
Garantías para líderes sociales: un compromiso pendiente
Julián Gallo Cubillos
Liderar en Colombia: una labor de alto riesgo
Ser líder o lideresa social en Colombia implica, muchas veces, enfrentar amenazas, estigmatización y, en el peor de los casos, perder la vida. Quienes defienden los derechos humanos, exigen justicia social o luchan por la tierra y el territorio, lo hacen con valentía, pero sin garantías.
A pesar del Acuerdo de Paz y del compromiso del Estado, las cifras de violencia contra líderes sociales siguen siendo alarmantes. Cada amenaza o asesinato no solo vulnera un derecho fundamental, sino que debilita la democracia y obstaculiza la reconciliación nacional.
El Acuerdo de Paz lo dejó claro: proteger a quienes protegen
El Punto 3.4 del Acuerdo de Paz establece compromisos claros sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Y el Punto 2, sobre participación política, reconoce que sin condiciones de seguridad, la participación es imposible.
Esto incluye:
- Medidas de protección colectiva e individual.
- Investigación y sanción efectiva contra los responsables.
- Reconocimiento público a la labor social y comunitaria.
- Presencia institucional integral en los territorios.
Sin embargo, muchos de estos compromisos siguen sin cumplirse. La implementación integral del Acuerdo de Paz no puede seguir postergándose, especialmente en lo que respecta a la vida y el ejercicio libre de la ciudadanía.
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Desde el Congreso: exigencia, control político y propuestas
Desde mi labor como senador y firmante del Acuerdo de Paz, he insistido de forma permanente en:
- El fortalecimiento del sistema de protección para líderes sociales, incluyendo enfoques diferenciales por género, territorio y tipo de liderazgo.
- La evaluación crítica de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y su reforma urgente.
- La necesidad de establecer alertas tempranas con capacidad de respuesta inmediata.
- La creación de una Política Pública de Protección Integral y Participativa.
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No se puede hacer política con miedo
Cuando un líder social es asesinado, no solo se apaga una voz: se rompe el tejido comunitario y se paraliza el ejercicio de la participación democrática. En muchas regiones del país, la política se sigue haciendo bajo amenaza, y esto es inaceptable en un Estado de derecho.
Garantizar la vida de quienes ejercen liderazgos sociales no es solo una obligación legal; es una condición ética y política para que la paz sea posible.
Que ser líder no cueste la vida
Colombia necesita una democracia donde nadie tenga que morir por pensar distinto, por organizar a su comunidad o por defender un derecho. La paz no puede construirse sobre el miedo.
Desde el Congreso, seguiremos alzando la voz, haciendo control político y proponiendo medidas concretas. Porque garantizar la vida de quienes lideran es garantizar la vida de la democracia misma.
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