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El pasado martes 23 de septiembre, el senador Julián Gallo Cubillos, desde la bancada Comunes, lideró la radicación de un Proyecto de Ley para declarar la gastronomía tradicional y ancestral de Santa Marta como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Con esta iniciativa, el senador busca reconocer el profundo valor histórico y cultural de la cocina samaria, así como su papel en la construcción de identidad. Al mismo tiempo, subraya su potencial para impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región.

Cocina samaria: memoria, territorio y mestizaje

Para el senador Gallo, la cocina samaria es una expresión viva de memoria y mestizaje, producto de los encuentros culturales entre pueblos indígenas —kogui, arhuacos, wiwas y kankuamos—, comunidades afrocolombianas, colonos españoles y migrantes árabes.

Cada preparación está estrechamente ligada al mar Caribe, la Sierra Nevada y el río Magdalena. Desde platos como el cayeye y el mote de queso, hasta el arroz con chipi chipi, el cabrito guisado o el pescado frito con arroz de coco, cada receta cuenta una historia de resistencia, adaptación y transmisión cultural.

Reconocer esta riqueza culinaria, afirma el senador, es honrar la memoria colectiva y fortalecer la diversidad cultural del país.

Más que ingredientes: identidad, memoria y diversidad

El proyecto también resalta que muchos de estos alimentos poseen significados espirituales, especialmente en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, donde se mantienen prácticas como el consumo ritual del chirrinchi, el mambe o la chicha de maíz.

Esta diversidad culinaria no solo alimenta el cuerpo, sino que nutre la memoria colectiva y la identidad regional de Santa Marta, convirtiéndose en un símbolo de encuentro y de orgullo cultural.

Impulso al turismo, la economía local y el empleo

Bajo el liderazgo del senador Julián Gallo, la iniciativa plantea que la comida ancestral y tradicional de Santa Marta puede convertirse en un motor de crecimiento económico, social y cultural.

Al reconocerla como Patrimonio Cultural Inmaterial, se abren oportunidades para fortalecer el turismo gastronómico, dinamizar las economías locales, proteger saberes ancestrales y generar empleo digno en comunidades rurales, urbanas e indígenas.

Asimismo, este reconocimiento busca revitalizar prácticas sostenibles de cultivo y pesca, y posicionar a Santa Marta como un referente nacional e internacional de diversidad culinaria con raíces profundas en su historia y su territorio.

El Congreso de la República avanza en la discusión del Proyecto de Ley 076 de 2024 Senado, que busca otorgar una amnistía a campesinos deudores del Banco Agrario afectados por la violencia, los siniestros ambientales, la pandemia del Covid-19 o plagas y enfermedades que han devastado cultivos y animales.

La iniciativa, aprobada en primer debate y con ponencia positiva para segundo debate en el Senado, plantea medidas concretas:

• Reducción de hasta el 80% del capital adeudado para pequeños productores y del 60% para medianos.
  
• Condonación de intereses corrientes y de mora, así como de honorarios y gastos de cobranza.
  
• Rehabilitación crediticia que permita a los campesinos volver a acceder a créditos.
  
• Terminación de cobros jurídicos en curso para los beneficiarios.
  

Una necesidad histórica para el campesinado

Las comunidades rurales han cargado durante décadas con deudas impagables, no por falta de voluntad, sino por la inestabilidad que produce la violencia, el desplazamiento, los fenómenos climáticos y las crisis económicas. A esto se suman los efectos de la pandemia, que golpearon de manera particular a las familias campesinas.

Desde el Partido Comunes hemos respaldado históricamente iniciativas de alivio financiero y acompañamiento al campesinado. Hoy, con este nuevo proyecto en curso, reafirmamos nuestro compromiso de defender la dignidad y el bienestar de quienes trabajan la tierra.

Una proposición para mejorar la ley

En coherencia con ese compromiso, presentamos una proposición de modificación al articulado del proyecto, con el fin de ampliar la definición de beneficiarios, precisar criterios y asegurar que los pequeños productores de ingresos bajos reciban un alivio proporcional a su realidad económica.

