Este 25 de julio, en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Afrolatina, Caribeña y de la Diáspora, nos unimos a la conmemoración de las luchas históricas, la resistencia cotidiana y las
apuestas por la vida digna de las mujeres afrocolombianas y del continente.
En Colombia, las mujeres afrodescendientes son pilar fundamental en la construcción de paz, la defensa del territorio y los derechos colectivos, a pesar de haber sido históricamente marginadas, racializadas y violentadas. Reconocemos su papel clave en procesos de organización comunitaria, reivindicación de la identidad étnicoracial, y en la lucha contra el racismo estructural y el patriarcado.
Compromiso legislativo con la justicia étnico-racial y la participación de las mujeres afrodescendientes en la construcción de paz.
Este día es también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso como congresistas con la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, la representación política efectiva, y el
acceso equitativo a los derechos para las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Como lo hemos hecho desde nuestra labor legislativa y territorial, reiteramos nuestro respaldo a sus procesos organizativos, a las lideresas sociales y a las mujeres firmantes del Acuerdo de Paz que,
desde sus comunidades, continúan apostándole a un país justo, incluyente y sin discriminación.
Las vidas afrodescendientes importan. Las voces de las mujeres afro deben ser escuchadas y respetadas.
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25 de julio: dignidad y resistenciaen el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente
La vida de los que construyen paz sigue en riesgo
Colombia sigue siendo un país profundamente riesgoso para quienes defienden los derechos humanos, promueven la cultura en sus comunidades o transitaron el camino de la reincorporación para apostarle a una vida en paz. En menos de dos semanas, tres firmantes del Acuerdo de Paz y un joven líder cultural han sido asesinados, mostrando con crudeza la persistencia de la violencia contra quienes decidieron apostarle a la paz.
Violencia persistente contra quienes le apuestan a la paz
El 14 de julio de 2025 fueron asesinados Ferney Elago Caviche y Florilba Ramos Morano, firmantes del Acuerdo de Paz, en su vivienda ubicada en la vereda Valle Nuevo, municipio de Silvia, Cauca. Ambos hacían parte del antiguo ETCR Los Monos en Caldono y adelantaban su proceso de reincorporación como administradores de un proyecto colectivo de cultivo de aguacate Hass perteneciente a la cooperativa Cooomep. La Defensoría del Pueblo había advertido desde 2023 un riesgo inminente en la zona debido a amenazas, homicidios y confinamientos forzados que se han intensificado por la presencia de grupos armados como el EMC, el ELN y bandas locales.
Días antes, el 30 de junio, fue hallado sin vida William Ferney Pazú, joven líder cultural de Jambaló (Cauca), apasionado por la música y el trabajo comunitario. Dinamizador del proceso musical Kwess fxiw – Nuestras semillas e integrante del grupo Los Tiraflechas, su asesinato en zona de fuerte presencia armada representa un golpe profundo a la construcción de paz desde los territorios.
El 9 de julio fue encontrado el cuerpo sin vida de Giovanni Ordóñez Triana, firmante del Acuerdo de Paz, tras ser reportado como desaparecido en Fusagasugá. Estaba en proceso de reincorporación en Icononzo, Tolima. La zona de su hallazgo también había sido señalada por la Defensoría como territorio bajo amenaza.
Un llamado urgente al Estado y la sociedad
Estas tragedias no son hechos aislados. Son la muestra del incumplimiento del Estado con lo pactado en el punto 3 del Acuerdo de Paz, relativo a las garantías de seguridad, y es también el reflejo de una sociedad que no ha logrado superar la indiferencia. Cada atentado contra un firmante de paz es un crimen contra la paz de nuestro país.
A casi nueve años de la firma del Acuerdo, estos asesinatos nos recuerdan que la paz es un proceso que exige compromiso con la verdad, memoria histórica y garantías reales para la vida de quienes la construyen día a día en condiciones adversas. La impunidad también mata.
¿Cuántos líderes más deben caer para que el Estado actúe?
