El Fin del Conflicto: un punto de inflexión para Colombia

El Fin del Conflicto: un punto de inflexión para Colombia

El tercer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016, conocido como “Fin del Conflicto”, es quizá el más simbólico de todo el pacto. No se trató solamente de poner un punto final a más de cincuenta años de confrontación armada, sino de sentar las bases para una nueva forma de relacionarnos como sociedad.

Más que la dejación de armas

Este punto incluyó medidas históricas:

  • El cese bilateral y definitivo del fuego, que puso fin a la confrontación armada entre el Estado y las FARC-EP.
  • La dejación de armas por parte de la insurgencia, bajo un estricto proceso de verificación de Naciones Unidas.
  • La creación de las zonas veredales transitorias de normalización, espacios donde los excombatientes iniciaron su tránsito hacia la vida civil.
  • Y un proceso de reincorporación económica, social y política que buscaba garantizar educación, trabajo y participación democrática.

Pero lo fundamental fue que el acuerdo no se redujo a la entrega de fusiles: abrió la posibilidad de construir un país donde la palabra sustituye a la violencia y donde la política reemplaza a las armas.

El significado histórico

El Fin del Conflicto no fue un acto aislado ni un trámite logístico. Fue una decisión histórica: dejar atrás la guerra como forma de lucha y reconocer que la democracia debía ser el escenario para tramitar las diferencias. En ese sentido, el Punto 3 es un recordatorio de que Colombia no está condenada a la violencia.

Retos y desafíos

A casi nueve años de su firma, este punto sigue planteando enormes desafíos. La reincorporación de los firmantes de paz no ha sido sencilla:

  • Persisten riesgos de seguridad que afectan a excombatientes y líderes sociales.
  • Los proyectos productivos enfrentan trabas y falta de apoyo sostenido.
  • La estigmatización aún marca la vida cotidiana de quienes le apostaron a la paz.

Sin embargo, también hay avances: comunidades que conviven en paz con los firmantes, iniciativas de reconciliación desde los territorios y ejemplos de cómo la reincorporación es posible cuando hay garantías reales.

Una lección para el país

El Fin del Conflicto es una lección viva: la reconciliación no ocurre de la noche a la mañana, sino con voluntad, garantías y compromiso colectivo. Como lo señaló el senador Julián Gallo, firmante del Acuerdo de Paz, este punto demuestra que Colombia puede caminar hacia una democracia más incluyente, donde las diferencias se resuelvan con palabras y no con balas.

El reto ahora es que el Estado cumpla a cabalidad lo pactado y que la sociedad entera reconozca el valor de quienes optaron por transformar la lucha armada en un proyecto de vida en paz. Porque el Fin del Conflicto no es un hecho del pasado: es una tarea del presente y una promesa hacia el futuro.

Artículo punto 4 del Acuerdo de Paz-Política de Drogas

Punto 4 del Acuerdo de Paz: transformar el campo para superar la guerra contra las drogas

Durante décadas, el narcotráfico fue el combustible de la guerra en Colombia. Sin embargo, el campesino nunca fue el enemigo: fue la primera víctima de un modelo que lo condenó a la exclusión y lo empujó a, por ejemplo, sembrar coca como única salida de supervivencia.

Por eso, el cuarto punto del Acuerdo de Paz toca una de las raíces más profundas del conflicto armado: las drogas ilícitas.

Una solución integral

A diferencia de la vieja “guerra contra las drogas”, centrada en la represión, el Punto 4 propone una visión integral que parte de la dignidad campesina y la presencia del Estado en los territorios:

  • Sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, no impuesta por la fuerza.
  • Apoyo a proyectos alternativos como el cacao, el café o los frutales que generan ingresos sostenibles.
  • Infraestructura y servicios públicos: escuelas, hospitales, vías y acompañamiento técnico en las zonas cocaleras.
  • Una política de drogas basada en la salud pública, y no solo en la criminalización.

El objetivo es romper el círculo vicioso donde la falta de alternativas empuja al campesino a depender de los cultivos de uso ilícito.

Un cambio de paradigma

La paz significa que ninguna familia debe escoger entre sembrar coca o morir de hambre. Por eso, este punto del Acuerdo busca cambiar la historia: pasar de la “guerra contra las drogas” a la construcción de un campo con dignidad y oportunidades.