Estas modificaciones buscan garantizar que la ley cumpla su verdadero propósito: ser un instrumento de justicia social para quienes sostienen la seguridad alimentaria del país.

El Gobierno del Cambio ya ha dado pasos

Cabe recordar que el Gobierno del Cambio ha implementado medidas en la misma dirección, como la reducción de hasta el 40% en los créditos del Banco Agrario para campesinos que inviertan en proyectos de manejo del agua y sostenibilidad productiva.

Estas políticas, sumadas a la amnistía que hoy se discute en el Congreso, apuntan a aliviar la carga financiera, recuperar la capacidad productiva del campesinado y promover un campo con más oportunidades.

Colombia ha vivido todos los horrores del conflicto armado. Durante décadas, la violencia ha afectado a millones de colombianos y colombianas: desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones, y comunidades enteras sometidas al miedo, la exclusión y la violencia.

El Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP, reconoce esta realidad. También reconoce, el dolor histórico de comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rom. Por ello, más que un componente técnico, este punto representa una apuesta ética y política: poner a las víctimas en el centro de la construcción de una nueva Colombia.

Nuestro compromiso como firmantes de paz

El Acuerdo de Paz estableció el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), una Acuerdo sin precedentes en la historia de la solución política de los conflictos en el mundo. Este sistema fue construido a partir de propuestas y recomendaciones recogidas directamente de las víctimas y de diversos sectores sociales, a través de diferentes mecanismos de participación promovidos por la Mesa de Conversaciones.

Desde la concepción y definición del Acuerdo, nuestro compromiso con las víctimas ha sido claro y firme. Como firmantes de paz, nuestra contribución constante al SIVJRNR es testimonio de esa voluntad inquebrantable. Creemos en la verdad, en la justicia, en la reparación y en la garantía de que el horror del conflicto nunca se repita. Avanzamos hacia una Colombia donde la paz con justicia social, política y económica sea una realidad duradera.

Es fundamental recordar que el Acuerdo no es un simple pacto entre el Estado colombiano y un actor armado, sino un compromiso para la construcción de una paz justa, que debe partir del reconocimiento pleno de las víctimas como el corazón del proceso. Sin ese reconocimiento y su participación activa, no existe una paz posible ni legítima.

Persistimos, a pesar de las dificultades

En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, uno de los desafíos más graves y difíciles de superar ha sido la violencia y la persecución contra quienes apostamos por la paz: más de 450 firmantes han sido asesinados desde 2016. Esta realidad compleja y dolorosa no ha frenado nuestro compromiso. Por el contrario, nos reafirma en la convicción de que el camino de la paz, la verdad y la justicia es irreversible.

¡Por las víctimas, por sus derechos, por la dignidad colectiva: seguimos adelante!

El próximo año se celebrarán elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República en Colombia. En este contexto preelectoral resulta imprescindible reflexionar sobre uno de los compromisos más relevantes del Acuerdo de Paz: el Punto 2, “Participación política. Apertura democrática para construir la paz”.

Este punto no se limita a garantizar el tránsito de las antiguas FARC-EP a la vida política; su objetivo es mucho más amplio: profundizar la democracia colombiana, abrir espacios a sectores históricamente excluidos de la institucionalidad y de la toma de decisiones, garantizar que nuevas voces puedan expresarse y tener representación en el escenario político, brindar garantías efectivas de seguridad para el ejercicio político y el liderazgo social, así como, reconocer el derecho a la protesta y la movilización social.

Sin embargo, a casi una década de la firma del Acuerdo, es necesario preguntarse en qué medida estas disposiciones han sido implementadas, cuáles permanecen rezagadas y cómo podrían incidir en el panorama electoral que se avecina.

