Bogotá: recicladores exigen respeto por su oficio y trabajo digno

Persecución en las calles: una amenaza a la dignidad laboral

La propuesta de una consulta popular ha generado una reacción predecible pero reveladora en los sectores políticos tradicionales: alarmismo, tergiversación y desprecio. Alegan que se trata de un intento de “reescribir la Constitución”, que “atenta contra la democracia” o que es una “maniobra populista”. Pero detrás de estos discursos se esconde una verdad incómoda: la derecha teme la participación directa de la ciudadanía, especialmente cuando esta puede poner en entredicho sus privilegios.

“Se está cometiendo una barbarie contra nuestro gremio. Nos persiguen, nos incautan los zorrillos, y se nos impide ejercer nuestra labor dignamente”, afirma Jonatan Rodríguez, representante de la Asociación de Recicladores Ecológicos.

Mesas de trabajo: una apuesta por la defensa colectiva del oficio

Desde Ecoalianza Estratégica y la Asociación Pedro León, liderazgos como el de Olga Vásquez insisten en la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo con el Estado. “Teníamos avances en la implementación del Decreto 014, pero luego nos bajaron del bus. No pedimos su derogatoria, pero sí ajustes que garanticen el ejercicio real del reciclaje en condiciones de dignidad”, señala.

Las mesas de trabajo conformadas en Bogotá han sido impulsadas gracias al acompañamiento del partido Comunes y el compromiso del senador Julián Gallo Cubillos, quien ha destinado un equipo técnico para acompañar este proceso.

Trabajo digno y justicia social: compromiso del senador Julián Gallo

Como parte de su agenda legislativa y territorial, el senador Julián Gallo ha respaldado públicamente a los recicladores como actores clave en la construcción de una Bogotá más justa y sostenible. “La paz y la justicia social se construyen también desde la defensa del trabajo digno. No puede haber reconciliación mientras se siga persiguiendo a quienes ejercen oficios esenciales para la vida”, ha expresado.

Desde su curul, el senador ha impulsado el respeto por el trabajo manual y ambientalmente vital, articulando con organizaciones sociales y comunitarias de recicladores de la capital, promoviendo rutas jurídicas, normativas y políticas para su protección.

Consulta Popular: ¿Por qué la derecha le teme a que el pueblo decida?

La propuesta de una consulta popular ha generado una reacción predecible pero reveladora en los sectores políticos tradicionales: alarmismo, tergiversación y desprecio. Alegan que se trata de un intento de “reescribir la Constitución”, que “atenta contra la democracia” o que es una “maniobra populista”. Pero detrás de estos discursos se esconde una verdad incómoda: la derecha teme la participación directa de la ciudadanía, especialmente cuando esta puede poner en entredicho sus privilegios.

¿Qué molesta tanto de una consulta popular?

En lugar de celebrar un mecanismo legítimo de participación consagrado en la Constitución —como parte de una democracia participativa en Colombia—, los sectores conservadores buscan desacreditarlo. El argumento es simple: si el pueblo decide, puede cambiar las reglas del juego, y eso afecta sus intereses.

Pero más allá de la retórica, sus argumentos se caen por su propio peso:

  • Dicen defender la democracia, pero rechazan que el pueblo participe. Para estos sectores, la democracia es válida solo si garantiza el statu quo. No es nuevo: también se opusieron al Acuerdo de Paz en Colombia, han bloqueado su implementación efectiva, y ahora cuestionan que las reformas sociales se consulten directamente con el pueblo.
  • Hablan de proteger el empleo, pero rechazan la reforma laboral. Alegan que las reformas “ahuyentan la inversión y destruyen empleo”, pero omiten que hoy millones de colombianos viven en condiciones de informalidad y precarización. La consulta busca apoyar reformas que garanticen el derecho al trabajo en Colombia, mejores condiciones laborales y dignidad para quienes sostienen la economía desde abajo.
  • Defienden la institucionalidad, pero sabotean el cambio. Se oponen a la reforma política urgente en Colombia, al fortalecimiento de los mecanismos de control político, a una política de drogas basada en la salud pública y a cualquier iniciativa que apunte a la justicia social y el desarrollo territorial. En nombre de la estabilidad, perpetúan la desigualdad.

