Sucre en el corazón: el compromiso del senador Julián Gallo con el Caribe profundo

Un compromiso constante con los territorios olvidados

El departamento de Sucre ha sido históricamente una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, la pobreza estructural y el abandono estatal. Pero también es un territorio que resiste, que se organiza y que mantiene viva la esperanza de paz con justicia social.

Durante estos años de trabajo legislativo, el senador Julián Gallo Cubillos ha visitado reiteradamente el departamento de Sucre, recorriendo sus municipios y corregimientos, dialogando con comunidades campesinas, afrodescendientes, firmantes del Acuerdo de Paz, comunidades indígenas y organizaciones sociales que luchan por una vida digna en medio de las adversidades.

Presencia activa en el territorio: lo que hemos hecho en Sucre

En cada visita, el senador ha escuchado de primera mano las preocupaciones y propuestas de las comunidades, fortaleciendo su compromiso con una política cercana a la gente, centrada en la participación ciudadana, el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y la defensa de los derechos sociales.

Entre las acciones destacadas en Sucre se encuentran:

  • Acompañamiento a firmantes del Acuerdo en proceso de reincorporación y defensa de su seguridad.
  • Participación en Cabildos Populares en Sincelejo y zonas rurales, como Chalán y Ovejas.
  • Reuniones con organizaciones de mujeres rurales y líderes campesinos en la subregión de los Montes de María.
  • Visitas a los corregimientos de Doña Ana y Santiago Apóstol, en el municipio de San Benito Abad, escuchando a sus comunidades rurales y liderazgos locales.
  • Acompañamiento a comunidades indígenas en el municipio de San Marcos, en procesos de organización para el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos.
  • Denuncia de la falta de garantías en materia de acceso a tierras, educación rural, salud y protección ambiental.
  • Respaldo a iniciativas locales de economía popular, comunicación comunitaria y sustitución de cultivos.

Te puede interesar: Mujeres y tierras: justicia territorial con enfoque de género

Una nueva visita para seguir escuchando y construyendo

Este fin de semana, el senador Julián Gallo regresará al departamento de Sucre para continuar este proceso de diálogo directo y seguimiento territorial. Su agenda incluye:

  • Encuentros con comunidades firmantes del Acuerdo y líderes sociales amenazados.
  • Reuniones con plataformas campesinas y afrodescendientes de la región.
  • Visitas a proyectos comunitarios productivos y espacios de formación política.

El objetivo es visibilizar las demandas del Caribe profundo en el Congreso, y convertir esas voces en iniciativas legislativas, control político y exigencias concretas al Gobierno Nacional.

La paz se construye con presencia y coherencia

La presencia constante en Sucre refleja una forma de hacer política distinta: cercana, comprometida y profundamente territorial. Para el senador Julián Gallo, la implementación del Acuerdo de Paz y la reconciliación no son discursos abstractos, sino acciones concretas que comienzan escuchando a quienes más han sufrido la guerra y el abandono.

Día Mundial del Medio Ambiente: paz, territorio y sostenibilidad

Defender el ambiente es defender la vida

Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones en los ecosistemas, el territorio y las futuras generaciones. Pero en Colombia, hablar de medio ambiente también es hablar de conflicto, desigualdad y exclusión.

Durante décadas, los territorios más biodiversos del país han sido también los más golpeados por la violencia, el extractivismo, el abandono institucional y el cambio climático. En este contexto, defender el ambiente no es solo una causa ecológica, sino también una lucha por la justicia social y la paz territorial.

La paz también se siembra: entre tierra, agua y comunidad

La Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz reconoce el vínculo inseparable entre el acceso a la tierra, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo territorial. Sin embargo, muchas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes siguen sin garantías para proteger sus entornos naturales frente a la expansión de economías ilegales o proyectos inconsultos.

