participación activa de las personas mayores, reconocidas como guardianes de la memoria histórica y actores claves del desarrollo territorial.
El respaldo del senador Julián Gallo
En este marco, el senador Julián Gallo ha expresado su respaldo decidido a la reforma pensional, por considerarla una herramienta esencial para avanzar en la equidad social y garantizar los derechos fundamentales de quienes han sostenido al país con su trabajo.
Su compromiso se ha manifestado en los debates de la Comisión Primera del Senado y en espacios territoriales donde ha reiterado que la vejez no puede seguir siendo un espacio de exclusión ni pobreza, sino una etapa protegida por un Estado solidario y garante de derechos.
Vejez digna, deber nacional
La pensión no es un gasto: es un derecho. La reforma pensional impulsada por el Gobierno y respaldada por el senador Julián Gallo representa un paso firme hacia una Colombia más equitativa y solidaria, con enfoque territorial, perspectiva de género y justicia para quienes han dedicado su vida al trabajo y al cuidado.
Desde el Congreso, seguiremos defendiendo que la vejez sea una etapa de dignidad, reconocimiento y derechos, no de olvido.
Juicio a Álvaro Uribe Vélez: un paso hacia la verdad y la justicia
Julián Gallo Cubillos
Una señal de que la justicia avanza
El avance del juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez representa un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia. No se trata de una persecución política ni de un revanchismo personal, como algunos sectores han intentado posicionar. Se trata, ante todo, de un ejercicio legítimo del Estado de derecho y de la autonomía judicial, que debe ser respetado por todos los actores políticos y sociales.
Nadie por encima de la ley: garantía de no repetición
Durante décadas, amplios sectores de la sociedad colombiana —especialmente víctimas del conflicto armado— han exigido verdad, justicia y reparación, incluso frente a los más altos niveles del poder. Que un expresidente sea llamado a juicio demuestra que la justicia está viva y operando, y que ningún cargo o trayectoria política puede ser excusa para eludirla.
Este proceso judicial envía un mensaje claro: la impunidad no puede ser el destino de los crímenes que marcaron la guerra y el sufrimiento de miles de familias. Así se fortalece la democracia y se avanza en el cumplimiento del principio de no repetición, base de la justicia transicional.
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Por una paz que también signifique justicia
En un país que ha vivido más de medio siglo de guerra, la reconciliación solo será posible si hay verdad completa y responsabilidad asumida. El juicio a Álvaro Uribe no es solo un caso penal, sino una oportunidad histórica para que el país mire de frente los hechos que han estado en el centro del conflicto: paramilitarismo, persecuciones políticas, interceptaciones ilegales, y alianzas criminales con estructuras armadas.
Quienes han apostado por la paz desde la firma del Acuerdo creen que la verdad no puede seguir siendo sacrificada por cálculos políticos. Y que la dignidad de las víctimas no puede seguir esperando.
Sin justicia, no hay paz duradera
Desde el Congreso, el senador Julián Gallo reitera su respaldo a una justicia que avance sin miedo, con independencia y con rigor. El juicio a Álvaro Uribe Vélez es un paso indispensable para cerrar las heridas del pasado, honrar a las víctimas y garantizar que los hechos que marcaron los años más oscuros del país no vuelvan a repetirse.