Coherencia con el pueblo, no con los poderosos

El senador Julián Gallo Cubillos, comprometido con una política cercana a la gente, defiende la consulta como un paso hacia una Colombia más equitativa, en donde el pueblo tenga voz directa sobre las decisiones que afectan su vida cotidiana. Como senador comprometido con la paz, respalda mecanismos que amplíen la participación ciudadana, la transparencia y el ejercicio democrático.

La consulta popular no es un atajo, es una vía constitucional y legítima para que el país se exprese sobre las reformas que la derecha ha saboteado desde el Congreso. Es también una oportunidad para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por una justicia social en Colombia que deje de ser una promesa incumplida.

La pregunta no es por qué el gobierno promueve una consulta.
La verdadera pregunta es: ¿por qué la derecha le teme tanto a que el pueblo decida?

Educación rural y participación: claves para una democracia territorial

Julián Gallo Cubillo

La educación rural como derecho y como base para la paz

En Colombia, la educación rural ha sido históricamente olvidada. Durante décadas, miles de niños, niñas y jóvenes en el campo han enfrentado barreras de acceso, precariedad en la infraestructura y ausencia de oportunidades de formación pertinente para su contexto. Pero más allá del derecho básico a la educación, lo que está en juego es algo mayor: la posibilidad de construir una democracia territorial, inclusiva y participativa.

El Acuerdo de Paz lo dejó claro: garantizar una educación con enfoque territorial es esencial para cerrar brechas, fortalecer el tejido social y permitir que las comunidades rurales ejerzan su ciudadanía de forma activa.

Educación y participación: un binomio para la transformación

Cuando hablamos de participación política, no solo nos referimos a votar. Se trata de que las comunidades puedan incidir en las decisiones que afectan sus vidas. Y para ello, la educación es fundamental: forma liderazgos, fortalece la organización social y genera pensamiento crítico.

Una educación rural con enfoque diferencial debe:

  • Reconocer los saberes ancestrales y campesinos.
  • Incorporar la historia del conflicto armado y la construcción de paz.
  • Preparar a los jóvenes para defender sus derechos y aportar a sus territorios.

Lee también: Sin participación no hay paz: el Punto 2 del Acuerdo de Paz

Impulso a la educación como derecho territorial

Desde el Congreso de la República hemos acompañado propuestas legislativas y debates que exigen una política educativa pensada para el campo.

Como senador y firmante del Acuerdo, he defendido:

  • La necesidad de financiación adecuada para la educación rural, con acceso digno a tecnología, conectividad y formación docente.
  • La articulación entre educación y desarrollo territorial, como vía para la paz sostenible.
  • El fortalecimiento de las escuelas como espacios democráticos, de participación, memoria y reconciliación.

Conoce más: Compromisos con la paz y la reconciliación desde el Congreso

Educar para quedarse: evitar el desarraigo

Uno de los grandes desafíos en los territorios rurales es el desplazamiento forzado, tanto por la violencia como por la falta de oportunidades. Una educación pertinente y de calidad puede ser una herramienta para que los jóvenes no tengan que abandonar sus tierras, sino que puedan formarse allí mismo para transformar su entorno.

Apostarle a la educación rural es apostar por el arraigo, la dignidad y el futuro del campo colombiano.

Sin educación rural no hay democracia verdadera

La justicia social comienza por reconocer que no puede haber ciudadanos de segunda categoría. El campo colombiano merece las mismas oportunidades que las ciudades. Y sin educación rural digna, no es posible construir una democracia participativa ni consolidar la paz.

Seguiré trabajando desde el Congreso para que el derecho a la educación sea una realidad en todos los rincones del país.