Desde el Congreso, el senador Julián Gallo Cubillos ha defendido propuestas que:

  • Promueven una política de tierras con enfoque ambiental y territorial.
  • Fortalecen el rol de las comunidades en la gestión del agua, los bosques y la biodiversidad.
  • Exigen medidas efectivas para frenar la deforestación, proteger páramos y restaurar ecosistemas estratégicos como los manglares.

Proyectos que conectan el territorio con el Estado

En su más reciente reunión con el Ministerio de Ambiente, el senador Gallo insistió en la reactivación de iniciativas ambientales lideradas desde su oficina y actualmente paralizadas por cambios administrativos. En particular, abordó la necesidad de:

  • Retomar los proyectos de negocios verdes y PSA (Pagos por Servicios Ambientales) que fueron formulados para zonas como Rincón del Mar.
  • Apalancar y reimpulsar proyectos de restauración de manglares en Sucre y en Barú (Cartagena), vitales para la resiliencia climática y la economía local.
  • Explorar el uso del mecanismo de obras por impuestos como herramienta para financiar soluciones ambientales con participación comunitaria.

“Las comunidades están esperando respuestas, y no podemos fallarles. Nuestra responsabilidad es ser el puente entre el Estado y el territorio”, señaló el senador.

Justicia ambiental y participación comunitaria

El cuidado del ambiente no puede estar desligado de la participación política y la garantía de derechos. Los procesos de consulta previa, las juntas de acción comunal, los medios comunitarios y los movimientos sociales ambientales cumplen un papel esencial en la defensa de los bienes comunes.

El senador ha insistido en que:

  • La democracia ambiental debe garantizar condiciones seguras para quienes defienden el territorio.
  • El desarrollo debe construirse con base en el respeto por la naturaleza y los saberes ancestrales.
  • Las regiones más biodiversas del país necesitan inversión pública y cooperación internacional eficaz para asegurar alternativas sostenibles de vida.

El ambiente también es un punto de paz

Construir paz es también cuidar los ríos, los bosques, el aire y la tierra. En este Día Mundial del Medio Ambiente, reiteramos el compromiso del senador Julián Gallo con una agenda legislativa y territorial que ponga en el centro la vida, la sostenibilidad y la participación ciudadana, como pilares para una Colombia más equitativa, justa y en paz con la naturaleza.

Pensión y vejez: dignidad para quienes construyeron este país

Envejecer con dignidad: una urgencia social y política

En Colombia, millones de personas mayores viven sin pensión, en condiciones de pobreza y abandono. Este es uno de los mayores retos de la justicia social y de los derechos sociales en Colombia, donde envejecer no puede ser sinónimo de inequidad ni exclusión.

La reforma pensional: a la espera de su aprobación definitiva

El gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, presentó una reforma pensional estructural que fue aprobada por el Senado, pero actualmente se encuentra pendiente de su aprobación definitiva, luego de que la Corte Constitucional decidiera devolverla a la Cámara de Representantes por vicios en el trámite legislativo.

La propuesta —respaldada por el senador Julián Gallo— plantea la creación de un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, basado en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Entre sus puntos más importantes se encuentran:

  • Consolidación de Colpensiones como administrador del régimen hasta 2.3 salarios mínimos, con posibilidad de ahorro complementario en fondos privados.
  • Reducción progresiva de semanas cotizadas para mujeres hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.
  • Reconocimiento de semanas adicionales por maternidad o servicio militar.
  • Establecimiento de una renta básica pensional de $223.800 para personas mayores en pobreza extrema que no cumplan los requisitos tradicionales de pensión.

Impacto territorial y social de la reforma

Esta reforma busca corregir inequidades históricas, ampliar la cobertura pensional e incorporar a más de 2 millones de personas mayores excluidas, especialmente en zonas rurales, comunidades afrodescendientes, indígenas y urbanas populares.

Además, armoniza la protección social con la participación activa de las personas mayores, reconocidas como guardianes de la memoria histórica y actores claves del desarrollo territorial.