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El estado de la implementación

El Punto 2 se estructura en tres pilares fundamentales: Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición, especialmente para los nuevos movimientos que surgieron tras la firma del Acuerdo, Mecanismos democráticos de participación ciudadana, con énfasis en formas de participación directa y promoción de una mayor participación en la política nacional, regional y local, en condiciones de igualdad y con garantías de seguridad.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), el avance total de este punto es de apenas 54,82%. El pilar 2 alcanza un 63,14%, el pilar 3 llega a un 53,9% y el pilar 1 apenas alcanza un 37,34%. Esto significa que el aspecto más rezagado sigue siendo precisamente el de las garantías para el ejercicio pleno de la oposición y de los movimientos y fuerzas políticas que surgieron después del acuerdo.

Una democracia sin garantías plenas

La pregunta es: ¿cómo avanzar hacia una apertura democrática real y efectiva si aún no existen garantías suficientes para la participación política? Este es uno de los grandes retos de la contienda electoral que se aproxima.

La democracia colombiana sólo podrá fortalecerse si se generan mecanismos y estrategias que amplíen el espectro político, permitiendo que partidos emergentes y fuerzas minoritarias compitan en igualdad de condiciones frente a los partidos tradicionales y mayoritarios. Una democracia real y efectiva no puede exigir como precio de entrada la renuncia a la autonomía política o la asimilación a las lógicas hegemónicas.

Por otra parte, mientras persistan los asesinatos, las amenazas, los desplazamientos y la estigmatización contra los firmantes de paz, defensores de derechos humanos y ambientales y los liderazgos sociales, tampoco podrá hablarse de una verdadera democracia.

La verdadera paz política en Colombia dependerá de que el compromiso de “apertura democrática” deje de ser una promesa parcial y se convierta en una realidad tangible para todas las voces del país.

El senador Julián Gallo Cubillos asume la presidencia de la Comisión de Paz del Senado de la República, un espacio crucial para avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz, fortalecer la reconciliación nacional en Colombia y garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado.

Con una trayectoria reconocida en los procesos de paz en Colombia, Julián Gallo llega a esta responsabilidad reafirmando su compromiso con la construcción de paz sostenible, la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos en los territorios más afectados por la violencia.

Un liderazgo transformador al servicio de la paz

La Comisión de Paz del Senado tiene la misión de hacer seguimiento y control político a las políticas de Estado relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, la atención a las víctimas, la reforma política y el desarrollo territorial. Desde la presidencia de esta célula legislativa, Julián Gallo promoverá un liderazgo transformador colombiano, enfocado en la justicia social y la equidad para las comunidades más vulnerables.

Compromiso con la verdad y la memoria histórica

El nuevo presidente de la Comisión de Paz ha reiterado que la verdad es el pilar fundamental para la reconciliación histórica en Colombia. Por ello, impulsará un gran diálogo nacional que involucre a víctimas, firmantes del Acuerdo de Paz, sociedad civil, empresarios, iglesias, militares y ex paramilitares, con el propósito de avanzar hacia el Nunca más, evitando que los crímenes cometidos en el marco del conflicto se repitan.

Una agenda para la construcción de paz sostenible

Bajo la presidencia de Julián Gallo, la Comisión de Paz se enfocará en:

• Fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz en todos sus puntos, garantizando la participación activa de las comunidades en los territorios.
  
• Impulsar iniciativas legislativas por la justicia social y el desarrollo territorial, cerrando brechas de desigualdad y asegurando derechos para las poblaciones más afectadas por el conflicto.
  
• Promover la transparencia y la ética pública en el seguimiento a los recursos destinados a la paz.
  

Consolidar espacios de diálogo político y social, donde las diferencias se tramiten sin violencia y la reconciliación política en Colombia sea un objetivo común.

Durante décadas, el narcotráfico fue el combustible de la guerra en Colombia. Sin embargo, el campesino nunca fue el enemigo: fue la primera víctima de un modelo que lo condenó a la exclusión y lo empujó a, por ejemplo, sembrar coca como única salida de supervivencia.

Por eso, el cuarto punto del Acuerdo de Paz toca una de las raíces más profundas del conflicto armado: las drogas ilícitas.