Garantías para líderes sociales: un compromiso pendiente

Julián Gallo Cubillos

Liderar en Colombia: una labor de alto riesgo

Ser líder o lideresa social en Colombia implica, muchas veces, enfrentar amenazas, estigmatización y, en el peor de los casos, perder la vida. Quienes defienden los derechos humanos, exigen justicia social o luchan por la tierra y el territorio, lo hacen con valentía, pero sin garantías.

A pesar del Acuerdo de Paz y del compromiso del Estado, las cifras de violencia contra líderes sociales siguen siendo alarmantes. Cada amenaza o asesinato no solo vulnera un derecho fundamental, sino que debilita la democracia y obstaculiza la reconciliación nacional.

El Acuerdo de Paz lo dejó claro: proteger a quienes protegen

El Punto 3.4 del Acuerdo de Paz establece compromisos claros sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Y el Punto 2, sobre participación política, reconoce que sin condiciones de seguridad, la participación es imposible.

Esto incluye:

  • Medidas de protección colectiva e individual.
  • Investigación y sanción efectiva contra los responsables.
  • Reconocimiento público a la labor social y comunitaria.
  • Presencia institucional integral en los territorios.

Sin embargo, muchos de estos compromisos siguen sin cumplirse. La implementación integral del Acuerdo de Paz no puede seguir postergándose, especialmente en lo que respecta a la vida y el ejercicio libre de la ciudadanía.

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Desde el Congreso: exigencia, control político y propuestas

Desde mi labor como senador y firmante del Acuerdo de Paz, he insistido de forma permanente en:

  • El fortalecimiento del sistema de protección para líderes sociales, incluyendo enfoques diferenciales por género, territorio y tipo de liderazgo.
  • La evaluación crítica de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y su reforma urgente.
  • La necesidad de establecer alertas tempranas con capacidad de respuesta inmediata.
  • La creación de una Política Pública de Protección Integral y Participativa.

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No se puede hacer política con miedo

Cuando un líder social es asesinado, no solo se apaga una voz: se rompe el tejido comunitario y se paraliza el ejercicio de la participación democrática. En muchas regiones del país, la política se sigue haciendo bajo amenaza, y esto es inaceptable en un Estado de derecho.

Garantizar la vida de quienes ejercen liderazgos sociales no es solo una obligación legal; es una condición ética y política para que la paz sea posible.

Que ser líder no cueste la vida

Colombia necesita una democracia donde nadie tenga que morir por pensar distinto, por organizar a su comunidad o por defender un derecho. La paz no puede construirse sobre el miedo.

Desde el Congreso, seguiremos alzando la voz, haciendo control político y proponiendo medidas concretas. Porque garantizar la vida de quienes lideran es garantizar la vida de la democracia misma.

Julián Gallo en el Huila: fortaleciendo la unidad popular y la participación ciudadana

El senador Julián Gallo Cubillos, reconocido por su liderazgo transformador y compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, realizó una visita al departamento del Huila para fortalecer la unidad popular y escuchar las necesidades de diversas comunidades.

Encuentro con el Comité Departamental de Unitarios en Neiva

En Neiva, Gallo se reunió con el Comité Departamental de Unitarios, una coalición que incluye al Partido del Trabajo de Colombia (PTC), el Partido Ecologista y el partido Comunes. Durante este encuentro, se discutieron estrategias para promover la participación ciudadana en la política colombiana y avanzar en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz en Colombia.

Diálogo con organizaciones sociales y firmantes del Acuerdo de Paz

Posteriormente, el senador sostuvo reuniones con organizaciones de mujeres, recicladores, firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales. Estos diálogos se centraron en la justicia social y desarrollo territorial, la inclusión social para poblaciones vulnerables y la promoción de derechos humanos en Colombia.

Lanzamiento del Cabildo Popular del Huila en El Caguán

En el corregimiento de El Caguán, Gallo participó en el lanzamiento del Cabildo Popular del Huila. Este espacio contó con la presencia de organizaciones sociales, sindicatos y el colectivo de profesores Moehah (Movimiento Emancipador Magisterial del Huila). Se abordaron temas relacionados con la democracia participativa en Colombia y la construcción de paz sostenible .