El respaldo del senador Julián Gallo

En este marco, el senador Julián Gallo ha expresado su respaldo decidido a la reforma pensional, por considerarla una herramienta esencial para avanzar en la equidad social y garantizar los derechos fundamentales de quienes han sostenido al país con su trabajo.

Su compromiso se ha manifestado en los debates de la Comisión Primera del Senado y en espacios territoriales donde ha reiterado que la vejez no puede seguir siendo un espacio de exclusión ni pobreza, sino una etapa protegida por un Estado solidario y garante de derechos.

Vejez digna, deber nacional

La pensión no es un gasto: es un derecho. La reforma pensional impulsada por el Gobierno y respaldada por el senador Julián Gallo representa un paso firme hacia una Colombia más equitativa y solidaria, con enfoque territorial, perspectiva de género y justicia para quienes han dedicado su vida al trabajo y al cuidado.

Desde el Congreso, seguiremos defendiendo que la vejez sea una etapa de dignidad, reconocimiento y derechos, no de olvido.



Mujeres y tierras: justicia territorial con enfoque de género

Una deuda histórica con las mujeres rurales

Las mujeres rurales en Colombia han sostenido la vida en los territorios a pesar del abandono institucional, la pobreza y la violencia. Sin embargo, históricamente han sido excluidas del acceso a la tierra, del reconocimiento de sus derechos como campesinas, indígenas o afrodescendientes, y de la participación en los espacios donde se toman decisiones sobre sus territorios.

La Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz reconoce explícitamente que la redistribución de la tierra debe tener enfoque de género, y que es imposible lograr justicia social sin saldar esta deuda con las mujeres que cultivan, cuidan y protegen el campo colombiano.

El acceso a la tierra como derecho, no como concesión

Según cifras oficiales, menos del 30% de los títulos de propiedad rural en Colombia están a nombre de mujeres. Esto no solo afecta su autonomía económica, sino que también limita su participación política y social en sus comunidades.
Defender el derecho de las mujeres a la tierra es también defender:

  • Su derecho al trabajo y a un ingreso digno.
  • Su derecho a la protección frente a las violencias estructurales y el despojo.
  • Su capacidad de decidir sobre los usos del territorio y del medio ambiente.
  • Su papel central en la construcción de la paz territorial.

Lee también: Educación rural y participación: claves para una democracia territorial

Desde el Congreso: lucha por la justicia territorial con enfoque de género

Como senador comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz y la justicia social, he respaldado debates y propuestas legislativas que incluyen:

  • Medidas para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a la tierra y a créditos rurales.
  • Proyectos que reconocen el trabajo no remunerado y el rol fundamental de las mujeres en la economía del cuidado.
  • El fortalecimiento de la jurisdicción agraria, que incluye enfoque de género y atención prioritaria a víctimas del conflicto.

Desde la Comisión Primera y en diálogo permanente con organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas, hemos visibilizado estas luchas en el Senado y exigido respuestas institucionales.

Conoce más: Compromisos con la paz y la reconciliación desde el Congreso

Las mujeres son protagonistas de la paz

Las mujeres no solo han sido víctimas del conflicto armado; han sido también constructoras de paz, memoria y resistencia. Muchas son firmantes del Acuerdo, defensoras del territorio, lideresas comunitarias y guardianas de la vida.

Por eso, avanzar en la entrega de tierras a mujeres rurales no puede seguir siendo un gesto simbólico o marginal: debe ser una prioridad nacional.

Sin tierra para las mujeres, no hay reforma agraria ni paz

La paz comienza cuando las mujeres tienen garantías para vivir, producir y decidir sobre su territorio. Una Colombia más justa, igualitaria y reconciliada necesita una reforma agraria feminista, que ponga en el centro los derechos de las mujeres rurales. Desde el Congreso, seguiremos defendiendo este principio con hechos, con leyes y con presencia activa en los territorios.