Una solución integral

A diferencia de la vieja “guerra contra las drogas”, centrada en la represión, el Punto 4 propone una visión integral que parte de la dignidad campesina y la presencia del Estado en los territorios:

• Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, no impuesta por la fuerza.
  
• Apoyo a proyectos alternativos como el cacao, el café o los frutales que generan ingresos sostenibles.
  
• Infraestructura y servicios públicos: escuelas, hospitales, vías y acompañamiento técnico en las zonas cocaleras.
  
• Una política de drogas basada en la salud pública, y no solo en la criminalización.
  

El objetivo es romper el círculo vicioso donde la falta de alternativas empuja al campesino a depender de los cultivos de uso ilícito.

Un cambio de paradigma

La paz significa que ninguna familia debe escoger entre sembrar coca o morir de hambre. Por eso, este punto del Acuerdo busca cambiar la historia: pasar de la “guerra contra las drogas” a la construcción de un campo con dignidad y oportunidades.

Retos actuales

A casi nueve años de la firma del Acuerdo, los avances en este punto son dispares. Existen experiencias exitosas de sustitución en regiones donde las comunidades han logrado sostener proyectos alternativos. Pero también persisten amenazas: la erradicación forzada, la falta de cumplimiento estatal y la violencia contra líderes campesinos que defienden la paz.

Un compromiso con la vida

El Punto 4 recuerda que la paz no se firma solo en un documento: se siembra en la tierra, en los cultivos que alimentan y en la confianza de que el Estado no volverá a darle la espalda a las comunidades rurales.

Como lo ha reiterado el senador Julián Gallo, firmante del Acuerdo de Paz, transformar el campo colombiano es condición para cerrar definitivamente la puerta a la violencia. Garantizar alternativas reales para las familias campesinas es garantizar la vida.

La senadora Sandra Ramírez, firmante del Acuerdo de Paz y colega de bancada en el partido Comunes, fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado de la República, un espacio donde se discuten temas de educación, cultura, ciencia, tecnología, comunicaciones, transporte y servicios públicos.

Este nombramiento es un reconocimiento a su trayectoria, a su compromiso con la paz y a la voz de miles de hombres y mujeres que le apuestan a la reconciliación y al fortalecimiento de la democracia desde las instituciones.

Un espacio clave para el país

La Comisión Sexta tiene a su cargo debates de gran relevancia para el presente y el futuro del país, como:

• La garantía del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.
  
• El fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.
  
• La regulación de las comunicaciones y los medios públicos.
  
• El desarrollo de la infraestructura de transporte que conecta regiones.
  

En todos estos temas, la voz de la senadora Sandra Ramírez representa no solo la experiencia de una lideresa comprometida con la transformación social, sino también la presencia de un partido que surgió de la firma del Acuerdo de Paz y que hoy participa activamente en la vida institucional del país.

Una conquista colectiva

La vicepresidencia de la Comisión Sexta en cabeza de Sandra Ramírez refleja el avance de la bancada de Comunes en el Congreso, que continúa aportando a la consolidación de la paz con propuestas legislativas y con un trabajo constante de representación de las comunidades históricamente excluidas.

Como compañero de bancada, el senador Julián Gallo destaca este logro como una conquista colectiva: una muestra de que la implementación del Acuerdo de Paz no solo se mide en el campo o en los territorios, sino también en la participación activa en los escenarios institucionales donde se toman las decisiones que afectan la vida de los colombianos.

Un paso más hacia la reconciliación

El liderazgo de la senadora Sandra Ramírez en la Comisión Sexta es también un paso más en el camino hacia la reconciliación. Su presencia allí es un símbolo de la transición de las armas a la política, del conflicto a la democracia, de la exclusión a la participación.

Desde la bancada de Comunes celebramos este nuevo reto de la senadora Sandra Ramírez, convencidos de que su voz seguirá aportando a la construcción de un país más justo, democrático y en paz.