La tierra para quien la trabaja: avances de la Reforma Rural Integral en Colombia

Cumpliendo el Acuerdo de Paz con hechos

La Reforma Rural Integral, contemplada en el Punto 1 del Acuerdo de Paz, es una deuda histórica con el campesinado colombiano. Durante décadas, la concentración de la tierra y la falta de acceso a la propiedad rural han sido causas estructurales del conflicto armado y de la desigualdad social en Colombia.

Hoy, junto al gobierno del presidente Gustavo Petro y con el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se están dando pasos concretos para saldar esa deuda y avanzar hacia una Colombia más equitativa.

Resultados que transforman el campo

Según cifras oficiales de la ANT, entre agosto de 2022 y mayo de 2024, se han adjudicado más de 914.000 hectáreas de tierra, beneficiando a comunidades campesinas y étnicas. Además, se han formalizado más de 1.277.000 hectáreas, brindando seguridad jurídica a miles de familias.

La ANT ha pasado de tener 8 oficinas a 92 en todo el país y ha constituido 14 Zonas de Reserva Campesina, fundamentales para el desarrollo rural sostenible y la inclusión social para poblaciones vulnerables.

El Congreso también siembra reforma rural

Desde el Senado, la bancada del partido Comunes, ha impulsado una agenda legislativa coherente con el Punto 1 del Acuerdo de Paz y con las demandas de las comunidades rurales, construida mano a mano con los sectores agrarios a través de audiencias públicas y recorridos territoriales.

Entre los proyectos más relevantes:

  • Proyecto de ley de Reforma Rural Integral, orientado a garantizar acceso a tierra, créditos y asistencia técnica.
  • Proyecto de Plazas de Mercado, que fortalece la economía popular, el abastecimiento y los circuitos cortos de comercialización en todo el país.
  • Proyecto de Ley de Panela, aprobado esta semana en su segundo debate en la Cámara de Representantes, que pasa ahora a su trámite en la Comisión Quinta del Senado, con el respaldo de las comunidades paneleras.

Un compromiso con la paz, la tierra y la justicia social

El senador Julián Gallo Cubillos, firmante del Acuerdo de Paz, ha sido uno de los impulsores de la entrega de tierras a comunidades campesinas y pueblos indígenas. Su trabajo articulado con la Agencia Nacional de Tierras y las instituciones del Estado ha permitido consolidar avances concretos en la implementación del Punto 1 del Acuerdo de Paz, que reconoce el acceso a la tierra como un derecho y no como un privilegio.

Además, el senador ha sido impulsor de la jurisdicción agraria, que aún requiere la aprobación de su ley ordinaria, necesaria para que comience a operar como una herramienta efectiva en la resolución de conflictos de tierras con enfoque territorial y campesino.

Magdalena Medio: de la exclusión al reconocimiento

Uno de los territorios donde más comienza a sentirse el impacto de esta transformación es el Magdalena Medio, particularmente en el municipio de Puerto Salgar. Allí, la entrega de tierras ha devuelto la esperanza a comunidades campesinas que durante décadas fueron desplazadas por la violencia y el despojo.

Luisa Montaño, lideresa que representa a 48 asociaciones campesinas en la región, expresó: “Éramos el municipio más abandonado. Nos sacaron del territorio los terratenientes para apoderárselo, nos desalojaron, nos asesinaron líderes. Estamos cansados por los atropellos. Pero ahora no estamos solos, gracias a este gobierno”

Su testimonio refleja no solo la historia de resistencia del campesinado colombiano, sino también el sentido de reparación y justicia que empieza a abrirse paso con la implementación del Acuerdo de Paz. La voz de Luisa Montaño es la de miles que reclaman lo que siempre les ha pertenecido: el derecho a vivir y trabajar en su tierra.

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