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El pasado martes 23 de septiembre, el senador Julián Gallo Cubillos, desde la bancada Comunes, lideró la radicación de un Proyecto de Ley para declarar la gastronomía tradicional y ancestral de Santa Marta como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Con esta iniciativa, el senador busca reconocer el profundo valor histórico y cultural de la cocina samaria, así como su papel en la construcción de identidad. Al mismo tiempo, subraya su potencial para impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región.

Cocina samaria: memoria, territorio y mestizaje

Para el senador Gallo, la cocina samaria es una expresión viva de memoria y mestizaje, producto de los encuentros culturales entre pueblos indígenas —kogui, arhuacos, wiwas y kankuamos—, comunidades afrocolombianas, colonos españoles y migrantes árabes.

Cada preparación está estrechamente ligada al mar Caribe, la Sierra Nevada y el río Magdalena. Desde platos como el cayeye y el mote de queso, hasta el arroz con chipi chipi, el cabrito guisado o el pescado frito con arroz de coco, cada receta cuenta una historia de resistencia, adaptación y transmisión cultural.

Reconocer esta riqueza culinaria, afirma el senador, es honrar la memoria colectiva y fortalecer la diversidad cultural del país.

Más que ingredientes: identidad, memoria y diversidad

El proyecto también resalta que muchos de estos alimentos poseen significados espirituales, especialmente en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, donde se mantienen prácticas como el consumo ritual del chirrinchi, el mambe o la chicha de maíz.

Esta diversidad culinaria no solo alimenta el cuerpo, sino que nutre la memoria colectiva y la identidad regional de Santa Marta, convirtiéndose en un símbolo de encuentro y de orgullo cultural.

Impulso al turismo, la economía local y el empleo

Bajo el liderazgo del senador Julián Gallo, la iniciativa plantea que la comida ancestral y tradicional de Santa Marta puede convertirse en un motor de crecimiento económico, social y cultural.

Al reconocerla como Patrimonio Cultural Inmaterial, se abren oportunidades para fortalecer el turismo gastronómico, dinamizar las economías locales, proteger saberes ancestrales y generar empleo digno en comunidades rurales, urbanas e indígenas.

Asimismo, este reconocimiento busca revitalizar prácticas sostenibles de cultivo y pesca, y posicionar a Santa Marta como un referente nacional e internacional de diversidad culinaria con raíces profundas en su historia y su territorio.

El Congreso de la República avanza en la discusión del Proyecto de Ley 076 de 2024 Senado, que busca otorgar una amnistía a campesinos deudores del Banco Agrario afectados por la violencia, los siniestros ambientales, la pandemia del Covid-19 o plagas y enfermedades que han devastado cultivos y animales.

La iniciativa, aprobada en primer debate y con ponencia positiva para segundo debate en el Senado, plantea medidas concretas:

• Reducción de hasta el 80% del capital adeudado para pequeños productores y del 60% para medianos.
  
• Condonación de intereses corrientes y de mora, así como de honorarios y gastos de cobranza.
  
• Rehabilitación crediticia que permita a los campesinos volver a acceder a créditos.
  
• Terminación de cobros jurídicos en curso para los beneficiarios.
  

Una necesidad histórica para el campesinado

Las comunidades rurales han cargado durante décadas con deudas impagables, no por falta de voluntad, sino por la inestabilidad que produce la violencia, el desplazamiento, los fenómenos climáticos y las crisis económicas. A esto se suman los efectos de la pandemia, que golpearon de manera particular a las familias campesinas.

Desde el Partido Comunes hemos respaldado históricamente iniciativas de alivio financiero y acompañamiento al campesinado. Hoy, con este nuevo proyecto en curso, reafirmamos nuestro compromiso de defender la dignidad y el bienestar de quienes trabajan la tierra.

Una proposición para mejorar la ley

En coherencia con ese compromiso, presentamos una proposición de modificación al articulado del proyecto, con el fin de ampliar la definición de beneficiarios, precisar criterios y asegurar que los pequeños productores de ingresos bajos reciban un alivio proporcional a su realidad económica.

Estas modificaciones buscan garantizar que la ley cumpla su verdadero propósito: ser un instrumento de justicia social para quienes sostienen la seguridad alimentaria del país.

El Gobierno del Cambio ya ha dado pasos

Cabe recordar que el Gobierno del Cambio ha implementado medidas en la misma dirección, como la reducción de hasta el 40% en los créditos del Banco Agrario para campesinos que inviertan en proyectos de manejo del agua y sostenibilidad productiva.

Estas políticas, sumadas a la amnistía que hoy se discute en el Congreso, apuntan a aliviar la carga financiera, recuperar la capacidad productiva del campesinado y promover un campo con más oportunidades.