Juicio a Álvaro Uribe Vélez: un paso hacia la verdad y la justicia

Julián Gallo Cubillos

Una señal de que la justicia avanza

El avance del juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez representa un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia. No se trata de una persecución política ni de un revanchismo personal, como algunos sectores han intentado posicionar. Se trata, ante todo, de un ejercicio legítimo del Estado de derecho y de la autonomía judicial, que debe ser respetado por todos los actores políticos y sociales.

Nadie por encima de la ley: garantía de no repetición

Durante décadas, amplios sectores de la sociedad colombiana —especialmente víctimas del conflicto armado— han exigido verdad, justicia y reparación, incluso frente a los más altos niveles del poder. Que un expresidente sea llamado a juicio demuestra que la justicia está viva y operando, y que ningún cargo o trayectoria política puede ser excusa para eludirla.

Este proceso judicial envía un mensaje claro: la impunidad no puede ser el destino de los crímenes que marcaron la guerra y el sufrimiento de miles de familias. Así se fortalece la democracia y se avanza en el cumplimiento del principio de no repetición, base de la justicia transicional.

Lee también: Compromisos con la paz y la reconciliación desde el Congreso

Por una paz que también signifique justicia

En un país que ha vivido más de medio siglo de guerra, la reconciliación solo será posible si hay verdad completa y responsabilidad asumida. El juicio a Álvaro Uribe no es solo un caso penal, sino una oportunidad histórica para que el país mire de frente los hechos que han estado en el centro del conflicto: paramilitarismo, persecuciones políticas, interceptaciones ilegales, y alianzas criminales con estructuras armadas.

Quienes han apostado por la paz desde la firma del Acuerdo creen que la verdad no puede seguir siendo sacrificada por cálculos políticos. Y que la dignidad de las víctimas no puede seguir esperando.

Sin justicia, no hay paz duradera

Desde el Congreso, el senador Julián Gallo reitera su respaldo a una justicia que avance sin miedo, con independencia y con rigor. El juicio a Álvaro Uribe Vélez es un paso indispensable para cerrar las heridas del pasado, honrar a las víctimas y garantizar que los hechos que marcaron los años más oscuros del país no vuelvan a repetirse.

Compromisos con la paz y la reconciliación 

Julián Gallo Cubillos

El Coro de Hijos e Hijas de la Paz: un símbolo vivo del acuerdo

En el camino de la reconciliación, también hay espacio para la esperanza y los gestos simbólicos que tocan el alma. Por eso impulsamos la creación del Coro de Hijos e Hijas de la Paz, una iniciativa que busca visibilizar a niñas, niños y jóvenes nacidos en el marco del Acuerdo, como semillas de un país nuevo.

El coro ha sido protagonista en actos conmemorativos recordándonos que la paz también se canta, se educa y se transmite entre generaciones.

Me llena de orgullo decir que mi propia hija, nacida tras la firma del Acuerdo, hace parte de este coro. Su voz, como la de muchas otras y otros, nos recuerda por qué luchamos: porque la paz no es solo un legado, es una promesa que debemos cumplirles.

Reconciliación: una apuesta de país

Reconciliar no significa olvidar, ni tampoco negar el conflicto. Significa asumir responsabilidades, reconocer al otro y construir un futuro compartido. Por eso, hemos defendido iniciativas que promuevan el respeto por la diferencia, la memoria histórica, y la participación de todos los sectores, incluidas las víctimas, los firmantes del acuerdo y las comunidades más afectadas por la violencia.

Reconciliar también es luchar contra la estigmatización. En un país polarizado, donde la paz sigue siendo blanco de ataques, es urgente fortalecer la pedagogía social y política para comprender lo que significan el perdón, la verdad y la justicia restaurativa.

Te puede interesar: Sin participación no hay paz: el Punto 2 del Acuerdo de Paz

Un camino de coherencia política y ética

Como firmante del Acuerdo de Paz y actual senador de la República, mi compromiso con la reconciliación nacional, la justicia social y la implementación integral del Acuerdo no es solo político, sino también ético y personal. Defender la paz no es una tarea del pasado: es una responsabilidad presente que exige acciones concretas desde las instituciones.