No se puede hablar de reconciliación ni de democracia mientras se siga asesinando a quienes lideran procesos de transformación en Colombia. Desde el Congreso, voces como la del senador Julián Gallo Cubillos han sido insistentes en denunciar estos crímenes y exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Tal como se expone en el artículo “El compromiso del senador Julián Gallo con la implementación del Acuerdo de Paz”, la defensa de la vida de los firmantes no es solo un deber moral, sino una condición básica para que Colombia avance hacia una reconciliación real y duradera.
Santa Marta: 500 años de historia, desafíos y compromiso con los territorios
El 29 de julio de 1525 se fundó oficialmente la ciudad de Santa Marta, la más antigua aún existente en Colombia. A cinco siglos de ese hecho histórico, esta conmemoración invita no solo a recordar, sino a mirar de frente los desafíos presentes en una región cargada de historia, belleza natural y profundas deudas sociales.
Santa Marta cumple 500 años entre contrastes: una ciudad marcada por la diversidad cultural, la resistencia de sus pueblos indígenas y afrodescendientes, y una ubicación privilegiada que la convierte en destino turístico. Pero también una ciudad que reclama mayor inversión social, reconocimiento territorial y garantías para sus comunidades rurales, urbanas y populares.
Esta efeméride es una oportunidad para renovar el compromiso con los territorios, con la implementación integral del Acuerdo de Paz, con la inclusión social, y con un modelo de desarrollo que respete la dignidad de sus habitantes y el valor ambiental de su entorno.
La Sierra Nevada, corazón espiritual del Caribe colombiano, sigue siendo un símbolo vivo de sabiduría ancestral y equilibrio ambiental. Los pueblos indígenas que la habitan llevan siglos cuidándola. Sus voces deben ser parte activa de la visión de futuro de la ciudad.
Conmemorar 500 años también implica reconocer que la paz se construye desde lo local. Desde las comunidades que defienden el agua, la cultura, el territorio; desde las víctimas del conflicto que esperan verdad y reparación; y desde quienes decidieron dejar atrás el conflicto armado para contribuir con sus manos a una nueva Colombia.
Este enfoque territorial no es nuevo. Como se destaca en el artículo “Sucre en el corazón: el compromiso del senador Julián Gallo con el Caribe”, la presencia activa en departamentos históricamente olvidados y la escucha directa a campesinos, pueblos indígenas y firmantes del Acuerdo ha sido clave para fortalecer una paz con justicia social en la región. La experiencia en Sucre resuena también en Santa Marta: la paz se siembra caminando el territorio y reconociendo a sus protagonistas.
Santa Marta tiene todo para ser referente de reconciliación, desarrollo y justicia social. La historia que viene debe escribirse con los pueblos, no sobre ellos.
Condena a Álvaro Uribe Vélez: un hito para la justicia y un llamado a la verdad histórica
La reciente condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal constituye un hecho sin precedentes en la historia nacional. En un país donde, durante décadas, las élites políticas han encontrado mecanismos para evadir la justicia, este fallo abre una puerta hacia la reconciliación nacional en Colombia, basada en la verdad, la memoria histórica y la lucha por la justicia social.
Un paso histórico, pero no suficiente
Aunque la condena es un avance importante en términos de transparencia y ética pública, no responde a los delitos más graves por los cuales el expresidente debería haber rendido cuentas. Sobre él pesan acusaciones de haber favorecido, durante su vida pública, a mafias del narcotráfico y estructuras de narcoparamilitarismo, responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia y crímenes de lesa humanidad.
Verdad, memoria y reconciliación: una tarea pendiente
Este fallo debería convertirse en el punto de partida para una conversación nacional que ponga en el centro la importancia de la memoria histórica en Colombia, la verdad sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado y las responsabilidades de quienes han ejercido el poder durante más de 200 años de vida republicana.
Urge que todos los sectores —partidos políticos, iglesias, empresarios, insurgencia, altos mandos militares y sociedad civil— asuman un compromiso con la verdad y la memoria histórica, como condición indispensable para avanzar en la construcción de paz sostenible y evitar que estas tragedias se repitan.