La visita del senador Julián Gallo al Huila refleja su compromiso con la reconciliación nacional en Colombia y su esfuerzo por promover una política cercana a la gente, basada en la empatía política en el Congreso y el contacto directo con las comunidades colombianas.

Sin participación no hay paz: el Punto 2 del Acuerdo de Paz

Julián Gallo Cubillos

La participación política como base de la paz

Uno de los pilares fundamentales del Acuerdo de Paz firmado en 2016 es el Punto 2, que habla de “participación política”. Sin embargo, es importante recordar que esta no se limita únicamente al derecho al voto. Participar políticamente significa también tener voz en las decisiones del país, especialmente para quienes históricamente han sido excluidos: comunidades campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y víctimas del conflicto social y armado.

El Punto 2 del Acuerdo propone una democracia más amplia y representativa, construida desde los territorios y con enfoque diferencial. Hablar de participación es hablar de justicia social, inclusión y reconocimiento de la diversidad.

Garantías para ejercer la ciudadanía sin miedo

El Acuerdo plantea transformaciones estructurales que permitan a todos y todas ejercer su ciudadanía en condiciones de dignidad y seguridad. Algunas de esas garantías son:

  • Educación con enfoque territorial que fortalezca la identidad, la participación y el arraigo comunitario.
  • Reconocimiento y fortalecimiento de medios comunitarios que den voz a las regiones históricamente silenciadas.
  • Protección efectiva para líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo.

Estos elementos son esenciales para construir una paz sostenible. Sin ellos, la democracia queda incompleta y la reconciliación se vuelve una promesa incumplida.

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Desde el Congreso: compromiso con el Punto 2

Como senador y firmante del Acuerdo de Paz, he trabajado activamente en la implementación de este punto, promoviendo debates legislativos, acompañando a las comunidades en los territorios y respaldando iniciativas normativas que aseguren la participación real de las comunidades históricamente excluidas.

Desde la Comisión Primera del Senado, he respaldado proyectos de reforma política que buscan fortalecer la democracia participativa, ampliar las garantías electorales y proteger los derechos de quienes ejercen liderazgo social.

En la Comisión de Paz, he acompañado debates y audiencias públicas con organizaciones sociales, firmantes del Acuerdo y víctimas del conflicto, insistiendo en la urgencia de implementar medidas efectivas para garantizar su participación y seguridad.

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Participación es poder: la voz de los territorios sí importa

El ejercicio democrático debe ser paritario, plural y descentralizado. No podemos seguir construyendo país desde el centro, ignorando las propuestas y necesidades de quienes viven en los márgenes.

Reforzar la participación política desde los territorios no solo es una deuda histórica, sino una condición para que la paz deje de ser un discurso y se convierta en una realidad palpable para todas y todos.

Conoce más: Así acompañamos la participación territorial en el Huila y el Magdalena Medio

Sin participación, no hay paz

Reafirmamos que la participación no es un complemento, sino el núcleo de cualquier proceso de paz duradero. El Punto 2 del Acuerdo de Paz debe ser defendido y materializado con voluntad política, con recursos y con la fuerza de la ciudadanía organizada.

Desde nuestro trabajo legislativo y territorial, seguiremos insistiendo: sin voces diversas, no hay democracia. Sin participación plena, no hay reconciliación. Y sin participación real, no hay paz.

Lanzamos nuestra nueva página web este 1° de Mayo: una herramienta para construir, escuchar y actuar

Este 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, lanzamos con entusiasmo el nuevo sitio web del senador Julián Gallo: un espacio pensado para acercarnos más a ustedes, fortalecer los canales de comunicación, y seguir trabajando por las transformaciones que necesita nuestro país.

No es casualidad que hayamos elegido esta fecha. El 1° de mayo no es solo una jornada de conmemoración: es un recordatorio de la lucha colectiva, de la dignidad, de los derechos conquistados a través de la organización y la esperanza. Así como los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo siguen defendiendo mejores condiciones de vida, desde nuestro lugar seguimos empeñados en construir una Colombia más justa, más democrática y en paz.