Desde el Congreso, y especialmente desde la Comisión de Paz del Senado, hemos asumido este compromiso impulsando leyes, acompañando debates y escuchando a las comunidades que más han sufrido los efectos del conflicto armado.

Implementación real: de los compromisos al cumplimiento

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 trazó una hoja de ruta ambiciosa: transformar las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto armado. Aunque se han logrado avances importantes, aún existen retos significativos para llevar a cabo su implementación integral y efectiva.

Desde el Congreso hemos insistido en:

  • El cumplimiento del Punto 1 sobre Reforma Rural Integral y el acceso a la tierra.
  • La defensa del Punto 2 sobre participación política, con garantías reales para líderes sociales y comunidades.
  • El fortalecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con énfasis en la JEP.
  • La continuidad del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, con enfoque de derechos y sostenibilidad.


Lee también: Garantías para líderes sociales: un compromiso pendiente

Bogotá: recicladores exigen respeto por su oficio y trabajo digno

Persecución en las calles: una amenaza a la dignidad laboral

La propuesta de una consulta popular ha generado una reacción predecible pero reveladora en los sectores políticos tradicionales: alarmismo, tergiversación y desprecio. Alegan que se trata de un intento de “reescribir la Constitución”, que “atenta contra la democracia” o que es una “maniobra populista”. Pero detrás de estos discursos se esconde una verdad incómoda: la derecha teme la participación directa de la ciudadanía, especialmente cuando esta puede poner en entredicho sus privilegios.

“Se está cometiendo una barbarie contra nuestro gremio. Nos persiguen, nos incautan los zorrillos, y se nos impide ejercer nuestra labor dignamente”, afirma Jonatan Rodríguez, representante de la Asociación de Recicladores Ecológicos.

Mesas de trabajo: una apuesta por la defensa colectiva del oficio

Desde Ecoalianza Estratégica y la Asociación Pedro León, liderazgos como el de Olga Vásquez insisten en la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo con el Estado. “Teníamos avances en la implementación del Decreto 014, pero luego nos bajaron del bus. No pedimos su derogatoria, pero sí ajustes que garanticen el ejercicio real del reciclaje en condiciones de dignidad”, señala.

Las mesas de trabajo conformadas en Bogotá han sido impulsadas gracias al acompañamiento del partido Comunes y el compromiso del senador Julián Gallo Cubillos, quien ha destinado un equipo técnico para acompañar este proceso.

Trabajo digno y justicia social: compromiso del senador Julián Gallo

Como parte de su agenda legislativa y territorial, el senador Julián Gallo ha respaldado públicamente a los recicladores como actores clave en la construcción de una Bogotá más justa y sostenible. “La paz y la justicia social se construyen también desde la defensa del trabajo digno. No puede haber reconciliación mientras se siga persiguiendo a quienes ejercen oficios esenciales para la vida”, ha expresado.

Desde su curul, el senador ha impulsado el respeto por el trabajo manual y ambientalmente vital, articulando con organizaciones sociales y comunitarias de recicladores de la capital, promoviendo rutas jurídicas, normativas y políticas para su protección.

Consulta Popular: ¿Por qué la derecha le teme a que el pueblo decida?

La propuesta de una consulta popular ha generado una reacción predecible pero reveladora en los sectores políticos tradicionales: alarmismo, tergiversación y desprecio. Alegan que se trata de un intento de “reescribir la Constitución”, que “atenta contra la democracia” o que es una “maniobra populista”. Pero detrás de estos discursos se esconde una verdad incómoda: la derecha teme la participación directa de la ciudadanía, especialmente cuando esta puede poner en entredicho sus privilegios.

¿Qué molesta tanto de una consulta popular?

