La vida de los que construyen paz sigue en riesgo
Colombia sigue siendo un país profundamente riesgoso para quienes defienden los derechos humanos, promueven la cultura en sus comunidades o transitaron el camino de la reincorporación para apostarle a una vida en paz. En menos de dos semanas, tres firmantes del Acuerdo de Paz y un joven líder cultural han sido asesinados, mostrando con crudeza la persistencia de la violencia contra quienes decidieron apostarle a la paz.
Violencia persistente contra quienes le apuestan a la paz
El 14 de julio de 2025 fueron asesinados Ferney Elago Caviche y Florilba Ramos Morano, firmantes del Acuerdo de Paz, en su vivienda ubicada en la vereda Valle Nuevo, municipio de Silvia, Cauca. Ambos hacían parte del antiguo ETCR Los Monos en Caldono y adelantaban su proceso de reincorporación como administradores de un proyecto colectivo de cultivo de aguacate Hass perteneciente a la cooperativa Cooomep. La Defensoría del Pueblo había advertido desde 2023 un riesgo inminente en la zona debido a amenazas, homicidios y confinamientos forzados que se han intensificado por la presencia de grupos armados como el EMC, el ELN y bandas locales.
Días antes, el 30 de junio, fue hallado sin vida William Ferney Pazú, joven líder cultural de Jambaló (Cauca), apasionado por la música y el trabajo comunitario. Dinamizador del proceso musical Kwess fxiw – Nuestras semillas e integrante del grupo Los Tiraflechas, su asesinato en zona de fuerte presencia armada representa un golpe profundo a la construcción de paz desde los territorios.
El 9 de julio fue encontrado el cuerpo sin vida de Giovanni Ordóñez Triana, firmante del Acuerdo de Paz, tras ser reportado como desaparecido en Fusagasugá. Estaba en proceso de reincorporación en Icononzo, Tolima. La zona de su hallazgo también había sido señalada por la Defensoría como territorio bajo amenaza.
Un llamado urgente al Estado y la sociedad
Estas tragedias no son hechos aislados. Son la muestra del incumplimiento del Estado con lo pactado en el punto 3 del Acuerdo de Paz, relativo a las garantías de seguridad, y es también el reflejo de una sociedad que no ha logrado superar la indiferencia. Cada atentado contra un firmante de paz es un crimen contra la paz de nuestro país.
A casi nueve años de la firma del Acuerdo, estos asesinatos nos recuerdan que la paz es un proceso que exige compromiso con la verdad, memoria histórica y garantías reales para la vida de quienes la construyen día a día en condiciones adversas. La impunidad también mata.
¿Cuántos líderes más deben caer para que el Estado actúe?
No se puede hablar de reconciliación ni de democracia mientras se siga asesinando a quienes lideran procesos de transformación en Colombia. Desde el Congreso, voces como la del senador Julián Gallo Cubillos han sido insistentes en denunciar estos crímenes y exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Tal como se expone en el artículo “El compromiso del senador Julián Gallo con la implementación del Acuerdo de Paz”, la defensa de la vida de los firmantes no es solo un deber moral, sino una condición básica para que Colombia avance hacia una reconciliación real y duradera.
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