Retos actuales

A casi nueve años de la firma del Acuerdo, los avances en este punto son dispares. Existen experiencias exitosas de sustitución en regiones donde las comunidades han logrado sostener proyectos alternativos. Pero también persisten amenazas: la erradicación forzada, la falta de cumplimiento estatal y la violencia contra líderes campesinos que defienden la paz.

Un compromiso con la vida

El Punto 4 recuerda que la paz no se firma solo en un documento: se siembra en la tierra, en los cultivos que alimentan y en la confianza de que el Estado no volverá a darle la espalda a las comunidades rurales.

Como lo ha reiterado el senador Julián Gallo, firmante del Acuerdo de Paz, transformar el campo colombiano es condición para cerrar definitivamente la puerta a la violencia. Garantizar alternativas reales para las familias campesinas es garantizar la vida.

Senadora Sandra Ramírez, nueva vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado

Senadora Sandra Ramírez, nueva vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado

La senadora Sandra Ramírez, firmante del Acuerdo de Paz y colega de bancada en el partido Comunes, fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado de la República, un espacio donde se discuten temas de educación, cultura, ciencia, tecnología, comunicaciones, transporte y servicios públicos.

Este nombramiento es un reconocimiento a su trayectoria, a su compromiso con la paz y a la voz de miles de hombres y mujeres que le apuestan a la reconciliación y al fortalecimiento de la democracia desde las instituciones.

Un espacio clave para el país

La Comisión Sexta tiene a su cargo debates de gran relevancia para el presente y el futuro del país, como:

  • La garantía del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.
  • El fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.
  • La regulación de las comunicaciones y los medios públicos.
  • El desarrollo de la infraestructura de transporte que conecta regiones.

En todos estos temas, la voz de la senadora Sandra Ramírez representa no solo la experiencia de una lideresa comprometida con la transformación social, sino también la presencia de un partido que surgió de la firma del Acuerdo de Paz y que hoy participa activamente en la vida institucional del país.

Una conquista colectiva

La vicepresidencia de la Comisión Sexta en cabeza de Sandra Ramírez refleja el avance de la bancada de Comunes en el Congreso, que continúa aportando a la consolidación de la paz con propuestas legislativas y con un trabajo constante de representación de las comunidades históricamente excluidas.

Como compañero de bancada, el senador Julián Gallo destaca este logro como una conquista colectiva: una muestra de que la implementación del Acuerdo de Paz no solo se mide en el campo o en los territorios, sino también en la participación activa en los escenarios institucionales donde se toman las decisiones que afectan la vida de los colombianos.

Un paso más hacia la reconciliación

El liderazgo de la senadora Sandra Ramírez en la Comisión Sexta es también un paso más en el camino hacia la reconciliación. Su presencia allí es un símbolo de la transición de las armas a la política, del conflicto a la democracia, de la exclusión a la participación.

Desde la bancada de Comunes celebramos este nuevo reto de la senadora Sandra Ramírez, convencidos de que su voz seguirá aportando a la construcción de un país más justo, democrático y en paz.

Día Nacional de los Derechos Humanos

Día Nacional de los Derechos Humanos

En Colombia, cada 09 de septiembre se conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos, establecido por la Ley 95 de 1985 en honor a San Pedro Claver, quien dedicó su vida a defender a los esclavos en Cartagena, convirtiéndose en un símbolo de justicia y resistencia en busca de la dignidad.

Resistir para conquistar

La trayectoria histórica de quienes defienden los derechos humanos, demuestra que muchos de los avances y conquistas actuales, han sido posibles gracias a la resistencia y las luchas lideradas por defensoras y defensores provenientes de grupos poblacionales históricamente excluidos de la toma de decisiones, como los pueblos indígenas, las mujeres, los obreros, el campesinado, entre otros.

Así, muchos de los avances más importantes, tanto legales como sociales, han sido forjados por la valentía colectiva de estas comunidades, por ejemplo, pueblos indígenas que recuperaron sus territorios ancestrales, campesinos que resistieron al despojo de tierras, mujeres que conquistaron derechos a partir de la movilización social, entre otros. Sus resistencias no solo han conquistado nuevos derechos, también han derrumbado diferentes barreras de exclusión.

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Conmemorar y proteger la vida.