En lugar de celebrar un mecanismo legítimo de participación consagrado en la Constitución —como parte de una democracia participativa en Colombia—, los sectores conservadores buscan desacreditarlo. El argumento es simple: si el pueblo decide, puede cambiar las reglas del juego, y eso afecta sus intereses.

Pero más allá de la retórica, sus argumentos se caen por su propio peso:

  • Dicen defender la democracia, pero rechazan que el pueblo participe. Para estos sectores, la democracia es válida solo si garantiza el statu quo. No es nuevo: también se opusieron al Acuerdo de Paz en Colombia, han bloqueado su implementación efectiva, y ahora cuestionan que las reformas sociales se consulten directamente con el pueblo.
  • Hablan de proteger el empleo, pero rechazan la reforma laboral. Alegan que las reformas “ahuyentan la inversión y destruyen empleo”, pero omiten que hoy millones de colombianos viven en condiciones de informalidad y precarización. La consulta busca apoyar reformas que garanticen el derecho al trabajo en Colombia, mejores condiciones laborales y dignidad para quienes sostienen la economía desde abajo.
  • Defienden la institucionalidad, pero sabotean el cambio. Se oponen a la reforma política urgente en Colombia, al fortalecimiento de los mecanismos de control político, a una política de drogas basada en la salud pública y a cualquier iniciativa que apunte a la justicia social y el desarrollo territorial. En nombre de la estabilidad, perpetúan la desigualdad.

Coherencia con el pueblo, no con los poderosos

El senador Julián Gallo Cubillos, comprometido con una política cercana a la gente, defiende la consulta como un paso hacia una Colombia más equitativa, en donde el pueblo tenga voz directa sobre las decisiones que afectan su vida cotidiana. Como senador comprometido con la paz, respalda mecanismos que amplíen la participación ciudadana, la transparencia y el ejercicio democrático.

La consulta popular no es un atajo, es una vía constitucional y legítima para que el país se exprese sobre las reformas que la derecha ha saboteado desde el Congreso. Es también una oportunidad para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por una justicia social en Colombia que deje de ser una promesa incumplida.

La pregunta no es por qué el gobierno promueve una consulta.
La verdadera pregunta es: ¿por qué la derecha le teme tanto a que el pueblo decida?

Educación rural y participación: claves para una democracia territorial

Julián Gallo Cubillo

La educación rural como derecho y como base para la paz

En Colombia, la educación rural ha sido históricamente olvidada. Durante décadas, miles de niños, niñas y jóvenes en el campo han enfrentado barreras de acceso, precariedad en la infraestructura y ausencia de oportunidades de formación pertinente para su contexto. Pero más allá del derecho básico a la educación, lo que está en juego es algo mayor: la posibilidad de construir una democracia territorial, inclusiva y participativa.

El Acuerdo de Paz lo dejó claro: garantizar una educación con enfoque territorial es esencial para cerrar brechas, fortalecer el tejido social y permitir que las comunidades rurales ejerzan su ciudadanía de forma activa.

Educación y participación: un binomio para la transformación

Cuando hablamos de participación política, no solo nos referimos a votar. Se trata de que las comunidades puedan incidir en las decisiones que afectan sus vidas. Y para ello, la educación es fundamental: forma liderazgos, fortalece la organización social y genera pensamiento crítico.

Una educación rural con enfoque diferencial debe:

  • Reconocer los saberes ancestrales y campesinos.
  • Incorporar la historia del conflicto armado y la construcción de paz.
  • Preparar a los jóvenes para defender sus derechos y aportar a sus territorios.

Lee también: Sin participación no hay paz: el Punto 2 del Acuerdo de Paz

Impulso a la educación como derecho territorial

Desde el Congreso de la República hemos acompañado propuestas legislativas y debates que exigen una política educativa pensada para el campo.

Como senador y firmante del Acuerdo, he defendido:

  • La necesidad de financiación adecuada para la educación rural, con acceso digno a tecnología, conectividad y formación docente.
  • La articulación entre educación y desarrollo territorial, como vía para la paz sostenible.
  • El fortalecimiento de las escuelas como espacios democráticos, de participación, memoria y reconciliación.