El senador Julián Gallo representa ese compromiso: su historia de vida es la de alguien que ha luchado y que ha sabido también tender puentes hacia la reconciliación, hacia el diálogo y la solución política de los conflictos. Hoy, desde el Senado, trabaja cada día para honrar el Acuerdo de Paz, impulsar la participación política, defender los derechos humanos y levantar las voces de quienes históricamente han sido excluidos.

Esta nueva página web es mucho más que una vitrina digital: es un punto de encuentro. Aquí podrán encontrar información sobre su gestión legislativa, análisis de coyuntura, propuestas de ley, noticias de interés y espacios de participación directa. Queremos que esta plataforma sirva para escucharnos mutuamente, para que cada inquietud, cada idea y cada propuesta que ustedes tengan encuentre un eco y una respuesta.

Porque creemos que un verdadero representante no habla solo por su cuenta: habla con y desde su gente. Y porque creemos que el trabajo por la paz, la justicia y la igualdad no se limita a los discursos, sino que se construye día a día, con cada acción, con cada palabra y con cada compromiso cumplido.

Les damos la bienvenida a esta nueva casa digital. Que sea, como el 1° de mayo, un símbolo de esperanza, de trabajo colectivo y de futuro.

¡Bienvenidos y bienvenidas!

La tierra para quien la trabaja: avances de la Reforma Rural Integral en Colombia

Cumpliendo el Acuerdo de Paz con hechos

La Reforma Rural Integral, contemplada en el Punto 1 del Acuerdo de Paz, es una deuda histórica con el campesinado colombiano. Durante décadas, la concentración de la tierra y la falta de acceso a la propiedad rural han sido causas estructurales del conflicto armado y de la desigualdad social en Colombia.

Hoy, junto al gobierno del presidente Gustavo Petro y con el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se están dando pasos concretos para saldar esa deuda y avanzar hacia una Colombia más equitativa.

Resultados que transforman el campo

Según cifras oficiales de la ANT, entre agosto de 2022 y mayo de 2024, se han adjudicado más de 914.000 hectáreas de tierra, beneficiando a comunidades campesinas y étnicas. Además, se han formalizado más de 1.277.000 hectáreas, brindando seguridad jurídica a miles de familias.

La ANT ha pasado de tener 8 oficinas a 92 en todo el país y ha constituido 14 Zonas de Reserva Campesina, fundamentales para el desarrollo rural sostenible y la inclusión social para poblaciones vulnerables.

El Congreso también siembra reforma rural

Desde el Senado, la bancada del partido Comunes, ha impulsado una agenda legislativa coherente con el Punto 1 del Acuerdo de Paz y con las demandas de las comunidades rurales, construida mano a mano con los sectores agrarios a través de audiencias públicas y recorridos territoriales.

Entre los proyectos más relevantes:

  • Proyecto de ley de Reforma Rural Integral, orientado a garantizar acceso a tierra, créditos y asistencia técnica.
  • Proyecto de Plazas de Mercado, que fortalece la economía popular, el abastecimiento y los circuitos cortos de comercialización en todo el país.
  • Proyecto de Ley de Panela, aprobado esta semana en su segundo debate en la Cámara de Representantes, que pasa ahora a su trámite en la Comisión Quinta del Senado, con el respaldo de las comunidades paneleras.

Un compromiso con la paz, la tierra y la justicia social

El senador Julián Gallo Cubillos, firmante del Acuerdo de Paz, ha sido uno de los impulsores de la entrega de tierras a comunidades campesinas y pueblos indígenas. Su trabajo articulado con la Agencia Nacional de Tierras y las instituciones del Estado ha permitido consolidar avances concretos en la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz, que reconoce el acceso a la tierra como un derecho y no como un privilegio.

Además, el senador ha sido impulsor de la jurisdicción agraria, que aún requiere la aprobación de su ley ordinaria, necesaria para que comience a operar como una herramienta efectiva en la resolución de conflictos de tierras con enfoque territorial y campesino.