Muchas personas han perdido la vida en el ejercicio de esta labor, por lo anterior, defender los derechos humanos en un país como Colombia es un acto profundamente valiente; Organizaciones como Indepaz, advierten que este es uno de los países más peligrosos del mundo para los y las defensoras de derechos humanos. En lo que va del año, se estima que han sido asesinadas entre 90 y 100 personas y,  la Defensoría del pueblo, reporta que entre enero y abril del 2025, 20 eran firmantes de paz y 69 líderes sociales y ambientales han perdido su vida como producto de la violencia.

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Es necesario conmemorar esta fecha reconociendo la situación crítica que viven los y las defensoras de derechos humanos hoy, pero es aún más importante construir mecanismos efectivos para proteger la vida de estas personas y garantizar su seguridad en los diferentes territorios del país.

Este propósito, que quedó incluido de manera explícita en el Acuerdo de Paz, sigue siendo una deuda pendiente del Estado colombiano.

Día Internacional de la Democracia

Día Internacional de la Democracia

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia, con el fin de honrar todas las democracias del mundo y de promover y defender los principios que la caracterizan: igualdad, justicia, participación y deliberación.

La Democracia en Colombia

Bien vale la pena la ocasión, para reflexionar sobre este tema en Colombia, país que, a pesar de ser considerado el país con la democracia más antigua de América Latina, nunca ha tenido realmente, un sistema político democrático y, por el contrario,  la característica esencial de su régimen político ha sido el monopolio del poder por parte de unas élites económicas y políticas, que tradicionalmente han recurrido al terrorismo estatal, la violencia y la represión para impedir el surgimiento y consolidación de los proyectos políticos y sociales que han buscado la apertura del sistema político colombiano.

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La violencia en Colombia ha sido parte sustancial del régimen de dominación, golpeando de manera sistemática los proyectos de cambio y transformación, teniendo entre sus principales víctimas las regiones más apartadas y las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, al igual que los opositores políticos al sistema, los líderes sociales, sindicales, defensores de derechos humanos y del ambiente.

Este patrón, pone en evidencia una realidad incuestionable que nos obliga a preguntarnos a cerca de la necesidad imperiosa de consolidar el proceso de transición que abrió el actual gobierno del Presidente Gustavo Petro, lo que implica, necesariamente, la continuidad del proyecto reformista y su ampliación y profundización, hasta lograr el desmonte del sistema político oligárquico y sus resortes de exclusión, violencia y acumulación de riqueza, en detrimento de las grandes mayorías del país.

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Renovar la Democracia

En esta fecha conmemorativa, es importante abrir el debate sobre el significado y alcance del concepto de democracia en el mundo actual, más allá de la simple participación periódica de los electores para escoger sus gobernantes, llevándolo a la participación decisiva en los principales asuntos públicos, como son los planes de desarrollo, el ordenamiento económico, social y ambiental del territorio, la elaboración de los presupuestos, la definición de las principales políticas públicas, la garantía de acceso a derechos fundamentales y servicios esenciales. 

Consulta Popular Campesina: la voz del campo para saldar la deuda histórica de la Reforma Agraria

Consulta Popular Campesina: la voz del campo para saldar la deuda histórica de la Reforma Agraria

La Reforma Agraria es una deuda que Colombia arrastra desde hace más de un siglo. Una deuda con los campesinos y campesinas que alimentan al país con su trabajo, pero que históricamente han sido excluidos de la tierra, de la inversión estatal y de la justicia social.

Hoy, desde el movimiento campesino, surge una propuesta que busca transformar esta realidad: una Consulta Popular Campesina que impulse la Reforma Agraria y coloque en el centro de la agenda nacional la redistribución de la tierra, el apoyo a la producción campesina y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

¿Por qué una consulta?

La demanda por una Reforma Agraria no es nueva, pero sigue pendiente. El Estado se comprometió en el Acuerdo de La Habana a adquirir 3 millones de hectáreas y formalizar 7 millones más, pero la realidad es que los mecanismos creados —como el Decreto 902 de 2017— han sido insuficientes y en muchos casos trampas burocráticas que frenan el acceso real a la tierra.

Además, aunque se aprobó la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, la Ley Ordinaria que la hace operativa está empantanada en un Congreso atravesado por intereses de grandes acaparadores de baldíos. Las herramientas existen, pero el campesino sigue esperando resultados concretos.

El contenido de la consulta

La propuesta de Consulta Campesina incluye preguntas que abordan temas de fondo:

1. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras recupere baldíos sin fase judicial, adquiera predios y disponga de los bienes rurales incautados al narcotráfico, la corrupción y a los grupos armados, para destinarlos a comunidades campesinas sin tierra, como estrategia para superar la desigualdad y la violencia?

2. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado transforme entidades y fortalezca programas con participación directa del campesinado, para impulsar la producción, transformación y comercialización de productos de la economía campesina, familiar y comunitaria como estrategia para acabar el hambre?

3. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice que las comunidades campesinas que habitan en áreas ambientalmente protegidas puedan permanecer, participar en su ordenamiento y cuidar dichos territorios con acompañamiento, inversión pública y proyectos agroecológicos?

4. ¿Está usted de acuerdo en que todas las instituciones del Estado garanticen la protección de los derechos del campesinado, sus territorios y su desarrollo integral bajo el cumplimiento del Artículo 64 de la Constitución Política y con enfoque de género?

5. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado garantice mecanismos especiales para la protección de la vida y la paz en el campo y las comunidades, en particular para la protección integral de los liderazgos campesinos y ambientales?

Estas preguntas son, en realidad, un llamado a que el país entero decida si quiere un campo con dignidad, soberanía alimentaria y justicia social.

Una meta posible: 4 millones de firmas en 6 meses

La meta es clara: recolectar 4 millones de firmas en seis meses para radicar la iniciativa, lo que equivale al 5% del censo electoral nacional. Una cifra ambiciosa, pero alcanzable si el movimiento campesino y la sociedad en general unen fuerzas en este propósito.

La voz del campo, un mandato para la nación

El campo colombiano le ha cumplido al país: con su trabajo ha garantizado la alimentación en medio de la pobreza, la guerra y la exclusión. Ahora le toca a Colombia cumplirle a los campesinos.

La Consulta Popular Campesina no es solo un mecanismo jurídico: es un acto de justicia histórica, un grito democrático y una apuesta de país. Porque sin tierra para quien la trabaja, no habrá paz completa ni democracia real.


El campo le ha cumplido a Colombia. Ahora le toca al país cumplirle a los campesinos. ¡Consulta Campesina YA!”

Consulta Popular Campesina: la voz del campo para saldar la deuda histórica de la Reforma Agraria

Juventud: garantes de paz y protagonistas de la democracia

Juventud: garantes de paz y protagonistas de la democracia

El próximo 19 de octubre, Colombia vivirá una jornada trascendental: las elecciones de los consejos de juventud municipales, espacios de participación que representan una oportunidad histórica para que las y los jóvenes asuman un rol protagónico en la transformación del país.

Desde Comunes, creemos firmemente que esta generación, marcada por la rebeldía y la esperanza, puede convertirse en garante de paz y en constructora de escenarios donde la política sea sinónimo de dignidad, inclusión y futuro. Los consejos de juventud, no son solo un mecanismo institucional, son un camino para que las nuevas voces incidan en las decisiones que afectan sus vidas, sus territorios y sus comunidades.

En tiempos donde la política ha estado alejada de la ciudadanía, la irrupción de jóvenes en estos espacios abre la posibilidad de renovar la democracia desde abajo, desde quienes conocen en carne propia la exclusión, la precariedad y la falta de oportunidades, pero también desde quienes han demostrado una inquebrantable voluntad de resistir y de soñar con un país distinto.

Las y los jóvenes han sido protagonistas en la defensa de sus derechos, en la movilización social, en la construcción de cultura y en la exigencia de paz. Ahora, el reto es trasladar esa fuerza a la institucionalidad, para que su voz tenga eco en las decisiones colectivas y su energía contribuya a cerrar la brecha entre la sociedad y el Estado.

En Comunes reiteramos nuestro compromiso de acompañar este proceso. Confiamos en que la juventud sabrá ocupar el lugar que le corresponde en la historia: el de ser semilla de transformación, puente de reconciliación y motor de una democracia que aún está en construcción.

El 19 de octubre no solo se eligen consejeros y consejeras de juventud: se elige también la posibilidad de darle un nuevo aire a la política, de caminar hacia un país donde la paz tenga garantías, y donde las nuevas generaciones puedan ejercer plenamente su derecho a participar, decidir y cambiar la realidad.

Violencia política: la deuda pendiente con la paz

Violencia Política

Por Julián Gallo Cubillos, senador de la República

En los últimos meses, la violencia política ha vuelto a ocupar los titulares. El debate electoral rumbo a las elecciones 2026 se cruza con hechos dolorosos que nos recuerdan un pasado que Colombia prometió superar. El reciente magnicidio de Miguel Uribe, el asesinato de líderes sociales y de firmantes de paz, así como la creciente polarización, son señales de alerta que deben llamarnos a la reflexión.