Nunca más: hacia un liderazgo transformador para la paz
El país necesita un liderazgo transformador colombiano, dispuesto a romper los pactos de silencio, fortalecer la justicia transicional y garantizar que la verdad salga
a la luz. Solo así podremos reconstruir el rompecabezas de nuestra tragedia nacional, ofrecer reparación a las víctimas y, finalmente, decir con una sola voz: ¡Nunca más!
Sucre en el corazón: el compromiso del senador Julián Gallo con el Caribe profundo
Un compromiso constante con los territorios olvidados
El departamento de Sucre ha sido históricamente una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, la pobreza estructural y el abandono estatal. Pero también es un territorio que resiste, que se organiza y que mantiene viva la esperanza de paz con justicia social.
Durante estos años de trabajo legislativo, el senador Julián Gallo Cubillos ha visitado reiteradamente el departamento de Sucre, recorriendo sus municipios y corregimientos, dialogando con comunidades campesinas, afrodescendientes, firmantes del Acuerdo de Paz, comunidades indígenas y organizaciones sociales que luchan por una vida digna en medio de las adversidades.
Presencia activa en el territorio: lo que hemos hecho en Sucre
En cada visita, el senador ha escuchado de primera mano las preocupaciones y propuestas de las comunidades, fortaleciendo su compromiso con una política cercana a la gente, centrada en la participación ciudadana, el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y la defensa de los derechos sociales.
Entre las acciones destacadas en Sucre se encuentran:
- Acompañamiento a firmantes del Acuerdo en proceso de reincorporación y defensa de su seguridad.
- Participación en Cabildos Populares en Sincelejo y zonas rurales, como Chalán y Ovejas.
- Reuniones con organizaciones de mujeres rurales y líderes campesinos en la subregión de los Montes de María.
- Visitas a los corregimientos de Doña Ana y Santiago Apóstol, en el municipio de San Benito Abad, escuchando a sus comunidades rurales y liderazgos locales.
- Acompañamiento a comunidades indígenas en el municipio de San Marcos, en procesos de organización para el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos.
- Denuncia de la falta de garantías en materia de acceso a tierras, educación rural, salud y protección ambiental.
- Respaldo a iniciativas locales de economía popular, comunicación comunitaria y sustitución de cultivos.
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Una nueva visita para seguir escuchando y construyendo
Este fin de semana, el senador Julián Gallo regresará al departamento de Sucre para continuar este proceso de diálogo directo y seguimiento territorial. Su agenda incluye:
- Encuentros con comunidades firmantes del Acuerdo y líderes sociales amenazados.
- Reuniones con plataformas campesinas y afrodescendientes de la región.
- Visitas a proyectos comunitarios productivos y espacios de formación política.
El objetivo es visibilizar las demandas del Caribe profundo en el Congreso, y convertir esas voces en iniciativas legislativas, control político y exigencias concretas al Gobierno Nacional.
La paz se construye con presencia y coherencia
La presencia constante en Sucre refleja una forma de hacer política distinta: cercana, comprometida y profundamente territorial. Para el senador Julián Gallo, la implementación del Acuerdo de Paz y la reconciliación no son discursos abstractos, sino acciones concretas que comienzan escuchando a quienes más han sufrido la guerra y el abandono.
Día Mundial del Medio Ambiente: paz, territorio y sostenibilidad
Defender el ambiente es defender la vida
Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones en los ecosistemas, el territorio y las futuras generaciones. Pero en Colombia, hablar de medio ambiente también es hablar de conflicto, desigualdad y exclusión.
Durante décadas, los territorios más biodiversos del país han sido también los más golpeados por la violencia, el extractivismo, el abandono institucional y el cambio climático. En este contexto, defender el ambiente no es solo una causa ecológica, sino también una lucha por la justicia social y la paz territorial.
La paz también se siembra: entre tierra, agua y comunidad
La Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz reconoce el vínculo inseparable entre el acceso a la tierra, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo territorial. Sin embargo, muchas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes siguen sin garantías para proteger sus entornos naturales frente a la expansión de economías ilegales o proyectos inconsultos.
Desde el Congreso, el senador Julián Gallo Cubillos ha defendido propuestas que:
- Promueven una política de tierras con enfoque ambiental y territorial.