Magdalena Medio: de la exclusión al reconocimiento

Uno de los territorios donde más comienza a sentirse el impacto de esta transformación es el Magdalena Medio, particularmente en el municipio de Puerto Salgar. Allí, la entrega de tierras ha devuelto la esperanza a comunidades campesinas que durante décadas fueron desplazadas por la violencia y el despojo.

Luisa Montaño, lideresa que representa a 48 asociaciones campesinas en la región, expresó: “Éramos el municipio más abandonado. Nos sacaron del territorio los terratenientes para apoderárselo, nos desalojaron, nos asesinaron líderes. Estamos cansados por los atropellos. Pero ahora no estamos solos, gracias a este gobierno”

Su testimonio refleja no solo la historia de resistencia del campesinado colombiano, sino también el sentido de reparación y justicia que empieza a abrirse paso con la implementación del Acuerdo de Paz. La voz de Luisa Montaño es la de miles que reclaman lo que siempre les ha pertenecido: el derecho a vivir y trabajar en su tierra.

La reforma laboral que el pueblo necesita

En lugar de proteger al trabajador, el modelo neoliberal desmanteló los derechos laborales, promovió la tercerización, y normalizó la precariedad como si fuera progreso. Hoy, frente a esa herencia de desigualdad, se abre la posibilidad de una reforma laboral centrada en la dignidad, los derechos y la justicia social en Colombia.

Hacia un trabajo digno para quienes siempre han sido excluidos

La legislación laboral vigente no ha sido capaz de responder a la realidad de millones de personas que sostienen la vida del país con su trabajo diario: Mujeres cuidadoras, jóvenes, trabajadoras del campo, recicladores, empleados tercerizados… todos comparten una misma urgencia: contar con derechos laborales plenos, estabilidad, protección y garantías mínimas.

Esta exclusión histórica ha dejado a buena parte de la fuerza laboral por fuera del acceso a licencias, prestaciones, sindicalización y condiciones dignas. Y es precisamente esta deuda la que la reforma laboral busca saldar: abrir el camino para un modelo donde el trabajo esté respaldado por garantías mínimas y acceso real a la seguridad social como derecho, no como privilegio.

Dignificar el trabajo es una decisión política

La reforma laboral que el pueblo necesita tiene una premisa clara: el trabajo no es una mercancía, es un derecho. Y como tal, debe estar protegido. Nuestra propuesta apunta a recuperar esa visión del trabajo con derechos, con estabilidad, con seguridad social. Impulsar el derecho al trabajo en Colombia no solo es una medida económica, es un acto de justicia.
Además, esta reforma se conecta con el espíritu del Acuerdo de Paz en Colombia, que plantea una transformación profunda del campo y la inclusión de los territorios históricamente excluidos. Sin garantías laborales en el agro, no hay desarrollo rural posible.
Una reforma para avanzar, no para retroceder
Frente a ellos, la consulta popular, que proponía que fuera el pueblo quien decidiera sobre estas transformaciones, fue hundida por la derecha en la plenaria del Senado. Una vez más, se cerró la puerta a la participación directa de la ciudadanía y se impuso el temor a que el pueblo tenga la última palabra.
Esta negativa no borra la urgencia del debate: al contrario, reafirma la necesidad de avanzar en la reforma laboral desde el Congreso, con movilización, coherencia y compromiso político con quienes han sido históricamente excluidos del sistema laboral. (Ver también: Consulta Popular: ¿Por qué la derecha le teme a que el pueblo decida?)

El país que merecemos

La Colombia más equitativa no se construye con discursos, sino con decisiones que mejoren la vida de la gente. Una reforma laboral pensada desde los sectores excluidos es una forma de promover los derechos humanos, combatir la desigualdad y garantizar que el progreso llegue a todos los rincones del país.
Porque ningún país puede hablar de democracia participativa mientras la mitad de su población trabaja sin derechos.