Al escuchar las declaraciones del exministro y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, sobre la supuesta “deteriorada seguridad en todos los barrios”, es claro que persiste una visión que reduce los problemas del país al lenguaje del miedo. Hablar de seguridad sin reconocer los compromisos del Acuerdo de Paz es, sencillamente, ignorar la ruta que la sociedad colombiana acordó para transformar las causas profundas de la violencia.

El Acuerdo de Paz de 2016 es explícito en sus puntos sobre garantías de seguridad y participación política. Allí se establece la necesidad de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, que proteja a quienes piensan distinto, que asegure la vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos y de todos aquellos que, por su militancia, han sido blanco de amenazas. Implementar este punto no es un favor, es un deber histórico con las víctimas y con la democracia.

Hoy la pregunta no es si necesitamos más batallones o más pie de fuerza en las calles. La pregunta es si estamos dispuestos a garantizar que nunca más se persiga, se silencie o se asesine a alguien por sus ideas políticas. La seguridad no puede ser sinónimo de represión; debe ser garantía de derechos.

Además, frente a la reciente condena al expresidente Álvaro Uribe, que ha generado fuertes reacciones en la opinión pública, debemos ser firmes en un mensaje: la justicia es parte esencial de la democracia. Nadie puede estar por encima de la ley, y menos en un país donde tantas víctimas aún esperan verdad, reparación y garantías de no repetición. No podemos permitir que este hecho sea instrumentalizado para avivar la polarización y la violencia política.

La violencia política no distingue colores ni ideologías. El asesinato de Miguel Uribe duele como duele el de cualquier joven líder en el Cauca, como duele el de cada firmante del Acuerdo que creyó en la palabra empeñada del Estado. Este país no puede seguir normalizando la muerte como precio por hacer política.

Por eso insisto: la única salida es la implementación integral del Acuerdo de Paz. Cumplir lo pactado es la manera más eficaz de garantizar seguridad en Colombia, de blindar las elecciones 2026 de cualquier sombra de violencia, y de reconciliar a una sociedad que no soporta más rupturas. La política debe ser el escenario de las ideas, no de las balas. El camino de la paz está trazado; lo que falta es la decisión colectiva de recorrerlo.

Entrega de Tierras en Puerto Salgar

La tierra como derecho y camino para la paz

Julián Gallo Cubillos es senador de la República por el Partido Comunes. Firmante del Acuerdo de Paz de 2016 y miembro de la Comisión Primera del Senado. Ha dedicado su trabajo legislativo y territorial a la implementación integral del Acuerdo, con énfasis en la reforma rural integral, los derechos humanos y la construcción de paz.

La entrega de tierras no es un acto aislado ni un gesto simbólico: es la materialización de un derecho históricamente negado a millones de campesinos y campesinas en Colombia. La reforma rural integral, contemplada en el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, tiene como objetivo saldar la deuda histórica del Estado con el campo colombiano, garantizar el acceso a la tierra para quienes la trabajan y
construir las condiciones para una paz estable y duradera.

En los últimos años hemos visto avances concretos. Más de 700 mujeres rurales han recibido la formalización de sus predios, fortaleciendo su autonomía económica y el tejido social de sus comunidades. Este es un paso fundamental, no solo para la justicia social, sino también para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en el país.

Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. Aunque se han dado pasos importantes en la entrega y formalización de predios, el panorama sigue marcado por la concentración de la tierra y por las amenazas que enfrentan los líderes sociales y las comunidades que la reclaman. Garantizar la seguridad física y jurídica de quienes defienden su derecho a la tierra es tan urgente como acelerar los procesos de adjudicación, pues sin protección a estas personas, la implementación plena de lo pactado corre el riesgo de verse truncada.


En este contexto, se ha hecho entrega de más de 600.000 hectáreas de tierra en todo el país, en municipios como Puerto Salgar, Cundinamarca, y se espera que este proceso siga en otros municipios del país, con lo que se busca beneficiar a decenas de familias campesinas. Este acto representa un paso más en el cumplimiento de lo pactado y en la construcción de confianza entre el Estado y las
comunidades. Como firmante del Acuerdo de Paz y senadorde la República, considero que estos avances deben ser sostenidos, ampliados y protegidos de las coyunturas políticas.