- Fortalecen el rol de las comunidades en la gestión del agua, los bosques y la biodiversidad.
- Exigen medidas efectivas para frenar la deforestación, proteger páramos y restaurar ecosistemas estratégicos como los manglares.
Proyectos que conectan el territorio con el Estado
En su más reciente reunión con el Ministerio de Ambiente, el senador Gallo insistió en la reactivación de iniciativas ambientales lideradas desde su oficina y actualmente paralizadas por cambios administrativos. En particular, abordó la necesidad de:
- Retomar los proyectos de negocios verdes y PSA (Pagos por Servicios Ambientales) que fueron formulados para zonas como Rincón del Mar.
- Apalancar y reimpulsar proyectos de restauración de manglares en Sucre y en Barú (Cartagena), vitales para la resiliencia climática y la economía local.
- Explorar el uso del mecanismo de obras por impuestos como herramienta para financiar soluciones ambientales con participación comunitaria.
“Las comunidades están esperando respuestas, y no podemos fallarles. Nuestra responsabilidad es ser el puente entre el Estado y el territorio”, señaló el senador.
Justicia ambiental y participación comunitaria
El cuidado del ambiente no puede estar desligado de la participación política y la garantía de derechos. Los procesos de consulta previa, las juntas de acción comunal, los medios comunitarios y los movimientos sociales ambientales cumplen un papel esencial en la defensa de los bienes comunes.
El senador ha insistido en que:
- La democracia ambiental debe garantizar condiciones seguras para quienes defienden el territorio.
- El desarrollo debe construirse con base en el respeto por la naturaleza y los saberes ancestrales.
- Las regiones más biodiversas del país necesitan inversión pública y cooperación internacional eficaz para asegurar alternativas sostenibles de vida.
El ambiente también es un punto de paz
Construir paz es también cuidar los ríos, los bosques, el aire y la tierra. En este Día Mundial del Medio Ambiente, reiteramos el compromiso del senador Julián Gallo con una agenda legislativa y territorial que ponga en el centro la vida, la sostenibilidad y la participación ciudadana, como pilares para una Colombia más equitativa, justa y en paz con la naturaleza.
Pensión y vejez: dignidad para quienes construyeron este país
Envejecer con dignidad: una urgencia social y política
En Colombia, millones de personas mayores viven sin pensión, en condiciones de pobreza y abandono. Este es uno de los mayores retos de la justicia social y de los derechos sociales en Colombia, donde envejecer no puede ser sinónimo de inequidad ni exclusión.
La reforma pensional: a la espera de su aprobación definitiva
El gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, presentó una reforma pensional estructural que fue aprobada por el Senado, pero actualmente se encuentra pendiente de su aprobación definitiva, luego de que la Corte Constitucional decidiera devolverla a la Cámara de Representantes por vicios en el trámite legislativo.
La propuesta —respaldada por el senador Julián Gallo— plantea la creación de un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Entre sus puntos más importantes se encuentran:
- Consolidación de Colpensiones como administrador del régimen hasta 2.3 salarios mínimos, con posibilidad de ahorro complementario en fondos privados.
- Reducción progresiva de semanas cotizadas para mujeres hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.
- Reconocimiento de semanas adicionales por maternidad o servicio militar.
- Establecimiento de una renta básica pensional de $223.800 para personas mayores en pobreza extrema que no cumplan los requisitos tradicionales de pensión.
Impacto territorial y social de la reforma
Esta reforma busca corregir inequidades históricas, ampliar la cobertura pensional e incorporar a más de 2 millones de personas mayores excluidas, especialmente en zonas rurales, comunidades afrodescendientes, indígenas y urbanas populares.
Además, armoniza la protección social con la participación activa de las personas mayores, reconocidas como guardianes de la memoria histórica y actores claves del desarrollo territorial.
El respaldo del senador Julián Gallo
En este marco, el senador Julián Gallo ha expresado su respaldo decidido a la reforma pensional, por considerarla una herramienta esencial para avanzar en la equidad social y garantizar los derechos fundamentales de quienes han sostenido al país con su trabajo.