Colombia ha vivido todos los horrores del conflicto armado. Durante décadas, la violencia ha afectado a millones de colombianos y colombianas: desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones, y comunidades enteras sometidas al miedo, la exclusión y la violencia.

El Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP, reconoce esta realidad. También reconoce, el dolor histórico de comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rom. Por ello, más que un componente técnico, este punto representa una apuesta ética y política: poner a las víctimas en el centro de la construcción de una nueva Colombia.

Nuestro compromiso como firmantes de paz

El Acuerdo de Paz estableció el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), una Acuerdo sin precedentes en la historia de la solución política de los conflictos en el mundo. Este sistema fue construido a partir de propuestas y recomendaciones recogidas directamente de las víctimas y de diversos sectores sociales, a través de diferentes mecanismos de participación promovidos por la Mesa de Conversaciones.

Desde la concepción y definición del Acuerdo, nuestro compromiso con las víctimas ha sido claro y firme. Como firmantes de paz, nuestra contribución constante al SIVJRNR es testimonio de esa voluntad inquebrantable. Creemos en la verdad, en la justicia, en la reparación y en la garantía de que el horror del conflicto nunca se repita. Avanzamos hacia una Colombia donde la paz con justicia social, política y económica sea una realidad duradera.

Es fundamental recordar que el Acuerdo no es un simple pacto entre el Estado colombiano y un actor armado, sino un compromiso para la construcción de una paz justa, que debe partir del reconocimiento pleno de las víctimas como el corazón del proceso. Sin ese reconocimiento y su participación activa, no existe una paz posible ni legítima.

Persistimos, a pesar de las dificultades

En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, uno de los desafíos más graves y difíciles de superar ha sido la violencia y la persecución contra quienes apostamos por la paz: más de 450 firmantes han sido asesinados desde 2016. Esta realidad compleja y dolorosa no ha frenado nuestro compromiso. Por el contrario, nos reafirma en la convicción de que el camino de la paz, la verdad y la justicia es irreversible.

¡Por las víctimas, por sus derechos, por la dignidad colectiva: seguimos adelante!

El próximo año se celebrarán elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República en Colombia. En este contexto preelectoral resulta imprescindible reflexionar sobre uno de los compromisos más relevantes del Acuerdo de Paz: el Punto 2, “Participación política. Apertura democrática para construir la paz”.

Este punto no se limita a garantizar el tránsito de las antiguas FARC-EP a la vida política; su objetivo es mucho más amplio: profundizar la democracia colombiana, abrir espacios a sectores históricamente excluidos de la institucionalidad y de la toma de decisiones, garantizar que nuevas voces puedan expresarse y tener representación en el escenario político, brindar garantías efectivas de seguridad para el ejercicio político y el liderazgo social, así como, reconocer el derecho a la protesta y la movilización social.

Sin embargo, a casi una década de la firma del Acuerdo, es necesario preguntarse en qué medida estas disposiciones han sido implementadas, cuáles permanecen rezagadas y cómo podrían incidir en el panorama electoral que se avecina.

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El estado de la implementación

El Punto 2 se estructura en tres pilares fundamentales: Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición, especialmente para los nuevos movimientos que surgieron tras la firma del Acuerdo, Mecanismos democráticos de participación ciudadana, con énfasis en formas de participación directa y promoción de una mayor participación en la política nacional, regional y local, en condiciones de igualdad y con garantías de seguridad.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), el avance total de este punto es de apenas 54,82%. El pilar 2 alcanza un 63,14%, el pilar 3 llega a un 53,9% y el pilar 1 apenas alcanza un 37,34%. Esto significa que el aspecto más rezagado sigue siendo precisamente el de las garantías para el ejercicio pleno de la oposición y de los movimientos y fuerzas políticas que surgieron después del acuerdo.

Una democracia sin garantías plenas

La pregunta es: ¿cómo avanzar hacia una apertura democrática real y efectiva si aún no existen garantías suficientes para la participación política? Este es uno de los grandes retos de la contienda electoral que se aproxima.

La democracia colombiana sólo podrá fortalecerse si se generan mecanismos y estrategias que amplíen el espectro político, permitiendo que partidos emergentes y fuerzas minoritarias compitan en igualdad de condiciones frente a los partidos tradicionales y mayoritarios. Una democracia real y efectiva no puede exigir como precio de entrada la renuncia a la autonomía política o la asimilación a las lógicas hegemónicas.

Por otra parte, mientras persistan los asesinatos, las amenazas, los desplazamientos y la estigmatización contra los firmantes de paz, defensores de derechos humanos y ambientales y los liderazgos sociales, tampoco podrá hablarse de una verdadera democracia.

La verdadera paz política en Colombia dependerá de que el compromiso de “apertura democrática” deje de ser una promesa parcial y se convierta en una realidad tangible para todas las voces del país.