La tierra es mucho más que un recurso productivo: es el lugar donde se tejen las historias, donde se construye comunidad y se proyecta el futuro. Negar el acceso a la tierra es condenar a millones de colombianos a la pobreza y a la exclusión. Garantizarlo, en cambio, es abrir la puerta a un país más justo, inclusivo y próspero.

La experiencia internacional demuestra que las reformas rurales profundas son un pilar para prevenir nuevos ciclos de violencia y garantizar el desarrollo económico. En Colombia, el conflicto armado se alimentó durante décadas de la desigualdad en el acceso a la tierra y de la ausencia del Estado en las zonas rurales. Por eso, cada hectárea entregada no solo es un título formal, sino un ladrillo en la construcción de la paz.

Invito a todas las instituciones del Estado a trabajar de manera articulada para que la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz sea una realidad palpable en todos los rincones del país. Que los avances de hoy no sean flor de un día, sino la semilla de una transformación estructural.

La implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz es una manera de reafirmar nuestro compromiso con el campo, con las mujeres y hombres que lo habitan y con el sueño colectivo de una Colombia en paz. La paz no se construye en discursos, se construye con hechos, y la tierra es uno de los más poderosos.

​​Invito a las y los lectores a profundizar en este tema consultando el artículo publicado en mi página web sobre avances y retos de la reforma rural integral, disponible en: www.juliangallo.com.co

Omar Restrepo: voz campesina y dirigente social al frente de la reforma a la salud

Omar Restrepo y Julián Gallo: articulación desde el Congreso para la paz y las reformas sociales

El senador Julián Gallo Cubillos destacó la elección de su compañero de bancada Omar de Jesús Restrepo Correa como vicepresidente de la Comisión Séptima del Senado, resaltando que su liderazgo campesino y su compromiso con la paz serán claves para impulsar reformas sociales como la de salud, pensiones y protección social. Gallo subrayó que este nombramiento fortalece la articulación de Comunes en el Congreso y consolida la presencia de voces comprometidas con la justicia social en espacios decisivos para el país.

Omar Restrepo —también conocido como Olmedo Ruíz— nació en Puerto Berrío, Antioquia, en una familia campesina dedicada a la agricultura y el comercio. Tras su participación en los diálogos de paz de La Habana, lideró procesos de desminado humanitario en Antioquia y en 2018 fue elegido representante a la Cámara por Comunes. En 2022 asumió su curul en el Senado para el periodo 2022-2026.

Su trayectoria está marcada por un profundo vínculo con las comunidades rurales y un compromiso con la implementación integral del Acuerdo de Paz. Se define como “campesino” y es parte activa de la Bancada de la Paz, donde trabaja de la mano con el senador Julián Gallo para llevar las voces del campo y de los firmantes de paz a los debates legislativos.

Vicepresidencia de la Comisión Séptima: un espacio estratégico para la agenda social

La Comisión Séptima del Senado es responsable de debatir proyectos sobre salud, protección social, pensiones y régimen de control territorial. Restrepo llega a su vicepresidencia en un momento clave, cuando se espera el tercer debate de la nueva reforma a la salud, luego de que versiones anteriores fueran archivadas.

En esta labor, Restrepo y Gallo articulan esfuerzos para que las reformas respondan a las demandas históricas de las mayorías: un sistema de salud público y universal; pensiones justas; protección social inclusiva; y políticas efectivas para la paz territorial.

Una agenda conjunta por la transformación

Los senadores Gallo y Restrepo comparten una agenda legislativa centrada en:

  • Reforma a la salud: garantizar el acceso universal y la calidad del servicio, fortaleciendo la red pública.
  • Protección social y pensiones: impulsar un sistema justo, solidario e incluyente.
  • Paz territorial: consolidar la implementación del Acuerdo y promover programas de reintegración comunitaria.
  • Ambiente y transición energética: participación activa en escenarios como la COP-16 para avanzar hacia la descarbonización y las energías limpias.

La articulación entre ambos senadores refleja la convicción de Comunes de que la paz se construye desde los territorios, con reformas que transformen las condiciones de vida y garanticen derechos. Omar Restrepo, desde la vicepresidencia de la Comisión Séptima, y Julián Gallo, desde la Comisión Primera y su trabajo territorial, fortalecen una estrategia legislativa que une las demandas rurales con la defensa de la democracia y la justicia social.