Conoce más: Compromisos con la paz y la reconciliación desde el Congreso

Educar para quedarse: evitar el desarraigo

Uno de los grandes desafíos en los territorios rurales es el desplazamiento forzado, tanto por la violencia como por la falta de oportunidades. Una educación pertinente y de calidad puede ser una herramienta para que los jóvenes no tengan que abandonar sus tierras, sino que puedan formarse allí mismo para transformar su entorno.

Apostarle a la educación rural es apostar por el arraigo, la dignidad y el futuro del campo colombiano.

Sin educación rural no hay democracia verdadera

La justicia social comienza por reconocer que no puede haber ciudadanos de segunda categoría. El campo colombiano merece las mismas oportunidades que las ciudades. Y sin educación rural digna, no es posible construir una democracia participativa ni consolidar la paz.

Seguiré trabajando desde el Congreso para que el derecho a la educación sea una realidad en todos los rincones del país.

Garantías para líderes sociales: un compromiso pendiente

Julián Gallo Cubillos

Liderar en Colombia: una labor de alto riesgo

Ser líder o lideresa social en Colombia implica, muchas veces, enfrentar amenazas, estigmatización y, en el peor de los casos, perder la vida. Quienes defienden los derechos humanos, exigen justicia social o luchan por la tierra y el territorio, lo hacen con valentía, pero sin garantías.

A pesar del Acuerdo de Paz y del compromiso del Estado, las cifras de violencia contra líderes sociales siguen siendo alarmantes. Cada amenaza o asesinato no solo vulnera un derecho fundamental, sino que debilita la democracia y obstaculiza la reconciliación nacional.

El Acuerdo de Paz lo dejó claro: proteger a quienes protegen

El Punto 3.4 del Acuerdo de Paz establece compromisos claros sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Y el Punto 2, sobre participación política, reconoce que sin condiciones de seguridad, la participación es imposible.

Esto incluye:

  • Medidas de protección colectiva e individual.
  • Investigación y sanción efectiva contra los responsables.
  • Reconocimiento público a la labor social y comunitaria.
  • Presencia institucional integral en los territorios.

Sin embargo, muchos de estos compromisos siguen sin cumplirse. La implementación integral del Acuerdo de Paz no puede seguir postergándose, especialmente en lo que respecta a la vida y el ejercicio libre de la ciudadanía.

Lee también: Sin participación no hay paz: el Punto 2 del Acuerdo de Paz

Desde el Congreso: exigencia, control político y propuestas

Desde mi labor como senador y firmante del Acuerdo de Paz, he insistido de forma permanente en:

  • El fortalecimiento del sistema de protección para líderes sociales, incluyendo enfoques diferenciales por género, territorio y tipo de liderazgo.
  • La evaluación crítica de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y su reforma urgente.
  • La necesidad de establecer alertas tempranas con capacidad de respuesta inmediata.
  • La creación de una Política Pública de Protección Integral y Participativa.

Te puede interesar: Así acompañamos los territorios en riesgo: visitas recientes del senador

No se puede hacer política con miedo

Cuando un líder social es asesinado, no solo se apaga una voz: se rompe el tejido comunitario y se paraliza el ejercicio de la participación democrática. En muchas regiones del país, la política se sigue haciendo bajo amenaza, y esto es inaceptable en un Estado de derecho.

Garantizar la vida de quienes ejercen liderazgos sociales no es solo una obligación legal; es una condición ética y política para que la paz sea posible.

Que ser líder no cueste la vida

Colombia necesita una democracia donde nadie tenga que morir por pensar distinto, por organizar a su comunidad o por defender un derecho. La paz no puede construirse sobre el miedo.

Desde el Congreso, seguiremos alzando la voz, haciendo control político y proponiendo medidas concretas. Porque garantizar la vida de quienes lideran es garantizar la vida de la democracia misma.