Su compromiso se ha manifestado en los debates de la Comisión Primera del Senado y en espacios territoriales donde ha reiterado que la vejez no puede seguir siendo un espacio de exclusión ni pobreza, sino una etapa protegida por un Estado solidario y garante de derechos.
Vejez digna, deber nacional
La pensión no es un gasto: es un derecho. La reforma pensional impulsada por el Gobierno y respaldada por el senador Julián Gallo representa un paso firme hacia una Colombia más equitativa y solidaria, con enfoque territorial, perspectiva de género y justicia para quienes han dedicado su vida al trabajo y al cuidado.
Desde el Congreso, seguiremos defendiendo que la vejez sea una etapa de dignidad, reconocimiento y derechos, no de olvido.
Mujeres y tierras: justicia territorial con enfoque de género
Una deuda histórica con las mujeres rurales
Las mujeres rurales en Colombia han sostenido la vida en los territorios a pesar del abandono institucional, la pobreza y la violencia. Sin embargo, históricamente han sido excluidas del acceso a la tierra, del reconocimiento de sus derechos como campesinas, indígenas o afrodescendientes, y de la participación en los espacios donde se toman decisiones sobre sus territorios.
La Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz reconoce explícitamente que la redistribución de la tierra debe tener enfoque de género, y que es imposible lograr justicia social sin saldar esta deuda con las mujeres que cultivan, cuidan y protegen el campo colombiano.
El acceso a la tierra como derecho, no como concesión
Según cifras oficiales, menos del 30% de los títulos de propiedad rural en Colombia están a nombre de mujeres. Esto no solo afecta su autonomía económica, sino que también limita su participación política y social en sus comunidades.
Defender el derecho de las mujeres a la tierra es también defender:
- Su derecho al trabajo y a un ingreso digno.
- Su derecho a la protección frente a las violencias estructurales y el despojo.
- Su capacidad de decidir sobre los usos del territorio y del medio ambiente.
- Su papel central en la construcción de la paz territorial.
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Desde el Congreso: lucha por la justicia territorial con enfoque de género
Como senador comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz y la justicia social, he respaldado debates y propuestas legislativas que incluyen:
- Medidas para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a la tierra y a créditos rurales.
- Proyectos que reconocen el trabajo no remunerado y el rol fundamental de las mujeres en la economía del cuidado.
- El fortalecimiento de la jurisdicción agraria, que incluye enfoque de género y atención prioritaria a víctimas del conflicto.
Desde la Comisión Primera y en diálogo permanente con organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas, hemos visibilizado estas luchas en el Senado y exigido respuestas institucionales.
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Las mujeres son protagonistas de la paz
Las mujeres no solo han sido víctimas del conflicto armado; han sido también constructoras de paz, memoria y resistencia. Muchas son firmantes del Acuerdo, defensoras del territorio, lideresas comunitarias y guardianas de la vida.
Por eso, avanzar en la entrega de tierras a mujeres rurales no puede seguir siendo un gesto simbólico o marginal: debe ser una prioridad nacional.
Sin tierra para las mujeres, no hay reforma agraria ni paz
La paz comienza cuando las mujeres tienen garantías para vivir, producir y decidir sobre su territorio. Una Colombia más justa, igualitaria y reconciliada necesita una reforma agraria feminista, que ponga en el centro los derechos de las mujeres rurales. Desde el Congreso, seguiremos defendiendo este principio con hechos, con leyes y con presencia activa en los territorios.
Juicio a Álvaro Uribe Vélez: un paso hacia la verdad y la justicia
Julián Gallo Cubillos
Una señal de que la justicia avanza
El avance del juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez representa un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia. No se trata de una persecución política ni de un revanchismo personal, como algunos sectores han intentado posicionar. Se trata, ante todo, de un ejercicio legítimo del Estado de derecho y de la autonomía judicial, que debe ser respetado por todos los actores políticos y sociales.
Nadie por encima de la ley: garantía de no repetición
Durante décadas, amplios sectores de la sociedad colombiana —especialmente víctimas del conflicto armado— han exigido verdad, justicia y reparación, incluso frente a los más altos niveles del poder. Que un expresidente sea llamado a juicio demuestra que la justicia está viva y operando, y que ningún cargo o trayectoria política puede ser excusa para eludirla.
Este proceso judicial envía un mensaje claro: la impunidad no puede ser el destino de los crímenes que marcaron la guerra y el sufrimiento de miles de familias. Así se fortalece la democracia y se avanza en el cumplimiento del principio de no repetición, base de la justicia transicional.
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Por una paz que también signifique justicia
En un país que ha vivido más de medio siglo de guerra, la reconciliación solo será posible si hay verdad completa y responsabilidad asumida. El juicio a Álvaro Uribe no es solo un caso penal, sino una oportunidad histórica para que el país mire de frente los hechos que han estado en el centro del conflicto: paramilitarismo, persecuciones políticas, interceptaciones ilegales, y alianzas criminales con estructuras armadas.
Quienes han apostado por la paz desde la firma del Acuerdo creen que la verdad no puede seguir siendo sacrificada por cálculos políticos. Y que la dignidad de las víctimas no puede seguir esperando.
Sin justicia, no hay paz duradera
Desde el Congreso, el senador Julián Gallo reitera su respaldo a una justicia que avance sin miedo, con independencia y con rigor. El juicio a Álvaro Uribe Vélez es un paso indispensable para cerrar las heridas del pasado, honrar a las víctimas y garantizar que los hechos que marcaron los años más oscuros del país no vuelvan a repetirse.
Compromisos con la paz y la reconciliación
Julián Gallo Cubillos
El Coro de Hijos e Hijas de la Paz: un símbolo vivo del acuerdo
En el camino de la reconciliación, también hay espacio para la esperanza y los gestos simbólicos que tocan el alma. Por eso impulsamos la creación del Coro de Hijos e Hijas de la Paz, una iniciativa que busca visibilizar a niñas, niños y jóvenes nacidos en el marco del Acuerdo, como semillas de un país nuevo.
El coro ha sido protagonista en actos conmemorativos recordándonos que la paz también se canta, se educa y se transmite entre generaciones.
Me llena de orgullo decir que mi propia hija, nacida tras la firma del Acuerdo, hace parte de este coro. Su voz, como la de muchas otras y otros, nos recuerda por qué luchamos: porque la paz no es solo un legado, es una promesa que debemos cumplirles.
Reconciliación: una apuesta de país
Reconciliar no significa olvidar, ni tampoco negar el conflicto. Significa asumir responsabilidades, reconocer al otro y construir un futuro compartido. Por eso, hemos defendido iniciativas que promuevan el respeto por la diferencia, la memoria histórica, y la participación de todos los sectores, incluidas las víctimas, los firmantes del acuerdo y las comunidades más afectadas por la violencia.
Reconciliar también es luchar contra la estigmatización. En un país polarizado, donde la paz sigue siendo blanco de ataques, es urgente fortalecer la pedagogía social y política para comprender lo que significan el perdón, la verdad y la justicia restaurativa.
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Un camino de coherencia política y ética
Como firmante del Acuerdo de Paz y actual senador de la República, mi compromiso con la reconciliación nacional, la justicia social y la implementación integral del Acuerdo no es solo político, sino también ético y personal. Defender la paz no es una tarea del pasado: es una responsabilidad presente que exige acciones concretas desde las instituciones.
Desde el Congreso, y especialmente desde la Comisión de Paz del Senado, hemos asumido este compromiso impulsando leyes, acompañando debates y escuchando a las comunidades que más han sufrido los efectos del conflicto armado.
Implementación real: de los compromisos al cumplimiento
El Acuerdo de Paz firmado en 2016 trazó una hoja de ruta ambiciosa: transformar las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto armado. Aunque se han logrado avances importantes, aún existen retos significativos para llevar a cabo su implementación integral y efectiva.
Desde el Congreso hemos insistido en:
- El cumplimiento del Punto 1 sobre Reforma Rural Integral y el acceso a la tierra.
- La defensa del Punto 2 sobre participación política, con garantías reales para líderes sociales y comunidades.
- El fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con énfasis en la JEP.
- La continuidad del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, con enfoque de derechos y sostenibilidad.
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